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Julio A. López, editor jefe. — Los dos terremotos del pasado 24 de junio no solo sepultaron edificios y cobraron miles de vidas. También dejaron bajo los escombros el relato de un modelo político que durante casi tres décadas prometió construir un Estado fuerte, eficiente y protector.
Mientras miles de venezolanos permanecían atrapados entre las ruinas, fueron familiares, vecinos, voluntarios y, luego, rescatistas extranjeros quienes protagonizaron las primeras horas de la tragedia. Allí donde cada minuto marcaba la diferencia entre la vida y la muerte, la población actuó. El Estado, en cambio, quedó prácticamente ausente.
Un pequeño país centroamericano como El Salvador logró movilizar a rescatistas y equipos especializados hasta Venezuela, a más de 2.300 kilómetros de distancia. Su contingente aterrizó en la Base Aérea Libertador, en Maracay, y desde allí recorrió otros 125 kilómetros por carretera hasta La Guaira para incorporarse a las labores de búsqueda y rescate. Entretanto, desde Caracas hasta La Guaira hay apenas unos 30 kilómetros. El contraste resulta inevitable: un país ubicado a más de dos mil kilómetros consiguió enviar ayuda con rapidez a la zona del desastre, mientras que la respuesta de las autoridades venezolanas no alcanzó la velocidad ni la magnitud que la tragedia exigía. Extraordinaria velocidad de reacción de Nayib Bukele o extrema lentitud de Delcy Rodríguez o la orden de no hacer nada.
Las imágenes hablan por sí solas. Hombres y mujeres removiendo concreto con sus propias manos. Ciudadanos organizándose sin dirección oficial. Comunidades improvisando centros de ayuda mientras esperaban una respuesta que nunca llegó con la rapidez y la magnitud que exigía la peor catástrofe natural de la historia de Venezuela.
Paradójicamente, el mismo gobierno que durante años construyó su discurso en torno a la soberanía terminó recurriendo a la ayuda de la mayor potencia militar del planeta, la misma que en enero purgó a la máxima cabeza del régimen, y ahora se le convoca para enfrentar una emergencia que superó por completo su capacidad de respuesta. Ese hecho, por sí solo, constituye una confesión implícita de que el aparato estatal resulta insuficiente frente a una crisis de esta magnitud.
Pero las contradicciones fueron aún más profundas. Un gobierno que, en medio de la mayor tragedia humana de la historia reciente de Venezuela, mendiga apenas 200 millones de dólares en ayuda internacional, mientras es incapaz de reclamar los miles de millones de dólares pertenecientes a la República que permanecen inmovilizados en una cuenta del tesoro del Gobierno de Estados Unidos, evidencia una alarmante incapacidad para defender los intereses nacionales.
Resulta incomprensible que se obstaculizara el ingreso de equipos de rescate de Colombia y España y que, según múltiples denuncias, también se restringiera el acceso de la policía de La Guira a bomberos y rescatistas a determinadas áreas de la zona del desastre mientras todavía había personas atrapadas bajo los escombros. Alguien dio esa orden criminal. Cuando cada minuto representa una oportunidad para salvar una vida, cualquier decisión que retrase o limite las labores de búsqueda deja de ser una simple diferencia administrativa y se convierte en una cuestión profundamente humana.
Los terremotos no destruyeron únicamente carreteras, hospitales ni edificios. También derrumbaron la narrativa de un Estado omnipresente. Durante veintisiete años se concentró el poder, se eliminaron los contrapesos institucionales y se prometió que el país estaba preparado para enfrentar cualquier desafío. Bastaron unos minutos de movimiento telúrico para demostrar que muchas de esas promesas carecían de sustento.
Un Estado demuestra su verdadera fortaleza cuando protege a su población en el peor momento. No cuando multiplica discursos, transmisiones televisivas o publicaciones en redes sociales. La legitimidad de un gobierno también se mide por su capacidad para salvar vidas cuando la tragedia golpea.
El 24 de junio fue el momento en que quedó al descubierto el agotamiento definitivo de un modelo político incapaz de responder a la emergencia más grave que ha enfrentado Venezuela.
Los escombros algún día desaparecerán. Las ciudades podrán reconstruirse. Pero recuperar la confianza perdida en un Estado que, a juicio de la mayoría de los venezolanos, no estuvo a la altura de su mayor responsabilidad será una tarea casi imposible.
Porque, al final, los terremotos en Venezuela no solo enterraron a miles de seres humanos. También sepultaron la credibilidad de un modelo de poder que, cuando la nación más lo necesitó, demostró no estar preparado ni capacitado para proteger la vida de sus propios ciudadanos. ¿Y las Fuerzas Armadas venezolanas dónde estaban mientras todo esto ocurría? Esto será motivo de análisis en el editorial de mañana.
