Julio A. López, editor en jefe.— Una cifra comienza a circular con fuerza en los mercados financieros internacionales y amenaza con convertirse en el tema económico más importante para el futuro de Venezuela: 240 mil millones de dólares. Ese es el monto de la deuda que, según reveló recientemente el Financial Times, estaría siendo considerado por asesores financieros y acreedores como la verdadera dimensión de los compromisos acumulados por el Estado venezolano.
De confirmarse, no estaríamos hablando únicamente de la mayor reestructuración soberana de la historia moderna, superior incluso a la de Grecia durante la crisis europea. Estaríamos ante uno de los mayores desastres financieros jamás registrados en América Latina.
Sin embargo, antes de aceptar esa cifra como una verdad absoluta, Venezuela tiene la obligación moral, política y jurídica de formular una pregunta elemental: ¿Esa deuda es real, legítima y verificable?
La diferencia entre una deuda legítima y una deuda fraudulenta puede superar decenas de miles de millones de dólares. La diferencia entre una auditoría seria y una negociación apresurada puede determinar si las próximas generaciones de venezolanos tendrán recursos para reconstruir el país o si terminarán pagando compromisos adquiridos de manera irregular por gobiernos, funcionarios, intermediarios y grupos de interés.
La información publicada por el Financial Times señala que, dentro de esos 240 mil millones de dólares, no solo se incluyen bonos soberanos y obligaciones de PDVSA, sino también reclamos judiciales internacionales, deudas comerciales, compromisos con proveedores, litigios derivados de expropiaciones, obligaciones con empresas petroleras, acreencias con China, Rusia y organismos multilaterales, además de intereses acumulados durante años de incumplimiento.
Precisamente allí surge el problema.
Una parte importante de esas obligaciones puede ser perfectamente legítima. Otra parte podría estar sujeta a controversias jurídicas. Y una tercera parte podría requerir auditorías profundas para determinar su origen, su legalidad y su validez económica.
Ningún país serio acepta una deuda de semejante magnitud sin antes examinar cada documento, cada contrato y cada obligación.
Lo sorprendente es que mientras Wall Street discute cifras, escenarios y porcentajes de recuperación para los acreedores, en Venezuela reina un silencio casi absoluto.
Pocos economistas hablan del tema. Pocos dirigentes políticos lo mencionan.
Pocos medios de comunicación lo investigan.
La discusión parece concentrarse exclusivamente en cómo reestructurar la deuda, cuando la pregunta previa debería ser cuánto de esa deuda realmente existe y cuánto debe reconocerse.
Resulta llamativo que una decisión que comprometería a varias generaciones de venezolanos esté siendo tratada con mayor intensidad en Nueva York que en Caracas.
Por otro lado, llama poderosamente la atención el ensordecedor silencio de numerosos políticos y economistas venezolanos, quienes no solo han evitado cuestionar el tamaño y el origen de la deuda pública, sino también el proceso de reestructuración que se pretende adelantar. Resulta difícil comprender esta ausencia de debate ante un asunto que comprometería el futuro de varias generaciones. Tal silencio podría interpretarse como complicidad, encubrimiento o, en el mejor de los casos, como una grave negligencia ante uno de los temas más trascendentales de la historia económica del país.
Hasta el momento, una de las escasas voces que han levantado alertas sobre el proceso es la de Miguel Rodríguez, exministro de Planificación y protagonista de la última gran renegociación de deuda realizada por Venezuela a finales de los años ochenta. Su advertencia es sencilla pero contundente: ninguna reestructuración de esta magnitud puede realizarse sin transparencia absoluta, sin auditorías independientes y sin una delimitación precisa del universo de obligaciones a negociar.
La experiencia internacional respalda esa preocupación.
Las grandes reestructuraciones soberanas suelen ir acompañadas de auditorías, del análisis de la sostenibilidad de la deuda y de la participación activa de organismos multilaterales. Incluso el propio Financial Times destaca que varios inversionistas observan con preocupación que el proceso actual se desarrolla fuera de los mecanismos tradicionales liderados por el Fondo Monetario Internacional, algo poco común en una operación de esta envergadura.
La pregunta, entonces, deja de ser financiera para convertirse en política.
¿Quién certificará la legitimidad de la deuda?
¿Quién determinará qué obligaciones deben reconocerse y cuáles deben impugnarse?
¿Quién defenderá los intereses de los venezolanos frente a acreedores, fondos de inversión, intermediarios financieros y grupos que podrían intentar aprovechar el caos acumulado durante años de opacidad administrativa?
Porque si los 240 mil millones de dólares son reales, los responsables de semejante endeudamiento deberán rendir cuentas ante la historia y, posiblemente, ante la justicia.
Pero si una parte significativa de esa cifra carece de sustento legal o económico y, aun así, termina siendo reconocida y transferida a las futuras generaciones, Venezuela podría estar frente a algo aún peor.
No sería simplemente una reestructuración de la deuda.
Sería la legitimación financiera del mayor saqueo económico de su historia.
Y entonces la pregunta que hoy parece incómoda se volverá inevitable:
¿Estamos ante una reestructuración necesaria o ante el robo del siglo?
