The Daily Journal.- El economista Asdrúbal Oliveros ha puesto sobre la mesa un baño de realidad que obliga a mirar más allá de la sacudida física y la lógica tragedia humana: el reciente sismo ha abierto una grieta profunda en la ya golpeada estructura financiera del país.
Según los datos preliminares del analista, las pérdidas materiales no son un asunto menor; se cotizan en una banda que va de los 7.500 a los 9.000 millones de dólares. Para entender la magnitud sin perderse en la danza de los millones, estamos hablando de comprometer, de un solo golpe, cerca del 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
El impacto directo se concentra en los nervios del aparato productivo y el día a día del ciudadano: vivienda, infraestructura, comercio, transporte y logística. Es decir, paralización y afectación de la golpeada cotidianidad venezolana.
Pero el verdadero nudo gordiano —ese que requiere certidumbre institucional y no voluntarismo político— está en lo que viene después. Oliveros advierte que levantar los escombros y reconstruir las zonas afectadas demandará entre 12.000 y 15.000 millones de dólares.
Aquí es donde el análisis se topa con la pared de la realidad fiscal: este monto supera con creces la capacidad financiera del Estado venezolano. Pretender centralizar la solución desde el monopolio estatal o bajo lógicas de control político es, simplemente, inviable en las condiciones actuales de asfixia económica.
La estabilización no va a llegar por decreto ni con paños calientes advierte el economista Summa Cum Laude de la Universidad Central de Venezuela.
La tesis que plantea apunta a que la recuperación de la infraestructura crítica y la reconstrucción nacional dependen obligatoriamente de «nacionalizar» la respuesta y abrir el juego.
Esto pasa por dejar de lado la confrontación para movilizar cooperación internacional, otorgar plenas garantías a la inversión privada y, de manera transversal, permitir una participación activa y coordinada de la sociedad civil. El reto es mayúsculo y el tiempo corre, pero la viabilidad del país depende de entender que la emergencia no admite más exclusiones.
