The Daily Journal.- El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) presentó una propuesta legislativa para apoyar la reconstrucción del país tras los terremotos que afectaron a varias regiones de Venezuela y planteó la creación de mecanismos financieros y de coordinación entre el sector público y privado para atender la emergencia.
En un comunicado, el gremio informó que entregó el anteproyecto de Ley para la Atención a Damnificados y Reconstrucción Nacional, denominado «Ley Fuerza Venezuela», el cual, según explicó, toma como referencia instrumentos aplicados por México tras los terremotos de 2017.
La propuesta contempla la creación de una cartera especial de créditos con condiciones preferenciales para empresas del sector comercial, con el propósito de facilitar la recuperación de la actividad económica y preservar el empleo.
El proyecto también plantea la aplicación temporal de medidas de alivio fiscal para los sectores afectados. Consecomercio señaló que la reconstrucción del país «será un proceso largo, arduo y laborioso», por lo que consideró necesario adoptar políticas extraordinarias para apoyar la recuperación del aparato productivo.
Como parte de las iniciativas, el gremio propuso la creación de un gabinete de alianza público-privada que coordine la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas vinculadas con la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación económica.
Asimismo, informó que se incorporó al Comité Intergremial para la Planificación, Coordinación y Ayuda Internacional y Nacional, instancia que, según indicó, promoverá la constitución de un fideicomiso destinado a canalizar recursos para atender las zonas afectadas por los sismos. De acuerdo con Consecomercio, el fondo contaría con auditoría externa para fortalecer los mecanismos de transparencia y control.
En materia de financiamiento, el gremio reiteró su solicitud de liberar activos venezolanos retenidos en el exterior, incluidos recursos en el Reino Unido y Portugal, así como los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Consecomercio estimó que esos activos ascienden a unos 10.000 millones de dólares y señaló que podrían financiar una parte importante de las necesidades de reconstrucción, cuyo costo ubicó entre 7.000 y 13.000 millones de dólares en infraestructura, sin incluir el impacto económico sobre la actividad productiva y el producto interno bruto (PIB).
El gremio propuso que esos recursos sean administrados mediante un fideicomiso con destino exclusivo a la reconstrucción de viviendas, hospitales, vialidad, servicios públicos y al apoyo de pequeñas y medianas empresas ubicadas en las zonas más afectadas por los terremotos.
