En última instancia, los terremotos no se limitaron a destruir edificios. Expusieron las consecuencias acumuladas de décadas de fracaso gubernamental.
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Roger Stone.- Los dos terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio de 2026 hicieron mucho más que reducir edificios a escombros. Expusieron las trágicas consecuencias de décadas de negligencia gubernamental, corrupción y mala gestión ideológica. La naturaleza provocó los temblores, pero fue el Estado venezolano quien transformó un desastre natural en una catástrofe nacional. Las desgarradoras imágenes que emergen de Caracas, La Guaira y las comunidades circundantes cuentan una historia que trasciende la actividad sísmica. Cuentan la historia de un gobierno que fracasó en preparar a su nación, en proteger a sus ciudadanos y luego en rescatarlos tras el desastre.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró rápidamente un estado de emergencia nacional, formó comisiones, cerró escuelas, desplegó personal militar y solicitó asistencia internacional. Estas acciones produjeron titulares impresionantes, pero no pudieron ocultar la sombría realidad que se desarrollaba en el terreno. Residentes de algunos de los vecindarios más duramente golpeados informaron haber esperado días antes de que llegaran equipos organizados de rescate del gobierno.
Familias excavaron a través de montañas de concreto destrozado con sus propias manos mientras voluntarios improvisaban operaciones de rescate con cualquier herramienta que pudieran encontrar. En numerosas comunidades, los venezolanos comunes se convirtieron en los primeros en responder porque el gobierno simplemente no estaba presente.
El contraste entre las declaraciones oficiales y la realidad no podría haber sido más sorprendente. Mientras funcionarios del gobierno hablaban de coordinación y recuperación, sobrevivientes confrontaron públicamente a Rodríguez durante visitas a vecindarios dañados, exigiendo equipo pesado, ambulancias, suministros médicos y personal de rescate. Esas súplicas desesperadas reflejaban años de frustración acumulada, no solo las consecuencias inmediatas de un terremoto. El desastre simplemente magnificó fallas que habían existido durante décadas.
Irónicamente, no fue el gobierno de Venezuela el que organizó la operación de rescate más grande y efectiva. Fue la comunidad internacional. Estados Unidos desplegó rápidamente equipos de respuesta ante desastres, unidades de búsqueda y rescate urbano, aeronaves, perros de búsqueda, ingenieros y personal médico, y comprometió más de 150 millones de dólares en asistencia de emergencia. Los equipos estadounidenses estuvieron entre los primeros respondedores internacionales que llegaron en las primeras 24 horas tras el desastre, trabajando continuamente para localizar sobrevivientes atrapados bajo edificios colapsados.
Colombia también movilizó personal de rescate y equipos médicos de emergencia casi de inmediato, lo que refleja la mejora de la relación entre Bogotá y Caracas tras recientes cambios políticos. México despachó equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, ingenieros, equipo pesado de rescate y unidades caninas, que llegaron aproximadamente cuarenta y ocho horas después del desastre. El Salvador y la República Dominicana también enviaron personal militar, especialistas en rescate, aeronaves y suministros humanitarios durante los dos primeros días posteriores a los terremotos.
Las naciones europeas también se unieron al esfuerzo. España, Francia, Alemania, Suiza, Italia y otros miembros de la Unión Europea activaron equipos especializados de rescate a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, mientras desplegaban bomberos, profesionales de la salud de emergencia, ingenieros estructurales y especialistas en imágenes satelitales. India contribuyó con un hospital de campaña completamente operativo junto con decenas de toneladas de suministros humanitarios.
Las Naciones Unidas coordinaron a cientos de respondedores internacionales, mientras que organizaciones como la Cruz Roja, Catholic Relief Services, Direct Relief, Samaritan’s Purse y World Central Kitchen proporcionaron asistencia médica, refugio, alimentos y agua potable limpia, todos ellos desesperadamente necesarios. El Vaticano también extendió su asistencia humanitaria mientras el papa León XIV rezó públicamente por las víctimas y elogió el valor de los rescatistas que arriesgaban sus vidas para salvar a personas desconocidas atrapadas bajo las ruinas.
El hecho de que gran parte del esfuerzo para salvar vidas se haya originado fuera de Venezuela plantea una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Cómo pudo una de las naciones más ricas en recursos de la Tierra volverse tan incapaz de ayudar a su propia gente? La respuesta radica en décadas de mala gestión socialista y en la decadencia institucional. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta.
En un momento, Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina. Sus ingresos petroleros deberían haber financiado autopistas, hospitales, puentes, redes eléctricas, sistemas de respuesta de emergencia e infraestructura resistente a terremotos de clase mundial. En cambio, vastas sumas de riqueza petrolera se perdieron debido a la corrupción.
Comenzando bajo Hugo Chávez y continuando bajo Nicolás Maduro, el gobierno venezolano centralizó cada vez más el control económico mientras nacionalizaba industrias, ahuyentaba la inversión privada y vaciaba las instituciones profesionales. Los ingresos petroleros que deberían haber sido invertidos en infraestructura fueron desviados, en cambio, hacia programas políticos insostenibles, subsidios y proyectos diseñados para consolidar el poder político. Ingenieros, arquitectos, médicos, científicos y profesionales calificados huyeron del país en una de las mayores fugas de cerebros de la historia moderna, dejando a Venezuela con menos expertos capaces de mantener la infraestructura crítica o responder a emergencias.
Las consecuencias se hicieron horriblemente evidentes después de los terremotos. Muchos edificios que colapsaron nunca habían sido reacondicionados para cumplir con los estándares modernos de ingeniería sísmica desarrollados después del devastador terremoto de Caracas de 1967. Numerosas torres residenciales y complejos de apartamentos, construidos durante sucesivos auges petroleros, fueron edificados con concreto inadecuado, refuerzo de acero insuficiente, conexiones estructurales débiles y un control de calidad deficiente. Ingenieros han señalado una construcción deficiente de vigas y columnas, detalles sísmicos inadecuados y medidas de reducción de costos que priorizaron los plazos políticos por encima de la seguridad pública.
Algunos informes incluso describen edificios residenciales que contienen materiales sorprendentemente por debajo de los estándares que nunca deberían haber sido utilizados en regiones propensas a terremotos. Estas deficiencias no fueron accidentes. Reflejaron un sistema político en el que los contratos frecuentemente recompensaban la lealtad en lugar de la competencia, mientras la supervisión independiente desaparecía con frecuencia.
El fracaso del gobierno en modernizar la infraestructura se vuelve aún más difícil de justificar cuando se considera la extraordinaria riqueza natural de Venezuela. Países con muchos menos recursos, incluidos Chile y Japón, han invertido fuertemente en construcción resistente a terremotos, aplicación estricta de códigos de construcción, preparación para emergencias y modernización continua de la infraestructura.
Venezuela eligió un camino diferente. En lugar de invertir miles de millones en infraestructura resiliente, los sucesivos gobiernos permitieron que puentes, autopistas, hospitales, redes eléctricas, sistemas de agua y viviendas públicas se deterioraran. La corrupción desvió fondos destinados al mantenimiento. La inflación destruyó el poder adquisitivo. Las sanciones internacionales agravaron problemas existentes, pero no los crearon. Para cuando los terremotos golpearon, gran parte de la infraestructura de Venezuela ya había sido debilitada durante años de negligencia.
Incluso la respuesta de emergencia presentó las mismas fallas. Los hospitales carecían de equipo suficiente. Las ambulancias eran escasas. La maquinaria pesada de rescate no estaba disponible en muchas ubicaciones. La escasez de combustible complicó el transporte. Las fallas eléctricas interrumpieron las comunicaciones precisamente cuando la coordinación era más necesaria. Cada debilidad multiplicó los efectos destructivos de los terremotos.
El valor mostrado por los venezolanos comunes merece admiración mundial. Vecinos rescataron a vecinos. Voluntarios distribuyeron alimentos y agua. Las iglesias abrieron sus puertas. Los trabajadores médicos continuaron atendiendo a pacientes a pesar de que las instalaciones colapsaban y los suministros eran escasos. Los equipos internacionales de rescate demostraron un extraordinario profesionalismo y compasión. Los héroes de esta tragedia no fueron políticos celebrando conferencias de prensa. Fueron ciudadanos comunes y rescatistas que trabajaron hasta el agotamiento para salvar vidas.
En última instancia, los terremotos no se limitaron a destruir edificios. Expusieron las consecuencias acumuladas de décadas de fracaso gubernamental. La riqueza petrolera, por sí sola, no puede garantizar la prosperidad. Los recursos naturales no pueden sustituir instituciones honestas, liderazgo competente, ingeniería sólida y respeto por el Estado de derecho. Cuando los gobiernos descuidan esas responsabilidades fundamentales, la factura finalmente vence. Para demasiadas familias venezolanas, esa factura llegó bajo montañas de concreto y acero.
