CARACAS — La Federación Venezolana de Maestros (FVM) emitió un pronunciamiento oficial el domingo en respuesta a las recientes directrices dictadas por el Ejecutivo para el cierre del año escolar 2025-2026 tras los sismos del pasado 24 de junio. El gremio docente exigió plenas garantías de seguridad e infraestructura antes de obligar a cualquier retorno a las aulas.
Aunque el Ministerio de Educación decretó la suspensión definitiva de las clases en las zonas de desastre y una reorganización en el resto de las regiones, la federación advirtió que la respuesta del Estado «no puede limitarse a un reajuste técnico y administrativo del calendario escolar» y apuntó que la gravedad de la crisis actual se trata de «un problema de seguridad nacional y de preservación de la vida».
Exigencia de certificaciones estructurales obligatorias
La principal demanda del magisterio se concentra en la revisión exhaustiva de las escuelas y liceos del país. La FVM exigió que «no se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones educativas».
De acuerdo con el texto institucional, obligar a profesores y estudiantes a volver a las aulas en instalaciones que carezcan de una certificación formal de habitabilidad —la cual debe ser emitida por ingenieros y organismos de protección civil competentes— constituye «una irresponsabilidad que pone en riesgo inminente a los niños, niñas, adolescentes y al personal docente».
El gremio alertó que las decisiones centralizadas están ignorando la realidad de los daños estructurales ocultos y la severa afectación psicoemocional de las comunidades académicas.
la FVM recordó que la obligación de proveer ambientes seguros está consagrada explícitamente en el ordenamiento constitucional venezolano. En este sentido, la organización sindical lanzó una advertencia: «De ocurrir alguna contingencia en los centros educativos en pleno funcionamiento, la responsabilidad legal, civil y penal recaerá directamente sobre el Ministro de Educación y las autoridades que forzaron el retorno a las aulas sin las debidas garantías».
