Por: Héctor Sánchez. Sociólogo
En términos generales el debate sobre los salarios en Venezuela penosamente se limita a un tema contable: 1) en cuánto sería o debe ser el monto a ajustar y 2) de dónde sacar el dinero para ajustarlos.
Pero reducir el salario a un simple costo laboral para el empleador implica ignorar su esencia más profunda: el salario no es solo una remuneración sino un contrato que instituye una relación social, un vínculo de reconocimiento y pertenencia que ancla al individuo en el entramado de la sociedad, y en contraprestación, garantiza la estabilidad de esta.
En efecto, la relación salarial no se define únicamente por la existencia de un salario, sino por el conjunto de protecciones y derechos asociados: seguridad social, estabilidad, coberturas frente a la enfermedad, la vejez y el desempleo. El salario es, de tal suerte, la puerta de entrada al estatus que blinda al trabajador –es decir, a la gran mayoría de la población- contra la intemperie de la existencia.
En otras palabras, tener un empleo estable con un salario digno significa contar con un lugar en el mundo, una identidad social reconocida y la posibilidad de proyectar un futuro. Es lo que los expertos llaman la “propiedad social”: conjunto de garantías que funcionan como equivalente de la propiedad privada para quienes no poseen capital ni riquezas.
¿Qué ocurre cuando el debate público se obsesiona con el monto del salario mínimo y desatiende la erosión de esas protecciones? Que se termina naturalizando la situación en la cual millones de personas no solo tienen un salario precario -que en el caso venezolano es, de hecho, el más bajo del mundo conviviendo con la inflación más alta y la devaluación más acelerada ídem– pero además carecen de acceso a la seguridad social, de estabilidad laboral, de derechos colectivos y de negociación.
Vía por la cual se convierte al trabajador en un “asalariado precario”, que recibe un pago que no le alcanza para nada a la vez que pierde la relación social que daba sentido a ese pago.
En Venezuela, esta perspectiva permite iluminar fenómenos que el enfoque contable oculta. La hiperinflación y posterior dolarización informal fragmentaron el mercado laboral y la sociedad en sí coexistiendo trabajadores del sector público con salarios ínfimos y pero con complementos bonificados que ayudan al día a día, aunque tampoco alcanzan, por una parte, con trabajadores de sector privado informalizado donde en algunos casos se paga en divisas, pero sin contratos, sin vacaciones, sin seguridad social y bajo la total discrecionalidad del empleador.
Entre ambos mundos lo que se resquebraja es la dimensión relacional del salario: el trabajador deja de ser un “cotizante” con derechos históricamente conquistados para convertirse en un mero “empleado circunstancial” intercambiable y desechable, obligado a “emprender” para sobrevivir, lo que como señala Boaventura de Sousa no es más que la forma glamurosa de llamar hoy día al trabajo precario e informal.
En resumen, la fuerza del salario como integrador social reside en su capacidad de generar “propiedades sociales” que hagan al trabajador menos vulnerable a los vaivenes de la vida, propiedades sin las cuales se vacía de su potencia civilizatoria. Por eso, repensar el salario en Venezuela hoy exige superar la lógica del “cuánto” y el “de dónde”, para incorporar la pregunta por el estatus: ¿qué tipo de trabajador estamos construyendo? ¿Uno con derechos y pertenencia, o uno desposeído incluso de la seguridad social que ya roza la ruina? La discusión sobre el salario mínimo es necesaria, pero no será suficiente si no va acompañada de la reconstrucción de ese contrato social, de ese tejido colectivo y necesario, en su momento –antes de la hecatombe política y económica en que nos hemos visto envueltos al menos desde 2013- hizo del trabajo asalariado en este país un sinónimo de ciudadanía y una garantía para la vida.
