The Daily Journal.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado 23 de abril que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero de 2026, “llega a su fin”, al tiempo que aseguró que los casos no contemplados en ese instrumento podrán ser atendidos mediante otros mecanismos institucionales.
El pronunciamiento se produjo desde el Palacio de Miraflores durante la instalación de la Comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal. “Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados (…) hay otros espacios donde se pueden canalizar”, afirmó la mandataria.
Rodríguez explicó que los casos excluidos de la norma serán revisados a través del Programa de Convivencia Democrática y Paz, así como por la nueva Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.
La Ley de Amnistía, aprobada el 19 de febrero por la Asamblea Nacional, contemplaba la liberación de personas detenidas por hechos vinculados a conflictos políticos, aunque organizaciones han señalado que un número significativo de casos quedó fuera de su alcance.
Cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos
Tras el anuncio, organizaciones no gubernamentales cuestionaron la decisión del Ejecutivo. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que una ley de amnistía “no posee límites temporales implícitos” y que su cierre por vía administrativa “representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas”.
En la misma línea, la ONG Provea sostuvo que la derogatoria de una ley no corresponde al Ejecutivo, por lo que calificó la medida como “arbitraria e inconstitucional”. La organización señaló además que la amnistía debía formar parte de un proceso más amplio de reinstitucionalización y recordó que aún permanecen cientos de personas detenidas por razones políticas.
Diputado Arreaza: «La Ley de Amnistía no pierde vigencia»
Por su parte, el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión parlamentaria de seguimiento de la ley, aseguró que el instrumento legal “no pierde vigencia” y que las solicitudes continuarán siendo recibidas.
A través de una publicación en redes sociales, Arreaza afirmó que la ley ya ha beneficiado “a prácticamente todo el universo de personas que podía amparar”, y explicó que la apertura de mecanismos alternativos busca atender los casos restantes por otras vías.
