The Daily Journal.-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido licencias modificadas que autorizan de forma excepcional a los abogados defensores de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro a recibir pagos provenientes del Gobierno de Venezuela para la financiación de su defensa legal, bajo condiciones específicas establecidas por las autoridades estadounidenses.
En una carta dirigida al juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, las partes informaron que la OFAC emitió autorizaciones que permiten a los abogados defensores recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo condiciones específicas. El documento señala que dichas licencias “autorizan a la defensa a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, entre ellas que los recursos provengan de fondos disponibles después del 5 de marzo de 2026 y que “no estén derivados de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, según lo definido en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026”.
Según la comunicación judicial, estas modificaciones regulatorias habrían tenido efectos directos sobre los recursos procesales presentados por la defensa. El texto indica que “las licencias modificadas han resuelto los problemas que subyacían a las mociones de desestimación” presentadas en el caso, identificado como S4 11 Cr. 205.
En consecuencia, los acusados decidieron retirar sus solicitudes, aunque el documento precisa que lo hacen “sin perjuicio de volver a presentarlas si surgieran problemas similares en el futuro”.
Las partes también solicitaron al tribunal la realización de una audiencia de estatus en un plazo aproximado de 60 días, además de la exclusión de ese período bajo la Ley de Juicio Rápido. El escrito sostiene que “los fines de la justicia que se cumplen con la exclusión del tiempo superan los intereses del público y de los acusados en un juicio rápido”, argumentando la necesidad de completar el proceso de descubrimiento de pruebas y preparación de la defensa.
Finalmente, el documento indica que los abogados de ambas partes “han informado al Gobierno que consienten las solicitudes anteriores”, dejando en manos del tribunal la programación de los próximos pasos procesales.
