The Daily Journal.- La organización no gubernamental Espacio Público presentó el miércoles el informe “Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela 2025” en la Universidad Católica Andrés Bello.
La organización advirtió que las detenciones de trabajadores de la prensa continúan en 2026 «como una herramienta de control y disciplinamiento social», pese a los intentos del poder estatal «de proyectar una narrativa de apertura y reconciliación».
Espacio Público reportó que reporta que entre enero y abril de este año se registraron al menos 29 detenciones arbitrarias, de las cuales «15 correspondieron a periodistas, 7 a particulares, 6 a camarógrafos y 1 a un reportero gráfico».
«La mayoría de detenciones fueron de corta duración, efectivamente, pero se dieron en el contexto de movilizaciones de calle, cobertura de manifestaciones», indicó Marysabel Rodríguez, integrante de la ONG, durante la presentación del informe anual.
De acuerdo al documento, durante 2025, año en el que se documentaron 123 casos y 238 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
Espacio Público señala que estas cifras representan una disminución del 60 % en los casos y del 62 % en las violaciones respecto a 2024, aunque aclara que esta reducción no responde a mejoras institucionales, sino al cambio en la intensidad del contexto represivo posterior al ciclo electoral del año anterior.
“El 2025 no representa una ruptura con los años anteriores, sino la profundización de un modelo que prioriza la hegemonía narrativa del Estado por encima del pluralismo democrático”, indica la ONG.
Intimidación y censura como principales agresiones
Entre los tipos de violaciones registradas en 2025 destacan la intimidación (33,19 % con 79 casos) y la censura (26,47 % con 63 casos). También se reportaron hostigamiento judicial y restricciones administrativas como mecanismos recurrentes de control.
El informe advierte que estas prácticas configuran una política de restricción del espacio público informativo, en la que se combinan acciones directas de censura con mecanismos legales e institucionales.
Cierre de emisoras y control del espectro radioeléctrico
La organización documentó además el cierre de al menos siete emisoras de radio en cinco estados del país, ejecutado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), lo que ha reducido el acceso a información local en diversas regiones.
Entre los casos reportados figuran cierres en los estados Portuguesa y La Guaira, con decomiso de equipos y pérdida de empleos en medios comunitarios y privados.
El informe además destaca que el 53,66 % de los casos se registraron en el entorno digital, evidenciando el desplazamiento del control estatal hacia redes sociales y plataformas en línea mediante bloqueos, vigilancia y restricciones de acceso.
