El gobierno de Venezuela confirmó su participación en las audiencias que iniciarán este 4 de mayo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Sin embargo, el anuncio vino acompañado de una severa advertencia: Caracas no reconoce la autoridad del tribunal para dirimir la controversia sobre la Guayana Esequiba.
The Daily Journal.─ A través de un comunicado oficial fechado el 2 de mayo de 2026, el Palacio de Miraflores informó que su asistencia a La Haya tiene como único objetivo «mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos» que le corresponden sobre el territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados.
«Venezuela ratifica que no reconoce la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni la decisión que pueda adoptar sobre este asunto», reza el documento oficial. El gobierno venezolano sostiene que su presencia no implica consentimiento ni reconocimiento de la jurisdicción del tribunal, basándose en el mandato popular del referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre de 2023.
El Acuerdo de Ginebra como única vía
Para Caracas, la solución no reside en los tribunales internacionales, sino en el Acuerdo de Ginebra de 1966. El comunicado enfatiza que este tratado es el único «marco normativo que debe ser cumplido de buena fe» para alcanzar un arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes.
Esta postura choca frontalmente con la estrategia de Georgetown. Según reportes previos, el fiscal general de Guyana, Mohabir Anil Nandlall, ya se encuentra preparado para liderar al equipo de abogados internacionales que defenderá la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, el cual Venezuela considera «nulo e írrito».
La disputa ha escalado en los últimos años debido al auge energético en la región. Con reservas estimadas en 11.000 millones de barriles y una producción que roza el millón de barriles diarios, el Esequibo se ha convertido en el epicentro de un tablero geopolítico donde convergen intereses de gigantes como ExxonMobil y Chevron.
La ficha del Esequibo en el tablero electoral de Trump
El reciente anuncio de Caracas trasciende lo estrictamente jurídico. Para diversos expertos, existen hilos conductores que vinculan el conflicto del Esequibo con el actual panorama electoral en los Estados Unidos.
El profesor Juan Barreto, en un análisis reciente, sostiene la hipótesis de que la disputa territorial funciona como una pieza estratégica para el presidente Donald Trump en el marco de las elecciones de medio término estadounidenses. Bajo esta óptica, el interés por los recursos energéticos del área en disputa se perfila como el catalizador de un acuerdo pragmático tutelado por Washington. El analista afirma que la administración Trump podría proyecta una resolución favorable a Venezuela con el fin de garantizar el suministro energético para su bloque político y económico.
“Trump, con la mirada puesta en las elecciones de medio término, podría estar jugando la ficha del Esequibo para aplacar las presiones de los poderosos lobbies petroleros que hoy se sienten amenazados por la política de revisión de contratos del gobierno de Guyana”, escribió Barreto.
Asimismo, el docente universitario señala que un eventual reconocimiento de los derechos venezolanos por parte de la administración Trump no respondería a un acto de justicia histórica, sino a una maniobra de realismo político: “No se trata de soberanía, se trata de control. Para la estrategia electoral de Trump, es mucho más rentable una Venezuela que, bajo nuevas reglas de juego, garantice el flujo de crudo hacia el norte, que una Guyana alineada con intereses que no responden directamente a su agenda de ‘America First’”.
