The Daily Journal.– El exministro de industrias de Venezuela, Alex Saab, compareció este lunes ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, luego de que se desclasificara una nueva acusación formal en su contra y fuera deportado desde Caracas el pasado sábado.
Las autoridades estadounidenses le imputan cargos de conspiración para el lavado de instrumentos monetarios, vinculados al presunto desvío de recursos de programas públicos de alimentación en Venezuela y a la comercialización ilegal de crudo perteneciente a la estatal PDVSA, una operación fraudulenta que se habría extendido de forma continua hasta al menos enero de 2026.
De acuerdo con los registros judiciales del caso, la fiscalía norteamericana sostiene que Saab conspiró para sobornar a funcionarios públicos venezolanos con el objetivo de asegurar contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La acusación detalla que el procesado utilizó empresas de maletín, facturas fraudulentas y registros de envío falsificados para declarar importaciones falsas desde Colombia y México, logrando extraer fondos que estaban destinados a la asistencia de la población vulnerable.
Las agencias federales de investigación emitieron duros pronunciamientos tras la primera audiencia del procesado. El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que el investigado “será procesado y asumirá la total responsabilidad bajo la ley de los EE. UU. por su presunto papel en este esquema”.
Asimismo, el fiscal general adjunto de la División de lo Penal, A. Tysen Duva, denunció que el imputado “presuntamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y ganancias procedentes de la venta ilegal de petróleo venezolano”.
Expansión del esquema comercial y uso de PDVSA
El expediente judicial revela que, a partir del año 2019, la conspiración financiera expandió sus operaciones comerciales para evadir el impacto de las sanciones económicas que restringían las exportaciones energéticas de la República. El documento de la fiscalía señala que, ante las severas dificultades financieras del país para cumplir con sus obligaciones de deuda externa —incluyendo los pagos pendientes a Saab por el programa CLAP—, los acusados explotaron sus nexos con el sector público para acceder de forma irregular a cargamentos de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y comercializarlos bajo falsos pretextos, movilizando posteriormente las ganancias a través del sistema bancario estadounidense.
Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, defendió la competencia territorial de los tribunales de Miami para procesar estos delitos de cuello blanco.
“Esta acusación formal alega que un programa humanitario de alimentos destinado a apoyar a venezolanos vulnerables fue, en cambio, manipulado para un enriquecimiento personal masivo”, argumentó el fiscal, añadiendo que “cuando las ganancias ilícitas se mueven a través del sistema financiero de los Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán”.
Operación de captura
La captura e imputación de Saab es el resultado de un despliegue de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), una coalición federal de inteligencia establecida bajo la Orden Ejecutiva 14159 para combatir organizaciones criminales transnacionales y estructuras financieras complejas. En las labores operativas participaron agentes de la División de Campo de la DEA en Miami, el FBI y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El administrador de la DEA, Terrance Cole, vinculó el procedimiento con el compromiso de su oficina para “desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela”, destacando que las labores de rastreo permitieron poner a Saab nuevamente a disposición de la justicia norteamericana.
El caso penal será coordinado por la fiscal federal adjunta Monique Botero y el subfeje Joseph Palazzo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso.
De ser hallado culpable por el tribunal del Distrito Sur de Miami, Alex Saab enfrenta una sentencia condenatoria con una pena máxima de hasta 20 años en una prisión federal estadounidense.
