The Daily Journal.– La sede de gobierno de Bolivia atraviesa horas de máxima tensión. Una masiva movilización convocada por diversos sectores sociales derivó el lunes en fuertes disturbios en el centro de La Paz, en una escalada de conflictividad que exige la renuncia del presidente de la República, Rodrigo Paz.
De acuerdo a reportes de agencias de noticias, la magnitud de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad ha sembrado el caos en las principales arterias viales, paralizando las actividades institucionales y comerciales de la urbe.
Ante el recrudecimiento de la violencia, las entidades financieras tomaron medidas drásticas para salvaguardar la integridad de su personal y de los usuarios. Según informó el diario boliviano La Razón, diversos bancos comerciales anunciaron la suspensión temporal de sus servicios y el cierre de sus agencias tanto en el centro de La Paz como en la vecina ciudad de El Alto, dos de los puntos con mayor concentración de focos de protesta y disturbios.
Las razones detrás del estallido social
La severa crisis política y social que cerca al Ejecutivo nacional responde a un complejo trasfondo de demandas económicas y tensiones políticas acumuladas. El descontento de la población civil se ha visto agravado por problemas en el abastecimiento de alimentos, el encarecimiento del costo de vida y lo que los sectores movilizados denuncian como una falta de respuestas estructurales por parte del aparato estatal.
A la crisis económica se suma un fuerte factor de presión política. Sectores sindicales, campesinos y corrientes afines al expresidente Evo Morales han unificado fuerzas en las calles, sumando músculo logístico y político a los bloqueos de carreteras que ya mantenían aislada a la capital. Aunque desde el oficialismo se apunta a una estrategia de desestabilización deliberada para forzar la caída del gobierno, los líderes de la marcha sostienen que la movilización es el reflejo del colapso social que vive el país.
Casi 130 detenidos tras la violencia del lunes
La intensidad de los choques callejeros ha dejado un elevado saldo de personas procesadas por las fuerzas del orden. De acuerdo con los datos policiales publicados por La Razón, tras las jornadas de violencia registradas el lunes se reportó un balance oficializado de un total de 28 personas aprehendidas, quienes enfrentan cargos penales de carácter formal debido a su presunta participación en destrozos a la propiedad pública y agresiones.
Asimismo, el reporte del cuerpo de seguridad civil detallado por el citado medio local confirmó que otras 99 personas fueron detenidas bajo la figura de arresto preventivo por quebrantar las normativas de orden público en los perímetros de exclusión institucional de La Paz. Las autoridades informaron que los equipos de inteligencia se mantienen desplegados para identificar a otros líderes de los disturbios mediante el análisis de cámaras de vigilancia ciudadana.
El Ejecutivo descarta el estado de excepción
A pesar del panorama de conmoción, el asedio directo a los edificios gubernamentales y el alto número de detenciones, las autoridades descartaron de forma categórica la declaración de un estado de excepción o estado de sitio en el territorio nacional, argumentando que la conflictividad principal se encuentra focalizada en la región de La Paz.
“No hay posibilidad de un estado de excepción, no lo vamos a hacer, porque además este problema está focalizado acá en La Paz», señalaron fuentes oficiales tras evaluar el estatus de la seguridad interna en declaraciones recogidas por el periódico paceño.
En su lugar, el gobierno de Rodrigo Paz anunció un reforzamiento técnico del contingente policial y la ejecución de medidas de orden público más severas para despejar las vías obstruidas y restaurar el libre tránsito en los puntos neurálgicos de la capital.
Con información de La Razón y agencias.
