The Daily Journal.– El Ministerio Público venezolano anunció la apertura de una investigación penal formal para esclarecer los hechos registrados el domingo 24 de mayo en el Internado Judicial de Barinas (Injuba).
La acción institucional se produce en paralelo a las alarmas encendidas por organizaciones no gubernamentales, que denuncian la aplicación de castigos severos y requisas arbitrarias contra la población reclusa por parte de las nuevas autoridades del penal.
A través de un comunicado oficial emitido en Caracas, el despacho fiscal confirmó el despliegue de comitivas técnicas en el internado llanero desde el inicio de los disturbios, orientadas a mediar con los internos.
«Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los acontecimientos, la Fiscal Superior del estado Barinas, junto a dos fiscales adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se presentaron en el mencionado recinto con el fin de contribuir a la resolución pacífica del conflicto», detalló el Ministerio Público.
Para determinar las responsabilidades del caso, la institución comisionó a la Fiscalía 49° Nacional con competencia plena en materia de Derechos Humanos, «para que adelante las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido y determinar sus causas».
El domingo, el Colectivo de Derechos Humanos Surgentes ofreció detalles sobre los detonantes que llevaron a la población penal a protagonizar la situación de protesta. De acuerdo con el monitoreo de la organización, el conflicto escaló debido a un cambio drástico y punitivo en el régimen interno de reclusión
«Los privados de libertad del Instituto Judicial de Barinas iniciaron una protesta para denunciar que desde la llegada del nuevo director están siendo sometidos a requisas violentas, aislamiento y severos castigos», alertó el colectivo humanitario.
De acuerdo a la denuncia de la organización de DD.HH.,más de 100 reclusos «han sido enviados a celdas de castigo».
Ante el riesgo de un desenlace fatal en las instalaciones del Injuba, la ONG instó a las fuerzas de seguridad del Estado y a los custodios del Ministerio penitenciario a ejercer una estricta moderación operativa en el perímetro.
«Surgentes aboga por el diálogo y exige a las autoridades penitenciarias tomar todas las medidas para preservar la vida y la integridad de los reclusos, haciendo un uso proporcional de la fuerza en caso de que sea necesario», enfatizaron.
Asimismo, exhortaron a los mediadores a «escuchar sus legítimos reclamos y cesar cualquier práctica que atente contra los derechos de las personas privadas de libertad como las que ha tomado el nuevo director».
