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Julio A. López, editor jefe. – Mi investigación para escribir los libros El Último Emperador del Crisantemo y Salven al Emperador, dedicados a la historia de Japón y al papel desempeñado por el emperador Hirohito durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, me condujo inevitablemente al estudio de una de las figuras más extraordinarias del siglo XX: el general Douglas MacArthur.
Pocas veces en la historia moderna un militar ha tenido sobre sus hombros la responsabilidad de reconstruir una nación derrotada. Tras la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945, MacArthur asumió el cargo de Comandante Supremo de las Potencias Aliadas y permaneció en esa posición durante 5 años, 7 meses y 9 días.
Durante ese período dirigió una transformación institucional sin precedentes que convirtió a un imperio militar derrotado en una democracia moderna. Entre sus decisiones más trascendentales estuvo la elaboración de una nueva constitución. En febrero de 1946 ordenó a un grupo de oficiales y expertos del SCAP (Supreme Commander for the Allied Powers) redactar un borrador completo de una nueva Carta Magna. Sorprendentemente, aquel documento fue preparado en apenas una semana por un equipo de poco más de veinte funcionarios estadounidenses.
La Constitución entró en vigor el 3 de mayo de 1947 y, casi ochenta años después, Japón continúa rigiéndose por ese mismo texto constitucional, una de las constituciones más duraderas y estables del mundo contemporáneo. Pocas naciones pueden exhibir un legado institucional de semejante permanencia.
Mientras Japón era reconstruido bajo la dirección de MacArthur, Alemania Occidental experimentaba un proceso similar bajo el liderazgo del general Lucius D. Clay. Aunque su autoridad no fue tan amplia como la ejercida por MacArthur en Japón, Clay se convirtió en la figura central de la reconstrucción alemana. Entre 1947 y 1949, como gobernador militar de la zona estadounidense, impulsó la despolitización de las estructuras públicas, promovió la exclusión de los elementos políticos más comprometidos con el régimen nazi, fortaleció las nuevas instituciones democráticas y respaldó la reforma monetaria que dio origen al Deutsche Mark, la moneda que se convertiría en uno de los símbolos de la recuperación económica alemana. También desempeñó un papel decisivo durante el Puente Aéreo de Berlín, sentando las bases del posterior milagro económico alemán y de la estabilidad institucional que caracterizaron a la República Federal de Alemania y a la Alemania unificada hasta nuestros días.
Estas experiencias históricas han vuelto a aparecer en las últimas semanas en el debate político de la derecha estadounidense. Durante los últimos días, especialmente y previamente a la visita a Caracas del general Dan Caine, Comandante del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), realizada el 3 de junio de 2026, diversos sectores políticos y analistas han reabierto la discusión sobre los modelos de reconstrucción nacional aplicados en Japón y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, y la necesidad de nombrar a un gobernador militar norteamericano impuesto a Venezuela por los Estados Unidos o el gendarme necesario para solucionar todos los problemas inmediatos del país con las reservas más grande de petróleo del mundo.
Dentro de ese debate, algunas corrientes ubicadas en la derecha más dura del espectro político estadounidense —y que cuentan con influencia en determinados círculos de la actual administración— han planteado públicamente la necesidad de una autoridad extraordinaria para garantizar el orden, reconstruir las instituciones y acelerar la recuperación económica venezolana. Sus defensores suelen citar los ejemplos del general Douglas MacArthur en Japón y del general Lucius D. Clay en Alemania como referencias históricas de procesos exitosos de estabilización y de reconstrucción institucional. Más allá de compartir o rechazar esas posiciones, resulta significativo que una parte del debate contemporáneo sobre Venezuela haya comenzado a recurrir a experiencias de la posguerra mundial para imaginar posibles salidas a una crisis que ya se prolonga desde hace varias décadas.
Venezuela ya conoció gobiernos de orden y de poder centralizado. El régimen de Marcos Pérez Jiménez dejó importantes obras de infraestructura y modernización, pero también generó una profunda controversia por las restricciones a las libertades políticas. Décadas después, su legado sigue planteando una pregunta vigente: ¿cómo alcanzar la estabilidad y el desarrollo sin sacrificar la democracia y la libertad?
En este contexto resulta inevitable recordar una de las tesis más conocidas de Laureano Vallenilla Lanz en Cesarismo Democrático. Su concepto del “gendarme necesario” partía de la idea de que sociedades profundamente fragmentadas podían llegar a demandar una autoridad fuerte capaz de garantizar la estabilidad cuando las instituciones existentes eran incapaces de hacerlo. Más de un siglo después, el término sigue provocando controversias precisamente porque plantea el conflicto permanente entre autoridad y libertad, entre orden y democracia.
De manera similar, el filósofo italiano Antonio Gramsci observó en sus Cuadernos de la Cárcel que cuando una sociedad entra en una crisis de hegemonía, las fuerzas que detentan el poder pierden la capacidad de gobernar y las que aspiran a sustituirlas tampoco logran construir un nuevo consenso nacional. En esos momentos, advertía Gramsci, se abre un vacío de poder que puede ser ocupado por soluciones extraordinarias, liderazgos cesaristas o incluso por actores externos capaces de imponer un nuevo equilibrio.
La historia demuestra que cuando las élites de una nación son incapaces de alcanzar acuerdos mínimos para preservar la estabilidad institucional, otros terminan tomando decisiones que deberían corresponder exclusivamente a los ciudadanos de ese país.
En el caso venezolano, la persistencia de la polarización, la debilidad institucional y la incapacidad para construir consensos estratégicos han llevado a algunos sectores a debatir escenarios que hace pocos años parecían impensables. Más allá de la viabilidad o conveniencia de tales propuestas, el simple hecho de que formen parte de la discusión pública constituye una señal inequívoca de la profundidad de la crisis política que atraviesa la República.
La verdadera reflexión para Venezuela no debería centrarse en la búsqueda de un nuevo MacArthur, un nuevo Clay o un nuevo “gendarme”. La pregunta fundamental es por qué una nación con una profunda tradición democrática ha llegado al punto de debatir conceptos asociados a circunstancias extremas.
La inmensa mayoría de los venezolanos continúa creyendo en la democracia, las elecciones y las instituciones republicanas. Sin embargo, décadas de confrontación política, errores acumulados y destrucción institucional han llevado el debate público a territorios que hace apenas algunos años habrían parecido impensables.
La historia de Japón y Alemania demuestra que las naciones pueden reconstruirse incluso después de las peores tragedias. Pero también demuestra que ninguna reconstrucción es sostenible sin instituciones legítimas, seguridad jurídica, estabilidad económica y un amplio consenso nacional. La verdadera tarea pendiente para Venezuela no es encontrar un gendarme. Es reconstruir una república capaz de no necesitar uno.
Este editorial no constituye una defensa del autoritarismo ni una invitación a sacrificar las libertades conquistadas con tanto esfuerzo. Es, por el contrario, una advertencia dirigida tanto a civiles como a militares. No existen fórmulas mágicas capaces de revertir en semanas o meses el daño acumulado durante décadas. La reconstrucción de una república exige tiempo, recursos, disciplina institucional y, sobre todo, capacidad para generar soluciones.
Washington debe comprender que el hambre de un niño no entiende de fases de transición. Y Caracas debe entender que la estabilidad no se proclama, sino que se construye garantizando electricidad, agua, transporte, empleo y seguridad. Para millones de venezolanos, la verdadera democracia comienza cuando se enciende el interruptor y la luz permanece encendida.
En amplios sectores del país crece la percepción de que la recuperación prometida sigue sin llegar a los hogares, los comercios y los centros de trabajo.
La paciencia social no es infinita y un gobierno no puede sostenerse indefinidamente sobre expectativas incumplidas.
Venezuela no necesita más ceremonias, más fotografías oficiales ni más declaraciones grandilocuentes. Necesita resultados. Necesita decisiones. Necesita que el poder vuelva a demostrar su utilidad práctica en la vida cotidiana de la gente.
Porque si la dirigencia nacional e internacional fracasa en producir soluciones visibles y rápidas, la historia volverá a presentar una alternativa que nadie dice desear, pero que las sociedades agotadas suelen terminar aceptando: la aparición de un poder fuerte que imponga orden allí donde la política fue incapaz de construirlo.
Y cuando los pueblos llegan a ese punto, los aplausos suelen preceder a las reflexiones, aunque el precio sea la reducción de las libertades y el sacrificio de los últimos vestigios del equilibrio constitucional.
Todavía estamos a tiempo de evitar ese desenlace. Pero el reloj de la historia ya corre a un ritmo acelerado, tan deprisa que los políticos no han percibido la crisis que tienen en sus manos.
