El presidente de la Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución asegura que el Estado nunca canceló más de 90 % de las unidades expropiadas. Propone pagar una compensación para que las empresas, cuando nuevamente estén en manos de sus dueñas y dueños originales, vuelvan a funcionar.
Vanessa Davies
La palabra indemnización está en la boca del empresario Vicente Brito, presidente de la Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución. La esgrime hoy para referirse a las empresas que fueron expropiadas por el gobierno venezolano, y no pagadas a sus dueñas y dueños.
Para recuperar “las empresas y propiedades que en manos públicas resultaron desmejoradas” se necesita “una inversión, y el costo debe ser asumido por el Estado porque fue el causante de ese deterioro”, explica Brito, expresidente de Fedecámaras.
Más de 90 % de las propiedades expropiadas no han sido canceladas, afirma. “Estimamos que el total de propiedades privadas afectadas ─y hablamos de empresas, inmuebles, fincas, hatos y haciendas invadidas y ocupadas─ es de 15.000 unidades”. La Red calcula que el daño patrimonial, por este concepto, llega a 100.000 millones de dólares.
“Solo por el reclamo de Agroisleña hablamos de 1.000 millones de dólares. Si tomamos en cuenta haciendas, fincas, empresas a escala global, llegamos a ese monto de 100.000 millones. Es un monto muy preocupante. La indemnización no va a ser por esa cantidad, porque no están comprando las empresas; pero el dinero con el que se indemnice permitirá que los empresarios pongan de nuevo sus centros de producción en funcionamiento”.
Agroisleña, expropiada en octubre de 2010 por decisión del presidente Hugo Chávez, se convirtió en Agropatria y en un símbolo para las luchas del sector privado venezolano por el derecho a la propiedad. En 2022, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió que Venezuela debía pagar a su dueño, el grupo español Agroinsumos Ibero-Americanos, más de 1.600 millones de dólares.
Deuda o préstamos de multilaterales
Este debate cobra vigencia por la decisión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de constituir una comisión especial para la evaluación y clasificación de activos públicos.
─ ¿Hay que devolver todas las empresas expropiadas?
─Todas las que no fueron canceladas tienen que ser devueltas. De otra forma esto se convierte en el robo del Estado a un propietario privado, y la Constitución establece expropiación con pago justo y sometido a un proceso de evaluación. Con la Ley de Tierras se cometieron abusos, pero lo más preocupante es que funcionarios públicos se aprovecharon de estas propiedades confiscadas. Tenemos un problema no solo de devolución, sino de determinar responsabilidades para que quienes hayan usufructuado este derecho a la propiedad privada asuman sus responsabilidades civiles y políticas.
─ ¿La producción en todas las empresas expropiadas se ha reducido?
─Está minimizada. Eso significa que la producción de acero, cuando las empresas estatales estaban en manos privadas, estaba en cinco millones de toneladas, además del aluminio. Cuando la Electricidad de Caracas estaba en manos privadas, la planta de Tacoa cubría la Gran Caracas, con unos 4.500 megavatios, y así la represa de Guri quedaba para el resto del país. Eso lo podemos observar en todas las empresas que fueron ocupadas. En algunos casos el gobierno pagó, como Cantv, pero en más de 90 % de los casos, sobre todo a los empresarios pequeños, se expolió sin ningún tipo de pago. Por eso, insisto: tienen que recibir alguna compensación, y sus propiedades deben ser devueltas. Y los funcionarios responsables deben asumir sus responsabilidades.
─Usted habla de devolver las no canceladas. ¿Y las que se cancelaron?
─El Estado tiene derecho de decidir cuáles vende y cuáles no, porque es una propiedad legítima del Estado si se cumplieron los requisitos que establece la Constitución de expropiar y pagar.
─ Pero por la cuenta que usted saca la mayoría no fue pagada.
─ Hay que ver los cementerios que han dejado. Sobre todo, preocupa la forma tan inconveniente, para poner una palabra elegante, en la que actuaron funcionarios públicos para aprovecharse de cosas que no les correspondían. Todos sabemos quiénes son, dónde están y cómo se beneficiaron.
─ ¿De dónde sale el dinero para pagar lo que no se compensó?
─ El gobierno puede emitir deuda. O recurrir a los organismos multilaterales para obtener financiamiento para cubrir ese deterioro. Para poderse desarrollar, el país no puede depender solamente de la producción de petróleo. La producción de petróleo genera ingresos que pueden ser usados para mejorar los servicios públicos, o para infraestructura, pero lo que requiere el país es producir y generar empleo. Si no, no avanzamos.
Voto de confianza a Pisella
─Usted habla de tierras, de empresas. ¿De inmuebles, también?
─En total son casi 15.000 propiedades, incluyendo apartamentos y casas. Hay gente que se tuvo que ir al exterior y personas del gobierno le ocuparon la vivienda. Lo que ha pasado en el país es incomprensible, y es el aprovechamiento de los responsables de garantizar el Estado de derecho de cometer estos atropellos.
─ ¿En cuánto tiempo debe ocurrir este proceso?
─ De la manera más inmediata, porque de esa forma recuperamos la producción nacional. Crecen los comercios, pero todo es importación.
─ ¿La Red quiere formar parte de la comisión especial que creó el gobierno?
─No. Nosotros consideramos que eso le corresponde al Estado. Ahora la preside, por cierto, un empresario: Luigi Pisella (expresidente de Conindustria). Nosotros creemos que merece al menos un voto de confianza para cumplir con su gestión.
─ ¿Hay empresas que usted dejaría en manos del Estado?
─ ¿Qué observamos? El déficit fiscal, la inflación que paga todo el pueblo venezolano, buena parte proviene de la emisión de dinero inorgánico del Banco Central, vía Pdvsa, para cubrir las pérdidas de esas empresas. ¿Vas a seguir teniendo empresas propiedad del Estado para seguir perdiendo, cuando el Estado ha demostrado ser ineficiente, y los responsables de esas empresas han despilfarrado los recursos?
