La indignación de un economista enciende las redes sociales
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Julio A. López. Editor jefe. — En un video que se hizo viral, Miguel Rodríguez, un economista venezolano que fue ministro hace más de 30 años, denunció un enfoque erróneo en las primeras aproximaciones a una posible reestructuración de la deuda pública, indignidad que comparten prácticamente todos los venezolanos.
Desde que el gobierno venezolano anunció el inicio del proceso de reestructuración de la deuda pública, una multitud de economistas, analistas financieros, bancos de inversión y asesores internacionales se apresuró a repetir una cifra que ya parece convertirse en dogma: Venezuela adeuda 160.000 millones de dólares. Sin embargo, pocos parecen interesados en responder la pregunta fundamental: ¿Cuánto de esa deuda es legítima y cuánto nació de mecanismos de corrupción, sobreprecios, endeudamiento irregular, fraudes cambiarios y operaciones diseñadas para saquear al país?
La deuda contaminada por corrupción no es negociable. Hacerlo sería convalidar operaciones que, en numerosos casos, han sido objeto de sentencias por lavado de dinero, sobornos, malversación de fondos públicos y otros delitos financieros dictadas por tribunales de distintos países. Una obligación financiera nacida de actos ilícitos no adquiere legitimidad simplemente porque haya cambiado de manos varias veces en el mercado secundario.
Por lo menos 86.000 millones de dólares corresponden a bonos emitidos por la República y por Pdvsa durante años en los que el país fue escenario de algunos de los mayores escándalos de corrupción de su historia, fraudes con dólares preferenciales e incluso complejas estructuras utilizadas para extraer recursos públicos; una parte significativa del endeudamiento venezolano permanece rodeada de interrogantes.
Los actuales tenedores de bonos argumentan que adquirieron dichos instrumentos de buena fe. Sin embargo, la buena fe no convierte automáticamente en legítimo aquello que pudo haber tenido un origen ilícito. Pretender cobrar íntegramente una deuda cuya génesis estuvo asociada, en numerosos casos, a esquemas de corrupción es tan absurdo como intentar vender una joya robada en una casa de empeño. El hecho de que la joya haya pasado por varias manos no borra el delito original. De la misma manera, ni el paso del tiempo ni las sucesivas transacciones en el mercado secundario convierten automáticamente en legítima una obligación financiera que pudo haber nacido contaminada por la corrupción.
Sin duda, a las firmas de abogados internacionales, a los bancos de inversión y a los asesores financieros de Wall Street no les interesa abrir ese debate. Cuestionar la legitimidad de la deuda reduciría el volumen del negocio.
El ruido más fuerte es el silencio de los políticos venezolanos que se presentan como oposición y que parecen incapaces de exigir una auditoría integral de la deuda. Tal vez por desconocimiento técnico. Tal vez por cálculo político. Tal vez porque no desean incomodar a potenciales financiadores.
Como KPMG parece estar de moda en esta nueva etapa de tutelaje, algunos podrían sentirse tranquilos ante su eventual participación en el proceso. Sin embargo, resulta inevitable recordar que fue la firma que auditó durante años a la Pdvsa de Rafael Ramírez, precisamente en el período en que la empresa pasó de ser una de las mayores productoras de petróleo del planeta a productora de miseria para todos los venezolanos y se convirtió en uno de los símbolos más visibles del colapso económico venezolano.
La deuda con China merece un capítulo aparte. Durante años, Venezuela recibió decenas de miles de millones de dólares en financiamiento respaldado por el petróleo bajo la promesa de modernizar la infraestructura nacional y construir proyectos estratégicos para el desarrollo. Entre ellos figuraba una ambiciosa Red Nacional de Ferrocarriles y lo único que se construyó fue la red criminal más grande de Venezuela: el Tren de Aragua.
Usemos los barcos de desembarco chinos que costaron 500 millones de dólares y que figuraron entre las últimas adquisiciones militares del gobierno de Hugo Chávez. Quizás debamos navegar hasta Manhattan para protestar frente a las oficinas donde algunos pretenden renegociar, como legítima, una deuda cuyo origen jamás ha sido esclarecido. La propuesta es absurda, por supuesto. Pero no más absurda que exigirle a un país devastado que reconozca, sin cuestionamientos, obligaciones financieras nacidas en medio de una de las mayores tramas de corrupción del mundo.
Antes de renegociar la deuda, Venezuela debe auditarla; es un tema de responsabilidad financiera, transparencia y sentido común. Es una obligación frente a los ciudadanos que durante décadas pagaron, con inflación, devaluación, pobreza y exilio, el costo de una gestión pública que nunca rindió cuentas.
