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Alejandro J. Sucre. – Hay una explicación errónea de por qué fracasó el programa económico del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP II). En ciertos sectores sociales de Venezuela se piensa que el programa económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) fracasó en los noventa debido a la gran resistencia. Incluso se argumenta que, si hubiera seguido ese programa económico, Venezuela estaría hoy muy bien. La verdad es que el presidente Carlos Andrés Pérez realizó un gran viraje en las políticas implementadas durante su primer gobierno. Y la motivación del presidente fue indiscutiblemente noble y positiva para sacar al país de los controles de cambio y de precios que ahogaron a Venezuela en la década de los ochenta. La verdadera falla del gobierno de CAP II no fue su visión, sino la mala ejecución de sus ministros de economía, quienes endeudaron a Venezuela con el FMI en los años noventa, bajo el paraguas de la mal llamada Agenda Venezuela.
Vale la pena reconstruir lo que ocurrió entonces, porque el pasado explica mejor que cualquier discurso por qué el gobierno de CAP II fracasó en su intento de apertura económica y por qué el camino que hoy se abre con Estados Unidos es fundamentalmente distinto y positivo.
Deuda, devaluación y un Estado voraz
La misma tecnocracia y los exministros de CAP II que hoy critican a Trump fueron quienes, en los noventa, endeudaron al país y devaluaron la moneda. Y no se quedó allí: aprovechó la devaluación como una fuente adicional de ingresos fiscales. Ese solo hecho de usar la devaluación de la moneda para inyectar ingresos fiscales disparó la liquidez monetaria, alimentó la inflación, generó la devaluación del Bolívar y llevó las tasas de interés a superar el 80%. Así que la intención de apertura del presidente CAP II fue saboteada por sus propios ministros, que usaron la devaluación como ingreso extraordinario para el fisco de forma permanente.
Pero la voracidad fiscal no se conformó con esos ingresos inorgánicos —deuda y devaluación—. De manera simultánea, esos ministros subieron los impuestos y las tarifas de los servicios públicos, lo que encareció el costo de producción en Venezuela. Mientras el aparato productivo nacional enfrentaba costos crecientes, los exministros redujeron los aranceles para aumentar las importaciones.
Privatizaciones con propósito fiscalista, no productivo
Las privatizaciones de esa época tampoco tuvieron como objetivo fortalecer el peso del sector privado nacional en el PIB. Su propósito fue fiscalista. Por eso se asignaron campos petroleros en grandes bloques, a cambio de ingresos fiscales que solo las grandes transnacionales podían pagar, relegando al empresariado venezolano al papel de contratista de segunda línea, sin acceso directo a los activos del país.
Es importante decirlo con claridad: la resistencia que surgió en Venezuela frente a las medidas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez no fue una resistencia a la apertura económica en sí misma. Fue una resistencia a la mala praxis que impidió que sus ministros ejecutaran dicha apertura. Confundir ambas cosas —el rechazo a una implementación fallida con el rechazo a la apertura como concepto— ha sido uno de los errores de lectura histórica más costosos para el país.
Lo que Trump propone hoy es distinto en la raíz
Las medidas económicas que impulsa hoy la administración Trump en relación con Venezuela buscan reactivar la producción minera y petrolera mediante inversión directa en activos productivos, con el fin de aumentar las exportaciones y estabilizar la macroeconomía. No estabilizar la moneda mediante una nueva deuda con el FMI, sino mediante la inversión privada y la producción real.
El proceso de apertura que promueve hoy la administración Trump sí permite a los medianos y pequeños empresarios venezolanos captar capital externo para participar directamente en la asignación de campos petroleros, democratizando el acceso a los activos del país. Esto es exactamente lo que la Agenda Venezuela nunca permitió: entonces solo las transnacionales de mayor tamaño podían competir por los grandes bloques, y el empresariado nacional quedó fuera del reparto.
Este camino para lograr el equilibrio fiscal es, sin duda, más lento que endeudarse. Pero es sostenible. Lo que hace Trump hoy, en esencia, es lo que los propios tecnócratas venezolanos debieron haber hecho en los años noventa y no lo hicieron. Quizás, si lo hubieran hecho entonces, el país se habría ahorrado la etapa oscura de las expropiaciones que vendría después y que fue, en buena medida, una reacción política al fracaso de aquel modelo implantado por los ministros de CAP II.
Paradójicamente, el liderazgo opositor de hoy se rodea de los mismos propulsores de las políticas del FMI que hicieron fracasar el loable intento de apertura de CAP II y que sabotean el acertado programa económico que el presidente Trump ejecuta junto con la administración venezolana.
