Luis Contreras.- La política venezolana nos ha acostumbrado a giros de guion inverosímiles, pero el escenario actual roza el absurdo de la física política: dos cuerpos que juraban no compartir el mismo espacio-tiempo institucional se han visto obligados a estrecharse la mano. El acercamiento y la hoja de ruta conjunta entre la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional de 2025/2026 no es un rapto de madurez democrática; es el frío cálculo de dos actores exhaustos que han entendido que, para seguir existiendo, necesitan reconocer al enemigo que pretendían borrar del mapa.
La sombra del tablero exterior
Este pacto no nace en el vacío de la deliberación interna. Está acunado por la urgencia humanitaria que dejaron los recientes sismos en el país, pero sobre todo por un ajedrez geopolítico donde las grandes potencias mueven sus fichas con calculado sigilo. Detrás de la diplomacia parlamentaria y los discursos de reconciliación, resulta imposible ignorar la silenciosa pero persistente ocupación por parte del Comando Sur de los Estados Unidos.
Bajo el ropaje de la asistencia técnica, la coordinación de ayuda humanitaria ante desastres y el control indirecto de activos en el extranjero, esta presencia militar y de inteligencia ha terminado por tutelar el terreno de juego. El Comando Sur y el Departamento de Estado han forzado al chavismo y a la oposición en el exilio a sentarse en una mesa donde el verdadero árbitro viste de uniforme extranjero. La soberanía, tantas veces invocada en las tribunas de Caracas, hoy se negocia bajo la mirada atenta del norte.
La urgente restitución de la soberanía nacional
Es precisamente bajo este escenario de tutela donde el concepto de soberanía debe ser rescatado de la retórica vacía y el cinismo político. La soberanía de una nación no reside en la capacidad de un gobierno de facto para aislarse del mundo tras un muro de bayonetas, ni tampoco en la delegación de las decisiones patrias a cancillerías u oficinas militares extranjeras en Washington. La soberanía nacional reside intransferiblemente en el pueblo. Restituirla no es un acto de aislamiento xenófobo ni de capitulación internacional; es devolverle al ciudadano venezolano el poder real y exclusivo de decidir su destino sin intermediaciones armadas, ya sean locales o extranjeras.
La verdadera restitución de la soberanía en este marco de negociación exige, en primer lugar, desmilitarizar la política y la ayuda. El rol del Comando Sur y de cualquier otra fuerza externa, sea civil o militar, debe limitarse estrictamente al auxilio humanitario técnico y logístico auditable, impidiendo así que la asistencia se convierta en un mecanismo de control geopolítico o en una sutil ocupación de las decisiones del Estado.
En segundo lugar, se requiere un acuerdo de diseño nacional, lo que implica que las reglas del juego electoral, la administración de los recursos para la reconstrucción y la reforma de los poderes públicos deben nacer de un consenso real entre las fuerzas vivas del país (políticas, gremiales y sociales), y no de un manual de transición redactado en oficinas de Washington o Bruselas.
Finalmente, se debe consolidar el voto como ejercicio soberano supremo, pues no existe soberanía sin autodeterminación. Cualquier acuerdo entre las asambleas será estéril si no tiene como único norte la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas auténticamente libres, competitivas y transparentes, donde el voto del venezolano vuelva a tener un valor vinculante y absoluto.
El canje de dogmas por oxígeno
Para la oposición agrupada en la AN de 2015, este paso representa el fin de la cómoda pureza jurídica del exilio. Al sentarse con Jorge Rodríguez, admiten que la legitimidad de papel no sirve para gobernar un territorio si no se tiene soberanía real sobre él. Para el oficialismo de la AN de 2025, el pacto es la dolorosa confesión de que el control absoluto del territorio nacional, a través de la fuerza y las instituciones secuestradas, no compra la legitimidad internacional necesaria para salvar una economía en ruinas. Ambas facciones han tenido que cometer el más imperdonable de sus pecados discursivos: admitir que el otro, a quien tildaban de fantasma o usurpador, tiene la llave de su propia salvación.
¿Transición real o cohabitación pasiva?
El peligro latente de este acuerdo es que se convierta en una tregua de reparto. Si la mesa técnica que inicia en agosto de 2026 se limita a canalizar fondos internacionales para la reconstrucción y a maquillar la crisis para el consumo externo bajo la mirada del Comando Sur, estaremos ante una nueva versión del gatopardismo venezolano: cambiar algo para que todo siga igual, prolongando la soberanía tutelada.
Una verdadera transición no se mide por la cordialidad de los apretones de manos en los pasillos parlamentarios, sino por la disposición real de abrir los canales electorales, liberar a los presos políticos y devolverle la soberanía a una ciudadanía que contempla el pacto con comprensible escepticismo. La tregua está firmada; ahora falta ver si de las cenizas de la confrontación nacerá una república soberana o simplemente un nuevo pacto de conveniencia bajo tutela internacional.
