Américo Briceño, politólogo y profesor universitario.─ Desde la teoría social ─y echando mano de la teoría foucaultiana─ un dispositivo (dispositif) no es un instrumento propiamente físico sino un entramado de intereses mezclados en relaciones. Es pues, un espacio múltiple que logra presentar discursos, instituciones, leyes, usos y recursos administrativos para enunciar proposiciones morales y anunciar promesas de futuro. El objetivo de dicho aparato es convertir la urgencia histórica de cambio en una posibilidad de certidumbre.
En el marco de esa definición, en lo social, un dispositivo viene a materializar en la vida cotidiana una regulación biopolítica con la capacidad de encaminar, ajustar, cerrar y certificar las acciones, gestiones, opiniones y discursos en los ciudadanos. Parafraseando a Agamben: “funciona como una malla que produce subjetividades específicas útiles para el mantenimiento de un orden social determinado”.
Por su parte, Deleuze explicaba que “los dispositivos políticos se componen de líneas de visibilidad (lo que se permite ver), líneas de enunciación (lo que se permite decir), líneas de fuerza (el poder en sí) y líneas de subjetivación (cómo se autodefinen los actores políticos)”.
Entonces, un dispositivo político puede derivar como un armazón estratégico y organizado de criterios, discursos, prácticas y representaciones concretas para intercambiar, ejecutar, legitimar y definitivamente dirimir o agenciar la disputar por el poder político.
Ahora, una vez resuelto el asunto de las definiciones me acercaré a definir cómo un dispositivo político funciona para crear una transición política. Lo primero que un dispositivo elabora es una red modulada de acuerdos dentro de las instituciones que conforman el poder público; segundo: lleva a cabo reformas –tímidas o no─ en la estructura normativa del Estado; tercero: logra componer un discurso que apela a la pacificación, al diálogo como mecanismo y a la negociación como evidencia de que se gestionará la incertidumbre hasta la instauración de un tiempo más amplio de certidumbres.
A saber, por nuestra condición, el tiempo de certidumbres es la reposición plena de las garantías políticas y civiles, con reglas electorales bien definidas –que podrían a llegar a ser transitorias o no─ y con canales bidireccional entre el grupo gobernante y los grupos de oposición.
Como caso de estudio, Venezuela dista de la literatura clásica sobre transiciones democráticas. En la teoría, los mecanismos de cambio de régimen por acuerdo, reforma o pacto operan de manera sistémica y no aislada. Sin embargo, a mi modo de ver, el país concurre a un comportamiento mixto que incluye elementos de una transición por transmutación, obligada por lo que se conoce como una transición por intervención externa, lo que exige analizarlo como una experiencia particular.
Fíjense, el resultado de la intervención militar extranjera del 3 de enero forzó al Tribunal Supremo de Justicia a realizar una interpretación del 233 y 234 Constitucional que ha prolongado en el cargo la figura de la “Presidencia encargada”, una instancia aplaudida por los Estados Unidos, quienes afirman estar complacidos con las acciones que dicha encargaduría ha logrado realizar para garantizar que los intereses de la potencia extranjera se vean cumplidos. Esos intereses están representados en una especie de mantra compuesto por tres palabras: Estabilización, recuperación y transición, el llamado Plan Rubio.
En varias intervenciones públicas, se ha afirmado que dicho plan ha cumplido con la fase de estabilización, que nos encontramos en la fase recuperación. En mi interpretación personal ─y es que ante este “plan” solo queda realizarle interpretaciones─ esta fase de recuperación ha dado con el levantamiento de un nuevo mecanismo para cumplir esa hoja de ruta que supone llevarnos a un cambio de régimen, si se acepta que la palabra transición implica eso, dicho mecanismo le he llamado Dispositivo Transicional AN:15-25.
Dicho aparato está compuesto por dos elementos contrapuestos: la persona de Dinorah Figuera, quien funge como presidenta de la Asamblea Nacional 2015 y el presidente de la Asamblea Nacional 2025, Jorge Rodríguez. Dicha instancia ha sido catalogada como parte de los esfuerzos de acompañamiento internacional en el marco del proceso de diálogo que lleva los Estados Unidos con Venezuela.
El Dispositivo Transicional AN:15-25 ha sido definido, en comunicados publicados el 18 de junio del presente año, como una: “Mesa técnica de carácter político y paritaria que permita definir una agenda de trabajo y una hoja de ruta que contenga hitos y cronogramas concretos que contribuyan a la construcción de un escenario democrático, plural e institucional, consolidando la paz, la recuperación del país y a la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad para las venezolanas y los venezolanos”.
El 14 de Julio ambos elementos afirmaron que: “Las prioridades serán la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento de los organismos electorales, la restitución plena de los partidos políticos, el establecimiento de garantía para todos los actores políticos y el pleno respeto a la libertad de expresión”. Con ello, podemos llegar a comprender que el dispositivo opera como un «amortiguador institucional» que gestiona la disputa por el poder político.
Es entonces, el Dispositivo Transicional AN:15-25 el mecanismo para institucionalizar la incertidumbre, que convierte el conflicto en la posibilidad reglamentada y pacífica de llevarnos a un proceso en el que no solo se respete al vencedor sino que se garanticen condiciones para la continuidad de la disputa política en términos democráticos.
Si la aspiración sobre este nuevo horizonte de posibilidad democrático se acuerda, hay ciertas garantías sustantivas que deberán determinar un pacto de gobernabilidad: El fortalecimiento de la sociedad civil y la convicción generalizada de que la instrumentalidad de la democracia es la única alternativa posible; lo que nos llevará a un proceso electoral libre, justo, competitivo y auditado; con un resultado aceptado por todas las partes
