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María Alejandra Díaz Marín.- Durante años, la crisis venezolana fue presentada ante el mundo como una simple confrontación ideológica entre izquierda y derecha. Pero esa interpretación superficial ocultó la verdadera dimensión de lo ocurrido: la destrucción progresiva de la República y la demolición sistemática de sus instituciones.
En medio de ese colapso, solo una estructura conserva su legitimidad histórica y jurídica: la Constitución. Todo lo demás fue degradado o subordinado a un modelo de poder basado en el control absoluto, la corrupción y la eliminación de los contrapesos democráticos.
Venezuela no solo sufrió una crisis económica. El país atravesó un proceso de destrucción institucional que afectó simultáneamente al Estado, a la soberanía, a la seguridad jurídica y al tejido social. Mientras el discurso oficial hablaba de antiimperialismo y justicia social, el país era vaciado desde adentro.
Sectores políticos, empresariales, militares y financieros terminaron integrándose a un sistema cuya prioridad dejó de ser la nación para convertirse en la preservación del poder y en el saqueo estructural. El resultado es visible: millones de venezolanos emigraron, las instituciones perdieron autonomía y el ciudadano quedó completamente indefenso frente al Estado.
Frente a esa realidad, la posición de Donald Trump respecto de Venezuela resultó profundamente equivocada.
Muchos venezolanos creyeron que Trump adoptaría una postura firme frente al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, su estrategia terminó atrapada entre discursos de confrontación y negociaciones indirectas que, lejos de debilitar al sistema, le otorgaron legitimidad y tiempo político.
Ese es el verdadero problema: cuando una potencia democrática negocia con estructuras internacionalmente señaladas por la corrupción, el narcotráfico y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el mensaje que transmite es devastador. Se normaliza la criminalización del poder político.
Venezuela no necesita acuerdos temporales para administrar el desastre. Tampoco necesita maniobras diplomáticas destinadas únicamente a garantizar la estabilidad energética o a reducir las presiones migratorias mientras el país continúa hundiéndose institucionalmente.
Lo que está en juego no es simplemente un cambio de gobierno. Lo que está en juego es la supervivencia misma de la República.
Cada negociación sin garantías reales fortalece a quienes buscan consolidar definitivamente un modelo autoritario basado en la impunidad, el control económico y el sometimiento político. Y ese modelo no pretende reformarse; pretende perpetuarse.
Trump terminó reproduciendo una contradicción histórica de la política exterior estadounidense: denunciar públicamente a regímenes autoritarios mientras negocia en silencio con ellos cuando les conviene estratégicamente.
El gran error de Occidente ha sido creer que puede estabilizar estructuras profundamente degradadas mediante acuerdos parciales. La experiencia venezolana demuestra exactamente lo contrario: cada concesión sin una reconstrucción institucional real profundiza el deterioro y aumenta el sufrimiento de la población.
Mientras tanto, el ciudadano venezolano observa cómo su tragedia se utiliza como ficha de negociación geopolítica. Esa percepción ha provocado agotamiento, escepticismo y una peligrosa normalización del colapso nacional.
Pero Venezuela no es un territorio condenado. Aún existe una nación con memoria republicana y ciudadanos que aspiran a recuperar derechos, instituciones y soberanía.
Por eso, cualquier política seria hacia Venezuela debe abandonar definitivamente la ilusión de reconstruir el país negociando únicamente con quienes participaron en su destrucción. La estabilidad construida sobre estructuras criminalizadas nunca produce democracia; únicamente prolonga el dominio de quienes devastaron las instituciones.
La reconstrucción venezolana exige algo mucho más difícil, pero indispensable: recuperar el Estado de Derecho, restablecer la autonomía institucional y devolver al ciudadano la capacidad de decidir libremente el destino de su nación.
Ese sigue siendo el verdadero desafío. Y también la gran deuda de la comunidad internacional con Venezuela.
