Una coalición jurídica que representa a los inversores del diario más influyente del planeta, ha fijado el 21 de julio como plazo perentorio para la entrega de correspondencia interna. La acusación apela al derecho corporativo y no a la libertad de prensa: la directiva habría violado sus deberes fiduciarios al priorizar agendas ideológicas, arriesgando el principal activo material de la empresa: su credibilidad.
Óscar Reyes Matute .- El periodismo global asiste a un terremoto corporativo donde el frente de batalla no se sitúa en los comités de ética, sino en los balances financieros del derecho corporativo. Un bloque legal de firmas estadounidenses ha lanzado un ultimátum formal a la junta directiva de The New York Times Company.
En representación del fondo de inversión y centro de investigación National Center for Public Policy Research (NCPPR), accionista beneficiario de la empresa, la coalición exige el acceso inmediato a los libros internos, minutas, directrices editoriales y, crucialmente, las cadenas de correos electrónicos y mensajes de texto privados de la redacción.
El plazo expira el próximo 21 de julio. De no mediar una entrega completa o un compromiso vinculante, el litigio se trasladará de forma inmediata a los tribunales del estado de Nueva York.
La ofensiva jurídica esquiva deliberadamente el debate sobre la libertad de prensa, blindado en los Estados Unidos por la Primera Enmienda, para plantear un caso estrictamente mercantil.
La representación de los accionistas está liderada por el National Jewish Advocacy Center (NJAC) bajo la dirección del abogado Mark Goldfeder, en alianza formal con destacadas firmas de litigio corporativo y derechos de inversores: Grant & Eisenhofer P.A., Schall, Brown & Schwartz LLP, y Schoen Law Firm, LLC.
Los demandantes sostienen que la junta directiva y la alta gerencia del diario han abdicado de sus deberes fiduciarios esenciales, omitiendo el control de riesgos legales y reputacionales al permitir la publicación sistemática de contenidos no corroborados y sesgados.
De acuerdo con la legislación de Nueva York, los accionistas poseen el derecho legítimo de inspeccionar los registros internos si existe una base creíble para sospechar de una gestión negligente que deprecie el valor material de las acciones.
Dos focos editoriales específicos articulan la intimación de los inversores. El primero apunta a la cobertura del conflicto en la Franja de Gaza, señalando la manipulación deliberada de hechos informativos; la demanda resalta específicamente la columna del 11 de mayo firmada por el premio Pulitzer Nicholas Kristof, donde se incluyeron acusaciones extremas de abuso sexual por parte de las fuerzas israelíes que, según los registros anexados, se basaron en fuentes convictas de delitos y no en periodistas independientes.
El segundo pilar detalla el manejo de la investigación interna sobre el colaborador Graham Platner, candidato demócrata al Senado por el estado de Maine. Los accionistas acusan al periódico de operar un «lavado de cara» institucional para proteger al político debido a afinidades ideológicas, minimizando u omitiendo hechos contrastables que eran de pleno interés periodístico.
Frente a esto, la portavoz oficial de la corporación periodística, Danielle Rhoades Ha, ha manifestado que la acción legal, bajo la fachada de una revisión de derecho mercantil, constituye un intento evidente de coaccionar e inhibir la labor periodística protegida por la Constitución.
Este procedimiento preventivo busca contener un colapso financiero e institucional mediante una estrategia de control de daños idéntica a la que desmanteló a la cadena Fox News. En abril de 2023, la compañía de tecnología de votación Dominion Voting Systems llevó a Fox a las puertas de un juicio por difamación tras demostrar que la cadena difundió conscientemente falsedades sobre un presunto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020 para retener su audiencia. El litigio concluyó de manera abrupta en la primera jornada del juicio ante la Corte Superior de Delaware, bajo la dirección del juez Eric M. Davis, cuando Fox accedió a pagar un histórico acuerdo de 787,5 millones de dólares para evitar un veredicto definitivo.
Aquel desastre financiero detonó una segunda fase jurídica: la demanda derivada de los accionistas (In re Fox Corporation Derivative Litigation) ante la Corte de Cancillería de Delaware, un proceso unificado que recayó bajo la magistratura del vicecanciller Travis Laster. Los accionistas de Fox demandaron a la cúpula directiva —incluidos Rupert y Lachlan Murdoch— argumentando que priorizaron las ganancias inmediatas del negocio a corto plazo por encima del cumplimiento estricto de la ley, convirtiendo las indemnizaciones judiciales en un costo ordinario de operaciones.
El caso del New York Times imita este diseño institucional pero con un carácter profiláctico: forzar la desclasificación de los archivos internos antes de que las demandas externas destruyan la valoración bursátil de la empresa.
Las partes aguardan el vencimiento del plazo fijado para el 21 de julio; si no hay resolución, las demandas formales ingresarán formalmente a los tribunales del condado de Manhattan.
