The Daily Journal.- La Corte Constitucional de Colombia suspendió recientemente los efectos del Memorándum de Entendimiento suscrito hace un año entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro para crear una Zona Económica Especial Binacional. El alto tribunal concluyó que el acuerdo debe seguir el trámite previsto para los tratados internacionales y no puede entrar en vigor únicamente por decisión del Ejecutivo.
La Sala Plena de la corte ordenó devolver el documento al presidente colombiano para que sea sometido al procedimiento constitucional correspondiente, que incluye su aprobación por el Congreso de la República y la posterior revisión de la propia Corte Constitucional.
«El Memorándum de Entendimiento no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne», señaló la Corte.
La Corte cuestionó el procedimiento
El memorando fue firmado en Caracas el 17 de julio de 2025 como parte de la estrategia de integración económica impulsada por Bogotá y Caracas.
Sin embargo, desde que fue presentada la demanda, la Corte había advertido que el documento podía tener naturaleza de tratado internacional y, por tanto, requería cumplir los controles constitucionales previstos para este tipo de instrumentos.
Durante el proceso, el alto tribunal solicitó al Gobierno colombiano entregar la copia auténtica del acuerdo, identificar a los funcionarios que participaron en su negociación y demostrar si contaban con plenos poderes para suscribirlo. También preguntó si el documento había sido remitido al Congreso y si se había consultado previamente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
Un proyecto de integración fronteriza
El acuerdo contemplaba la creación de una Zona Económica Especial Binacional para integrar económicamente los estados venezolanos de Táchira y Zulia con el departamento colombiano de Norte de Santander.
Entre los incentivos previstos figuraban la importación de insumos sin aranceles ni IVA para su transformación y posterior exportación, así como beneficios tributarios para promover inversiones en actividades industriales, logísticas y comerciales en la frontera común.
La entonces ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales, había defendido el memorando al sostener que se trataba de un instrumento de cooperación económica que no comprometía la soberanía nacional.
No obstante, con la decisión de la Corte Constitucional, la iniciativa queda suspendida en Colombia hasta que el acuerdo sea debatido y aprobado por el Congreso y supere el control previo de constitucionalidad, requisito indispensable para que pueda producir efectos jurídicos en el país.
