Natalia Jaua
Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el centro-norte del país causando una catástrofe que, según el último balance oficial, ha dejado más de 5.000 víctimas mortales. Lo que comenzó como una respuesta humanitaria de emergencia se ha convertido, en menos de un mes, en la mayor operación militar estadounidense en la región en décadas.
El mismo día del siniestro, el presidente Donald Trump se pronunció en su red social Truth Social: «Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!», y ordenó a las agencias de su gobierno «actuar con rapidez».
Al día siguiente, la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado anunció la asignación de 150 millones de dólares para asistencia humanitaria. De esta cantidad, 100 millones se destinaron a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y 50 millones a organizaciones que operan sobre el terreno, como World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó sus condolencias y confirmó que EE.UU. estaba «listo, dispuesto y capacitado para ayudar», desplegando de forma inmediata equipos de búsqueda y rescate de los condados de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California).
El 27 de junio, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que suspendía temporalmente las sanciones económicas contra Venezuela para facilitar las operaciones de rescate, con vigencia hasta el 23 de octubre de 2026, permitiendo «todas las transacciones relacionadas con los esfuerzos de socorro por el terremoto».
El 29 de junio, el Departamento de Estado anunció que la ayuda directa de EE.UU. se elevaba a 300 millones de dólares. Para el 7 de julio, el encargado de negocios John Barrett confirmó que el gasto total superaba los 310 millones, mientras que otras fuentes sitúan el compromiso financiero total en más de 386 millones de dólares.
En el terremoto de Myanmar en 2025, la donación de Estados Unidos fue de apenas nueve millones de dólares.
El 30 de junio se estableció en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria (HACC), dirigido por el Mayor General Kevin Jarrard, en conjunto con el Departamento de Estado. Además, se ha establecido un centro de inteligencia en Miami para procesar la información recopilada por los drones.
Uno de los aspectos más controvertidos de la operación es el despliegue de al menos cuatro o cinco drones MQ-9 Reaper sobre Venezuela. El jefe del Comando Sur de EE.UU., el general Francis Donovan confirmó que estos drones, junto con una unidad especializada en Miami, están «reforzando el panorama de inteligencia para las autoridades venezolanas».
Los MQ-9 Reaper son vehículos aéreos de combate diseñados originalmente para misiones de ataque y reconocimiento de largo alcance. Donovan justificó su uso afirmando que se utilizan «para garantizar que las carreteras estén despejadas y saber dónde están los edificios dañados», ofreciendo una perspectiva que las autoridades venezolanas no podían tener «desde el nivel del suelo».
Sin embargo, la presencia de estas aeronaves de combate sobre zonas civiles afectadas por un terremoto ha generado inquietud entre organizaciones humanitarias, sociales y políticas, así como entre observadores internacionales, que ven en esta vigilancia un componente que trasciende la asistencia humanitaria convencional.
“Mucho patrullaje, poco rescate”
José Félix Valera, vocero de la radio comunitaria Voces 101.5 FM ubicada en la parroquia Caraballeda, declaró a The Daily Journal que obtuvo la información de que, de los 2.000 efectivos estadounidenses que hay hoy en el país, solo 300 son rescatistas.
Asimismo, Valera afirmó que estos cuerpos se desplazan en convoy, de aproximadamente 30 efectivos uniformados y armados, y siempre están escoltados por dos patrullas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
De igual manera, aseguró que, en las labores de rescate, siempre intentan dirigir las operaciones.
«La presencia militar la utilizan para custodiar los terrenos que están siendo demolidos y limpiados, para custodiar los sitios donde están depositando los escombros, para custodiar sitios que parecen ser de interés para ellos y para controlar el tráfico en las zonas donde se están haciendo demoliciones», aseveró el activista comunitario.
«Mucho patrullaje por parte de ellos, poco rescate y también hemos visto distribución de suministros», agregó.
Valera explicó que, aunque ellos pusieron en funcionamiento el puerto de La Guaira y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, la mayoría de la ayuda humanitaria llegó a través del aeropuerto de Valencia.
John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de EE.UU., aseguró que el gobierno interino de Delcy Rodríguez «ha cumplido plenamente en términos de solicitudes para avanzar en esta enorme respuesta humanitaria» y que «las autoridades locales han cumplido plenamente con nuestras solicitudes y peticiones».
El encargado de negocios insistió en que el plan de tres fases —la hoja de ruta diseñada por la administración de Trump en coordinación con Marco Rubio para guiar la transición post-Maduro— permanece intacto, aunque reconoció que «la reconstrucción se ve un poco distinta ahora después del devastador terremoto».
Cuando fue preguntado por la duración de la misión militar, Donovan declinó especular, remitiéndose al Departamento de Estado. Aunque aseguró que «no se habla de quedarse», afirmó que permanecerán «hasta que el trabajo esté terminado» y que «cuando terminemos, saldremos de Venezuela».
Sin embargo, la organización Global Empowerment Mission (GEM) ya ha anunciado su intención de permanecer en Venezuela durante cinco años, lo que siembra dudas sobre el verdadero horizonte temporal de la presencia estadounidense.
El 6 de julio, el general Donovan, junto a John Barrett y Kevin Jarrard, visitó Caracas para coordinar la cooperación futura y se reunió con la encargada de la Presidencia, Delcy Rodríguez, el ministro de Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Gustavo González.
Al día siguiente, en entrevista con Telemundo, Barrett y Donovan afirmaron que las ayudas internacionales habían sido distribuidas de forma «rápida y confiable». Barrett sostuvo que el gobierno de Rodríguez ha «cumplido con todas las solicitudes para poder movilizar esta gran respuesta humanitaria» de Estados Unidos.
Qué dice el derecho internacional
El derecho internacional establece que el uso de cuerpos militares para la ayuda humanitaria debe ser una medida de último recurso. La participación de ejércitos o fuerzas armadas extranjeras en la asistencia humanitaria está estrictamente regulada por la Organización de las Naciones Unidas a través de marcos normativos como las Directrices de Oslo (para desastres naturales) y las Directrices MCDA (para emergencias complejas y conflictos).
Los recursos militares (personal, camiones, aviones, helicópteros o buques de carga) solo se pueden utilizar cuando no exista ninguna alternativa civil comparable para responder a una necesidad humanitaria crítica y urgente.
El profesor Carlos Lazo, filósofo y exdiplomático, expresó que, en el caso de los desastres naturales, el derecho internacional establece un derecho especial. Este es un marco normativo derivado de los tratados de derechos humanos y de las directrices de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).
Este es llamado Derecho Internacional de Respuestas a Desastres (DIRD) y, basándose en el principio de soberanía y en el de la responsabilidad primaria por parte del Estado afectado, establece que cuando la magnitud del desastre rebasa la capacidad del Estado afectado y ha sido declarado el Estado de Emergencia, debe haber el consentimiento del Estado que recibe la ayuda.
Lazo sostuvo que todos estos aspectos están basados en principios rectores que toda ayuda humanitaria debe mantener en estricto cumplimiento: neutralidad, humanidad e imparcialidad.
El antecedente de Haití
La respuesta humanitaria en Venezuela sigue un patrón similar al desplegado en Haití tras el terremoto de 2010, cuando Estados Unidos desplegó más de 22.000 efectivos, tomó el control del aeropuerto de Puerto Príncipe y enfrentó acusaciones de «ocupación» por parte de Francia, Brasil y el entonces presidente Hugo Chávez.
Aunque la Operation Unified Response finalizó oficialmente el 1 de junio de 2010, un contingente de 500 efectivos de la Guardia Nacional de Luisiana permaneció en el país hasta septiembre para proyectos de asistencia humanitaria en zonas rurales.
El 6 de junio de 2010, los últimos 314 soldados estadounidenses de la misión de emergencia fueron retirados. Sin embargo, la presencia militar estadounidense en Haití, bajo distintos formatos, ha continuado de manera intermitente hasta la actualidad.
Cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG) permanecieron en el país, operando al margen del gobierno local, y reemplazaron la prestación de servicios básicos. Esto vació de competencias y legitimidad al Estado, haciendo al país más dependiente de la ayuda externa.
La mayoría de las ONG no hicieron públicos los resultados de sus proyectos y se denunciaron proyectos mal planificados con escasa supervisión y acusaciones de mala gestión, que impidieron el desarrollo del país.
Además, se produjo una epidemia de cólera, que causó la muerte de al menos 10.000 personas, atribuida a las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU (Minustah) que contaminaron fuentes hídricas.
La ausencia de un ente centralizador generó un caos donde las organizaciones actuaron según su propia agenda.
La ayuda se centró en el asistencialismo inmediato, sin planes de desarrollo a largo plazo. Seis años después, el huracán Matthew encontró a Haití igual de vulnerable que en 2010.
Presencia militar bajo sospecha
José Félix Valera señaló que, si bien una parte de la población de La Guaira aplaudió la ayuda por parte de fuerzas estadounidenses, otra ha rechazado la presencia de las tropas y no comprende para qué hace falta una presencia militar desproporcionada.
«Creo que tiene que ver el rechazo con toda la identidad nacional que existe. Además, el guaireño tiene mucha identidad con su zona, mucho arraigo. Hay mucho patriotismo, pero además la desproporción. Es decir, de 2.000 funcionarios, que 300 sean rescatistas y 1.700 sean soldados, la gente no lee muy bien por qué tienen que venir tantos soldados a una zona de desastre, donde hace falta gente que haga labores de rescate», declaró.
Asimismo, subrayó que una de las preocupaciones que tiene el guaireño tiene que ver con los terrenos, debido a que los efectivos han estado presionando mucho para llevar a cabo las demoliciones. Esto ha generado fricción entre las tropas y la población local, que aún busca a sus familiares fallecidos bajo los escombros.
La presencia de tropas estadounidenses e israelíes en La Guaira ha generado una creciente inquietud entre los habitantes de la región. Más allá de la ayuda humanitaria, los guaireños perciben que detrás del despliegue militar existen intereses inmobiliarios y comerciales que buscan aprovechar la tragedia para reconfigurar el territorio.
El negocio de la reconstrucción
La zona costera, particularmente el litoral de La Guaira, es considerada estratégica por su geografía: terrenos planos, frente al mar, con alto potencial para el desarrollo de proyectos turísticos y de infraestructura de lujo. En el imaginario popular, esta característica ha despertado el temor de que las fuerzas extranjeras estén evaluando el suelo para determinar qué se puede construir y qué no, con miras a futuras inversiones.
La sensación entre los vecinos es que la tragedia ha sido aprovechada como una oportunidad para «tomar» el control de las tierras más valiosas, especialmente aquellas que, por su ubicación, resultan atractivas para el negocio inmobiliario y el turismo internacional. Esta percepción alimenta la desconfianza hacia la verdadera intención de la presencia militar extranjera en la región.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó que los daños en todo el país ascienden a 37.000 millones de dólares. Esta cifra incluye 24.000 millones en daños a edificaciones (viviendas, comercios, hospitales, etc.) y 13.000 millones en infraestructura (carreteras, energía, telecomunicaciones).
Solo para tener una referencia, la estimación más reciente de la ONU para la reconstrucción de la Franja de Gaza es de 71.400 millones de dólares en la próxima década. De esta cifra total, 26.300 millones de dólares son necesarios de forma inmediata en los primeros 18 meses para restaurar servicios esenciales.
Esto, sin duda, nos deja con más preguntas que respuestas. Para empezar, el 8 de julio el general de brigada Elad Edri, jefe de Estado Mayor del Comando del Frente Interno de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), se reunió con Delcy Rodríguez y presentó un proyecto de reconstrucción para La Guaira.
¿Por qué se habla de reconstruir cuando todavía continuaban las labores de rescate? ¿Por qué es el Estado de Israel el encargado de llevar a cabo este plan, habiendo otros países con experiencia en reconstrucción por sismos (como México, Japón, Chile, Turquía, etc.)?
«La gente no se quiere ir de La Guaira, la gente tiene mucha disposición de pelear la tierra, por el derecho a la vivienda. Pero, sobre todo, la gente quiere ser tomada en cuenta en el proceso de reconstrucción», expresa Valera.
Hay un famoso refrán que dice «A caballo regalado no se le mira el diente», haciendo referencia al plan de Odiseo, el varón de multiforme ingenio y rey de Ítaca, de construir un caballo de madera para ingresar en los impenetrables muros de la sagrada ciudad de Troya, la cual había resistido por diez años.
¿Qué hubiese pasado si, al recibir la ofrenda de paz, los troyanos hubiesen revisado las entrañas del animal? ¿Bajo qué complicidad pudo entrar? Tal como los aqueos, ¿Washington y Tel Aviv estarían esperando una oportunidad como esta?
