The Daily Journal — El capitán indígena del pueblo Jivi Ekunay, Julio Rodríguez, fue hallado sin vida tras haber permanecido en situación de desaparición forzada durante ocho días en el estado Bolívar, según confirmó el martes la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
De acuerdo con la denuncia formulada por la ONG en sus canales oficiales, el líder indígena fue «secuestrado por presuntos miembros de las disidencias de las FARC» en la entidad del sur del país.
Emboscada con drones a comisión de búsqueda
El reporte de Provea detalló que, dos días después de la captura de Rodríguez, un grupo de líderes y jóvenes de la comunidad organizó una comisión de rastreo que fue atacada en el sector Vincler.
«Los afectados denunciaron que fueron atacados por drones que sobrevolaron la zona, lanzando artefactos explosivos. Alirio Rodríguez, adulto mayor, resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital de Los Pijiguaos», indicó la organización.
Los acontecimientos fueron puestos en conocimiento de las autoridades nacionales, habiendo sido «denunciados oportunamente ante la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal».
Registro de violencia e impunidad en territorios indígenas
La ONG enmarcó el caso dentro de un patrón sistemático de agresiones contra las comunidades originarias en las zonas fronterizas y mineras del país.
«De acuerdo a nuestros registros, más de 48 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales —incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN—, desde 2010», señaló PROVEA, atribuyendo estos hechos a conflictos en territorios bajo control militar o disputados por grupos irregulares.
La organización advirtió sobre la vulnerabilidad continua que enfrentan estas poblaciones: «Mientras persistan la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades, la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, estas comunidades seguirán amenazadas».
Ante estos hechos, Proveaexigió a los organismos competentes una «investigación y sanción oportuna para los responsables de este hecho, y la adopción de medidas urgentes para salvaguardar la vida y los territorios de los pueblos indígenas».
