The Daily Journal – Un proyecto de ley presentado en Bolivia ha generado una fuerte controversia al plantear la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria, bajo control judicial, a mujeres en situación de calle.
La iniciativa, impulsada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de la alianza opositora Unidad, ha sido duramente criticada por la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de derechos humanos, que la califican como una medida discriminatoria y violatoria de derechos fundamentales.
El proyecto, presentado hace unas semanas, argumenta que busca favorecer la reinserción social de personas en situación de calle, especialmente mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
Aunque el texto establece que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva debe contar con el consentimiento libre, previo e informado, también contempla que, una vez agotadas las instancias pertinentes, la esterilización pueda volverse obligatoria y realizarse bajo supervisión judicial.
Rodríguez justificó su propuesta señalando la situación que observa entre mujeres y niños que viven en las calles y están expuestos al consumo de clefa, un tipo de pegamento altamente inflamable.
El legislador explicó que la eventual esterilización estaría precedida por evaluaciones médicas y psicológicas, y dejó abierta la posibilidad de modificar el artículo sobre la esterilización obligatoria cuando la iniciativa sea analizada por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la propuesta ha sido calificada como «inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana» por la activista feminista Patricia Flores, quien señaló que la medida representa una suerte de «limpieza étnica» al dirigirse a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza.
Flores también calificó la iniciativa como «profundamente racista, clasista, machista y misógina».
La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto expresando su «más profundo rechazo y preocupación», recordando que la esterilización forzada constituye una grave violación a los derechos humanos y vulnera la dignidad, la integridad personal, la libertad, la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, hicieron referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer y no pueden ser objeto de coerción.
Las organizaciones exhortaron al Legislativo y a las autoridades del Estado a actuar dentro del marco de la Constitución boliviana y a descartar cualquier propuesta que vulnere la dignidad humana mediante la esterilización obligatoria.
Con información de EFE.
