Julio A. López, editor jefe.- El expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, enfrenta ahora un tercer frente judicial, luego de que un juez de Bogotá ordenara una audiencia para desarchivar la investigación penal por el presunto direccionamiento de un multimillonario contrato de transporte aéreo en helicóptero dentro del Grupo Ecopetrol.
La decisión responde a una tutela presentada por el abogado Julián Quintana, apoderado de la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol), quien cuestionó que la Fiscalía hubiera archivado el caso en apenas tres meses “sin ahondar en las investigaciones”. Según la denuncia, entre 2011 y 2024 Ecopetrol y su filial Cenit habrían diseñado procesos de contratación con requisitos hechos a la medida de un único operador, Helistar, restringiendo la libre competencia en el mercado de transporte helicoportado.
El episodio más citado ocurrió el 29 de agosto de 2024, cuando Ecopetrol adjudicó un contrato por 600.000 millones de pesos dividido en dos bloques: el 79,5% de la demanda —bases de Cúcuta y Soracá— quedó en manos de Helistar, y el 20,5% restante, en Paz de Ariporo, para Helicol. Siete meses después, la petrolera canceló el contrato de Helicol alegando incumplimientos técnicos y se lo cedió íntegramente a Helistar. Quintana sostiene que la licitación fue “amañada” porque se habría omitido exigir un certificado internacional de aeronavegabilidad; en su lugar, se habría sustituido por un trámite más simple ante la Aeronáutica Civil.
Ecopetrol ha respondido que la cancelación obedeció a que los helicópteros de Helicol no contaban con licencia ni con base operativa antes de marzo de 2025. El caso corre en paralelo a una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, que lleva tres años, sobre presuntas prácticas anticompetitivas en estos contratos.
Este nuevo proceso se suma a los dos que ya pesaban sobre Roa. El 12 de agosto, la Fiscalía radicó formalmente el escrito de acusación en su contra por presuntos delitos electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente. El ente acusador sostiene que la campaña superó los topes legales de financiación por cerca de 2.024 millones de pesos, cifra que incluiría una donación de 500 millones del sindicato Fecode que habría terminado en las cuentas de la campaña. El Consejo Nacional Electoral ya había sancionado a la campaña por este mismo hecho, y Roa deberá responder ahora en juicio.
El otro proceso abierto es por presunto tráfico de influencias, vinculado a la compra de un lujoso penthouse en el barrio Chicó de Bogotá. La Fiscalía sostiene que Roa habría usado su cargo para que la filial Hocol adjudicara contratos —entre ellos el proyecto de gasificación Chuchupa-Ballena— a empresas vinculadas al contratista Juan Guillermo Mancera, presunto vendedor beneficiado en la transacción inmobiliaria.
Roa dejó la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio, tras casi tres años al frente de la petrolera estatal, en medio de la acumulación de estos escándalos. Actualmente, la compañía está dirigida por Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, quien es presidente encargado desde noviembre de 2025.
En el plano corporativo, Ecopetrol sigue enfocada en la operación con Brava Energia en Brasil: tras completar el 5 de agosto la subasta que le dio el control del 51% de la petrolera brasileña, la liquidación financiera de la operación —por unos R$2.670 millones— está prevista para este lunes 17 de agosto.
