Audio: https://clyp.it/zxtxdwqk
Julio A. López.- Orito, el histórico corazón petrolero del Putumayo colombiano, vuelve a estar en el radar de la industria. Según información publicada por El País, Parex Resources retomaría una campaña vinculada a Ecopetrol en el municipio, mientras que Gran Tierra Energy tendría otro proyecto listo para arrancar en cuanto complete su proceso de consulta previa, de acuerdo con declaraciones del alcalde de Orito, Edinson Humberto Ramírez.
Una cuenca con historia y con caída reciente
Orito no es un actor cualquiera en el mapa petrolero colombiano: fue allí donde la entonces Texas Petroleum Company (Texaco) perforó en 1963 el pozo Orito 1, que dio origen al vasto campo homónimo y convirtió a la región en el corazón de la producción del Putumayo, con picos históricos cercanos a los 120.000 barriles diarios. Tras la salida de Texaco, Ecopetrol asumió gran parte de la operación y se mantiene como el principal actor estatal en la zona.
Ese legado contrasta con el presente: la producción fiscalizada de los campos del municipio rondaba apenas 5.900 barriles diarios en junio de 2026, según cifras citadas por El País, muy lejos de esos niveles. La alcaldía aspira a recuperar cifras cercanas a los 20.000 barriles diarios con la reactivación de la actividad.
Los acuerdos detrás del movimiento
La llegada de Parex a la región no es reciente: en diciembre de 2024, la petrolera canadiense —dirigida por Imad Mohsen— firmó con Ecopetrol cinco acuerdos de colaboración, cuatro de ellos centrados en la cuenca del Putumayo, en municipios como Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís e Ipiales (Nariño).
Esos proyectos, valorados en unos US$350 millones, buscan incorporar volúmenes incrementales de crudo en campos existentes y en recursos cercanos a infraestructura ya instalada, bajo un esquema de participación del 50% entre ambas compañías.
Gran Tierra Energy, por su parte, es un socio de larga data de Ecopetrol en la región: opera desde marzo de 2019 el bloque Suroriente, en Puerto Asís, cuyo contrato de producción incremental fue extendido por 20 años en 2023, con una participación del 48% para la canadiense y del 52% para la estatal colombiana. En ese acuerdo, Gran Tierra se comprometió a invertir US$123 millones en un plazo de tres años para extender la vida útil de los campos Cohembí, Quillacinga y Quinde.
El nuevo proyecto que ahora prepara la compañía en Orito, sin embargo, permanece a la espera de completar la consulta previa con las comunidades del área de influencia, un requisito legal en Colombia para cualquier actividad extractiva que pueda afectar a comunidades étnicas.
El límite ambiental que marca el terreno
La reactivación petrolera ocurre, sin embargo, en un contexto regulatorio más restrictivo: la Resolución 0961 de 2026, publicada oficialmente por el Ministerio de Ambiente el 6 de agosto, establece una protección reforzada del bioma amazónico que limita el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la región.
Esto implica que la actividad de Parex y Gran Tierra en Orito se encuadra en acuerdos y bloques ya existentes, y no en nuevas licencias, en un escenario en el que el margen para ampliar la frontera petrolera amazónica se ha estrechado.
Un actor adicional en el tablero
A la ecuación se suma GeoPark, a través de su subsidiaria Nueva Amerisur, que mantiene actividad en los bloques PUT-8 y Nyctibius de la misma cuenca. En conjunto, Ecopetrol, Parex, Gran Tierra y GeoPark configuran el grupo de operadoras que continúan apostando por el Putumayo pese a los desafíos de seguridad, la presencia de economías ilícitas como los cultivos de coca, y ahora también las nuevas restricciones ambientales sobre la Amazonía colombiana.
Por qué esto importa
Una reactivación efectiva de la perforación o del desarrollo en Orito podría aumentar de manera significativa la producción petrolera regional, en un departamento que ha visto caer su aporte al total nacional en los últimos años.
Al mismo tiempo, el movimiento pone a prueba el equilibrio que Colombia busca mantener entre el flujo de inversión petrolera extranjera y el cumplimiento de sus compromisos ambientales más recientes sobre la protección de la Amazonía.
