The Daily Journal.— El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) pidió al Estado venezolano ampliar la cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para incluir centros penitenciarios y militares donde familiares han denunciado presuntas violaciones de derechos humanos, entre ellos El Rodeo I, Yare y el Fuerte Guaicaipuro.
La organización se pronunció después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario informara el 18 de agosto sobre visitas institucionales a centros de reclusión, entre ellas al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
CLIPPVE consideró positivo el avance, pero advirtió que la agenda anunciada no incluye los centros que, según familiares, concentran algunas de las denuncias más graves.
«Valoramos que una demanda sostenida por las familias encuentre una respuesta. Pero todavía falta lo fundamental: que esa respuesta llegue precisamente a quienes han motivado buena parte de estas exigencias», señaló la organización en un comunicado.
El comité recordó que el 7 de agosto presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores una solicitud formal para permitir el ingreso de organismos internacionales a centros de detención.
Según CLIPPVE, familiares de detenidos han reportado en El Rodeo I, Yare y Fuerte Guaicaipuro situaciones de aislamiento prolongado, incomunicación, agresiones y restricciones en el acceso a alimentación y atención médica especializada.
La organización sostuvo que una verificación humanitaria requiere «acceso sin obstáculos, entrevistas individuales y confidenciales con las personas detenidas y seguimiento de los casos que necesiten atención médica o medidas humanitarias».
También pidió incorporar a los familiares en los mecanismos de verificación y monitoreo. «Escucharlas y hacerlas parte de este proceso contribuirá a generar confianza entre las víctimas y a conocer el alcance real de estas acciones», afirmó.
Entre sus solicitudes, CLIPPVE planteó ampliar la cooperación con el CICR a El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro, Yare y otros centros donde existan denuncias de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, pidió garantizar al CICR condiciones para realizar entrevistas privadas con los detenidos y hacer seguimiento de los casos, además de establecer canales de comunicación directa con las familias para suministrar información sobre presuntos casos de tortura, aislamiento, enfermedades graves y otras situaciones que requieran atención humanitaria.
El comité también reclamó garantías para evitar represalias contra los detenidos que se comuniquen con organismos humanitarios.
Finalmente, solicitó al Gobierno venezolano facilitar el acceso independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas a los centros de detención, con el objetivo de ampliar la supervisión internacional sobre las condiciones del sistema penitenciario.
