Natalia Jaua
El calentamiento cíclico de las aguas del océano Pacífico ha puesto nuevamente a América Latina frente a un desafío conocido pero nunca idéntico. Las temperaturas del mar frente a las costas de Ecuador y Perú se mantienen por encima de lo normal, con una masa de agua cálida que avanza hacia el centro del Pacífico con anomalías de hasta 3°C.
Para Venezuela, los pronósticos indican un incremento de las temperaturas del aire de entre 2 y 3 grados centígrados adicionales a lo habitual, con el pico del fenómeno esperado entre octubre y diciembre de 2026, acompañado de una fuerte sequía. Históricamente, el país ha registrado una reducción significativa de las lluvias durante los episodios más intensos de El Niño.
Este fenómeno plantea desafíos sin precedentes para toda la región. La experiencia comparada sugiere que la preparación temprana, la inversión en resiliencia y la protección de los servicios esenciales son factores clave para reducir las pérdidas. La efectividad de las distintas estrategias solo podrá evaluarse una vez que el fenómeno haya pasado, pero el contraste en los enfoques adoptados ofrece un panorama útil para entender las prioridades y capacidades de cada país frente a una amenaza climática común.
Colombia apuesta por la emergencia y la inversión
Colombia ha sido uno de los países que ha actuado con mayor contundencia. El gobierno del expresidente Gustavo Petro declaró la situación de desastre nacional para enfrentar los riesgos del evento climático. Esta declaratoria permite destinar recursos y realizar traslados presupuestales para financiar las acciones de respuesta.
Las medidas concretas incluyen la reasignación de 4 billones de pesos, originalmente destinados a otros fines, para atender la emergencia, elevando el presupuesto total de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres a 8 billones de pesos (aproximadamente 2.500 millones de dólares).
Además, se ha acelerado la instalación de paneles solares en comunidades, bajo el principio de que «no es con más gas, es con más paneles solares porque lo que va a haber es mucho sol».
Colombia activó alerta temprana nacional para fortalecer el seguimiento de las condiciones climáticas y la preparación institucional.
El país enfrenta un desafío particular: depende de hidroeléctricas para el 75% de su energía, lo que eleva la incertidumbre ante la reducción de lluvias prevista. El IDEAM advierte que más de 4,3 millones de personas podrían enfrentar afectaciones severas.
Brasil busca anticiparse al impacto climático
Brasil, por su parte, ha optado por una estrategia preventiva sustentada en una importante inversión financiera y en la coordinación entre distintas instituciones del Estado. El Gobierno destinó un paquete de 1.335 millones de reales (unos 260 millones de dólares) para mitigar los posibles impactos asociados a los riesgos climáticos y garantizar la capacidad de respuesta ante eventuales afectaciones.
De ese monto, 850 millones de reales (aproximadamente 166 millones de dólares) serán destinados a reforzar las reservas públicas de alimentos mediante la compra de 310.000 toneladas de arroz y 180.000 toneladas de maíz. La medida busca anticiparse a una eventual caída de la producción agrícola provocada por condiciones climáticas adversas y reducir el impacto que una mala cosecha pueda tener sobre el abastecimiento y los precios.
El esquema también contempla la creación de una «Sala de Situación», instancia que reunirá a 24 ministerios y entidades federales para realizar un seguimiento permanente de las condiciones climáticas. El organismo elaborará informes mensuales basados en información científica con el objetivo de anticipar escenarios de riesgo y coordinar las acciones gubernamentales.
A esta estructura se suma la instalación de ocho centros de salud y clima, distribuidos en las cinco regiones del país. Estos espacios funcionarán como una red integrada de inteligencia para monitorear los efectos del clima sobre la salud de la población y contribuir a la adopción de medidas preventivas.
Acciones coordinadas
En Perú, la presidenta Keiko Fujimori declaró el fenómeno climático como una de las dos «emergencias inmediatas» de su gobierno, junto con la inseguridad. Anunció la implementación de un «plan de contingencia nacional» que, según sus palabras, «romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna».
El plan contempla la descolmatación masiva de ríos, las defensas ribereñas y protección de cuencas y la asistencia financiera y técnica a las zonas afectadas.
El Enfen (Estudio Nacional del Fenómeno El Niño) mantiene el estado de «Alerta de El Niño Costero», con proyecciones que indican que el fenómeno podría extenderse hasta abril de 2027.
Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá) ha coordinado acciones a través del LXXXI Foro del Clima y el XXXII Foro Hidrológico, ante el panorama de déficit de lluvias y aumento de temperaturas. Guatemala, a través de la Conred, ha activado sus protocolos de respuesta.
Argentina, Chile y México mantienen el monitoreo
Argentina mantiene un monitoreo cercano desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé posibles aumentos de lluvias y temperaturas tanto al norte como al sur del país. La NOAA estima un 96% de probabilidad de que El Niño persista entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.
Ecuador ha conformado comités nacionales y regionales, con un Plan de Acción Nacional que establece medidas de prevención, preparación y respuesta. La Secretaría de Gestión de Riesgos estima una probabilidad del 97% de que el país enfrente el fenómeno.
Chile y México también han activado sistemas de monitoreo y alerta, aunque con menos detalle público sobre medidas concretas.
Ahorro eléctrico y de agua: el peso sobre los ciudadanos
Por su parte, la encargada de la Presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado un ambicioso plan para sumar 4.800 megavatios (MW) adicionales al sistema de generación termoeléctrica antes de que finalice el año.
Este plan se sustenta en contratos con empresas como la rusa INSA y la estadounidense General Electric (GE). También se mencionan medidas como el seguimiento de embalses, la preservación de cuencas hídricas y la prevención de incendios forestales.
De forma paralela, se ha lanzado un «plan de ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua». Las medidas concretas para el ciudadano incluyen ajustar los aires acondicionados a 21°C o más, desconectar equipos innecesarios, limitar la iluminación y lavar o planchar antes de las 10 a.m. o después de las 6 p.m.
Sin embargo, al contrastar estas declaraciones con la realidad del sistema eléctrico venezolano, surgen discrepancias significativas. El propio gobierno ha reconocido que el doble terremoto del 24 de junio de 2026 afectó gravemente la infraestructura, con daños en torres, líneas de transmisión y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, que generaba 600 MW. Hasta la fecha, solo se han recuperado 300 de esos 600 MW, alcanzando apenas el 50% de su capacidad previa. La promesa de incorporar 4.800 MW adicionales en cuestión de meses contrasta con la lentitud en la recuperación de la capacidad ya existente.
Además, a diferencia de Colombia, Venezuela no ha emitido una declaratoria formal de emergencia que permita la movilización ágil de recursos. Tampoco se ha reportado una asignación presupuestaria específica para enfrentar el fenómeno, en contraste con los 2.500 millones de dólares movilizados por Colombia o los 260 millones de dólares de Brasil.
La estrategia venezolana se caracteriza por trasladar una parte sustancial del peso de la preparación y mitigación hacia la ciudadanía a través de campañas de concienciación, mientras que las inversiones estatales en infraestructura y la coordinación institucional para la emergencia presentan, hasta ahora, un alcance más limitado en comparación con otros países de la región.
El gobierno ha responsabilizado históricamente las fallas eléctricas a las sanciones extranjeras, mientras que expertos señalan la corrupción y la falta de mantenimiento como causas estructurales.
