The Daily Journal. — La organización no gubernamental Provea advirtió que la decisión anunciada por la encargada de la Presidencia, Delcy Rodríguez, de eliminar las alcabalas policiales y militares en zonas urbanas del país no será suficiente para desmontar las prácticas de corrupción, extorsión y abuso de autoridad asociadas a estos puntos de control.
Provea consideró que la medida, presentada por las autoridades como una transformación de los puntos fijos de control en dispositivos móviles de patrullaje para reducir la discrecionalidad de los funcionarios, constituye la reedición de una promesa formulada en anteriores procesos de reforma policial.
«La eliminación de las alcabalas urbanas sea una medida positiva en el papel, el simple anuncio no desmantela el entramado de corrupción ni las prácticas arbitrarias», señaló la organización en un pronunciamiento.
La ONG recordó que las alcabalas policiales y militares han sido objeto de denuncias durante años por presuntas prácticas de extorsión y violaciones de derechos humanos. Según Provea, campesinos, productores agrícolas, pobladores fronterizos e indígenas se encuentran entre los sectores más afectados.
La organización recordó que después de la Masacre de Kennedy, ocurrida en Caracas en 2005 y en la que fueron asesinados tres estudiantes de la Universidad Santa María por miembros de la Dirección de Inteligencia Militar, las autoridades aprobaron en 2006 una resolución para regular la instalación de alcabalas policiales y militares.
Ese mismo año fue creada la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), que planteó la construcción de un modelo policial basado en los principios de «permanencia, eficiencia, extensión, democracia y participación».
Sin embargo, Provea sostuvo que los avances de ese proceso fueron posteriormente revertidos. En 2013, durante el primer año del Gobierno de Nicolás Maduro, el lanzamiento del Plan Patria Segura implicó, según la organización, la militarización de las labores de seguridad ciudadana y la instalación de miles de puntos de control en el territorio nacional.
Al anunciar aquel plan, Maduro afirmó que debía ejecutarse «con consciencia, pasión, compromiso y amor».
Provea sostiene que, menos de un mes después de su puesta en marcha, se produjeron varios casos graves de violencia en alcabalas. La organización cita el asesinato de seis personas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluido un ciudadano que, según denunció, fue sometido a torturas y obligado a ingerir combustible, así como el tiroteo en el que murieron cuatro personas en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana en Falcón.
Alcabalas como puntos de extorsión
Provea afirmó que las alcabalas dejaron de funcionar exclusivamente como mecanismos de control vehicular y prevención del delito para convertirse, en numerosos casos, en espacios de extorsión y abusos.
Según la organización, estos controles también representan un obstáculo para el ejercicio del derecho al libre tránsito, establecido en el artículo 50 de la Constitución venezolana, y han generado afectaciones sobre derechos económicos y sociales.
«Las alcabalas, lejos de ser espacios de control vehicular y de prevención de la ocurrencia de delitos, se han convertido en puntos de extorsión y en espacios para la comisión de abusos», afirmó Provea.
La ONG señaló que entre los sectores afectados se encuentran comunidades indígenas y poblaciones ubicadas en zonas fronterizas. En el estado Zulia, por ejemplo, indicó que los habitantes de la región de La Guajira deben atravesar al menos 12 alcabalas entre Maracaibo y Paraguaipoa.
Provea denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas han mantenido durante años mecanismos que, según la organización, afectan derechos como la alimentación, la identidad cultural, el libre tránsito, la libertad y la integridad personal de pobladores, principalmente de los pueblos indígenas Wayúu y Añú.
Provea pide una reforma estructural
La organización consideró que la eliminación de las alcabalas urbanas podría representar un avance, pero advirtió que su impacto dependerá de la existencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
«Sin una reforma estructural profunda, estos puntos de control podrían simplemente migrar a espacios más discretos, manteniendo la lógica extorsiva», alertó.
Provea también planteó interrogantes sobre el futuro de las alcabalas ubicadas en zonas rurales y alejadas de los principales centros urbanos, que no estarían necesariamente incluidas en la medida anunciada por Rodríguez.
A juicio de la ONG, para evitar que las prácticas denunciadas se reproduzcan bajo otros mecanismos de control será necesario capacitar a los funcionarios, modernizar los sistemas de inteligencia preventiva y combatir la impunidad.
«La simple derogación de un formato no garantiza el fin del delito si los mecanismos de denuncia y sanción permanecen débiles», sostuvo.
La organización pidió además políticas de depuración de los cuerpos policiales, un mayor presupuesto para inteligencia preventiva y una actuación efectiva del Ministerio Público para investigar y sancionar a los funcionarios involucrados en abusos.
«Para que la eliminación de las alcabalas sea más que un titular, debe venir acompañada de políticas de depuración de los cuerpos policiales, mayor presupuesto para la inteligencia preventiva y, sobre todo, la garantía de que el Estado esté dispuesto a investigar y sancionar a los funcionarios que continúen cometiendo abusos», concluyó Provea.
