The Daily Journal – El anuncio del acuerdo petrolero entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una oleada de reacciones críticas entre quienes han ocupado las más altas responsabilidades del sector energético venezolano.
Provenientes de distintos espectros ideológicos, los exministros y expresidentes de Pdvsa han coincidido en cuestionar el pacto, aunque con matices y énfasis distintos.
El acuerdo, anunciado el pasado viernes, contempla que EE.UU. obtenga el «control mayoritario» sobre 17 yacimientos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, equivalentes aproximadamente al 21,5% de las reservas de Venezuela. El gobierno venezolano asegura que el pacto traerá inversiones por más de 100.000 millones de dólares y tributos al Estado por unos 209.000 millones.
El expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo durante gran parte del gobierno de Hugo Chávez (2004-2013), Rafael Ramírez, ha sido uno de los críticos más vocales.
En su cuenta de X, Ramírez escribió: «Ciertamente pasará a la historia por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo de los EEUU. Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera».
El exministro denunció que el pacto viola los artículos 11, 12 y 13 de la Constitución, que consagran la soberanía del Estado sobre la industria, la inalienabilidad de los yacimientos y la prohibición de ceder territorio a potencias extranjeras. Ramírez también cuestionó las condiciones económicas del acuerdo al señalar:
«Entregaron 65.000 millones de barriles de petróleo, 17 campos petroleros, para ‘obtener’ unos pobres ingresos. Nosotros entre 2004-2013, en sólo 9 años, entregamos al país 700.000 millones de dólares en ingresos petroleros, de los cuales 500 mil millones de dólares eran ingresos fiscales».
Además, proyectó que los ingresos totales ascenderían a 202.000 millones de dólares a cambio de 65.000 millones de barriles, lo que implica una regalía de apenas 3,7%, inferior a la cobrada durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Ramírez interpretó la rapidez del anuncio como un mensaje electoral de Trump de cara a las elecciones al Senado de noviembre de 2026.
En el extremo opuesto del espectro político, el economista Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y exministro de Planificación en la década de 1990, dirigió sus críticas directamente contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
«Secretario Marco Rubio: Usted acaba de perder toda la confianza que los venezolanos alguna vez tuvieron en usted, y esto lo perseguirá», escribió Hausmann en X. El economista acusó a Rubio de haber optado por usar el poder de Estados Unidos «no para liberar a los venezolanos, sino para meterse en la cama con nuestros opresores».
Hausmann calificó el acuerdo como «un despojo de activos» y «un pacto inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresor». Sostuvo que Estados Unidos debió haber usado su liderazgo para restablecer primero el orden constitucional y la democracia en Venezuela, «y luego tratar con un gobierno legítimo que pudiera haber asumido compromisos creíbles a largo plazo».
«Este acuerdo anunciado no se sostendrá», advirtió, y aseguró que ninguna gran petrolera estadounidense lo tomará en serio «porque saben que no va a durar».
El exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa durante el período 2017-2020, Manuel Quevedo, calificó las negociaciones como un «remate americano».
«Salí y tomaron Pdvsa. Unos terminaron presos; otros, huyendo y, al final, tanta infamia para un triste ‘Remate Americano’. Nunca olvidaré tanta ignominia» escribió Quevedo en sus redes sociales, asimismo cuestionó la falta de difusión del acuerdo por parte del gobierno venezolano.
Quevedo reivindicó su propia gestión al frente de Pdvsa y aseguró que nunca actuó en función de intereses extranjeros: «No me entregué a intereses extranjeros; enfrenté la traición interna y defendí a Venezuela. Cuando tocó, fui al frente. Siento pena ajena y me duele el futuro del país».
El reconocido geólogo y exministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, adoptó una posición más técnica, centrada en los vacíos jurídicos y fiscales del acuerdo. Durante una entrevista, Calderón Berti cuestionó: «Es muy difícil hablar sobre una cosa que está en el aire… Nadie sabe qué le iban a poner vigente, ¿es la ley actual?».
Señaló la incongruencia del discurso del gobierno nacional, el cual históricamente rechazó la injerencia extranjera pero hoy ejecuta conversaciones para ceder el control sobre más de 65.000 millones de barriles.
El exministro recordó que la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece una regalía del 30% y un Impuesto Sobre la Renta del 50% para las empresas mixtas, condiciones que, según él, hacen inviable el desarrollo masivo de la Faja Petrolífera del Orinoco sin una reestructuración profunda de las leyes tributarias.
«Si se va a hacer algo de envergadura, ¿por qué no lo hacemos bien hecho?», sentenció. A pesar de sus dudas, Calderón Berti reconoció la urgencia energética de Estados Unidos, que enfrenta un consumo que supera su capacidad de producción interna a largo plazo, pero insistió en que «Venezuela no puede aceptar acuerdos bajo cualquier término».
En contraste, el oficialismo ha respaldado el acuerdo. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó su «pleno respaldo» a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a los acuerdos energéticos, señalando que «se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco de los hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional».
Roberto Smith Perera, empresario y dirigente político venezolano, se ha erigido como una de las voces más prominentes en defensa del acuerdo, en marcado contraste con las críticas de los exministros.
A través de su cuenta en la red social X, Smith Perera salió al paso de lo que considera una «premisa equivocada» al interpretar el «control mayoritario» que obtendría EE.UU. sobre 65.000 millones de barriles.
«No significa que EE. UU. recibe 65.000 millones de barriles GRATIS», aclaró, explicando que se trata de «reservas que serán desarrolladas con capital y tecnología privados». Para el empresario, de cada barril producido «habrá costos, participación empresarial, regalías, impuestos e ingresos para Venezuela».
Smith Perera también cuestionó la inacción histórica de los gobiernos venezolanos, argumentando que «en los últimos 30 años apenas hemos producido 23.500 millones» de barriles.
Ante este escenario, contrapuso la oferta estadounidense, señalando que «producir 3 millones de barriles diarios durante 60 años sería magnífico» y que «la tragedia sería dejarlos 100 años bajo tierra produciendo CERO dólares».
Su defensa del acuerdo se fundamenta en una visión pragmática de la soberanía energética: «Soberanía energética no es contemplar desde el empireo el petróleo enterrado. Es convertirlo en riqueza para Venezuela».
Al analizar el conjunto de estas reacciones, se pueden identificar patrones y tendencias claras que trascienden las diferencias ideológicas.
Todos los exministros consultados coinciden en cuestionar la legalidad y legitimidad del pacto: Ramírez y Hausmann lo califican explícitamente de inconstitucional, Calderón Berti señala sus vacíos jurídicos, y la crítica de fondo es que un gobierno interino sin mandato popular claro no puede comprometer los recursos estratégicos de la nación.
Al analizar el discurso de estos exfuncionarios, emergen patrones claros y transversales que se repiten independientemente de su filiación política. En primer lugar, la denuncia de pérdida de soberanía constituye un patrón común en las intervenciones de todos ellos: Ramírez recurre a los términos «colonialismo» y «anexión», Quevedo utiliza la metáfora del «remate» para describir la operación, y Hausmann habla de un «despojo de activos» para calificar el traspaso de control sobre los yacimientos. Este lenguaje de la expoliación, que atraviesa todas las posturas, evidencia que la percepción de vulneración de la autonomía nacional es un eje vertebrador de las críticas, por encima de las diferencias ideológicas que separan a los exministros.
El acuerdo petrolero EE.UU.-Venezuela ha generado así un inusual consenso crítico entre exministros de distintos signos políticos, cuyas objeciones a la legalidad, la legitimidad, la viabilidad económica y el impacto sobre la soberanía nacional contrastan con el respaldo del oficialismo.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez enfrentará un escrutinio sostenido no solo desde la oposición tradicional, sino también desde las propias filas del chavismo histórico y los tecnócratas del petróleo, en un contexto donde la falta de transparencia y la ausencia de un debate público amplio podrían minar la aceptación interna de un pacto que, más allá de sus cifras, se percibe como una cesión de soberanía sin contrapartidas claras para el país.
