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Julio A. López, edito jefe. — La histórica familia empresarial venezolana Cisneros fue apartada de sus derechos sobre seis campos petroleros de Petrodelta, empresa mixta que mantenía con Petróleos de Venezuela desde hace una década, en un proceso que sus representantes califican de confiscación y que fue impulsado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez con el respaldo tácito de la administración Trump.
Los seis yacimientos en disputa —Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto, ubicados en el oriente venezolano— pasaron a manos de Pacific Coast Energy Company (PCEC), una pequeña petrolera estadounidense con sede en California, con experiencia real en crudos pesados, pero sin trayectoria previa en Venezuela.
Según la documentación en nuestro poder y las declaraciones recogidas, el Ministerio de Hidrocarburos abrió un procedimiento administrativo contra Petrodelta en mayo de 2026, revocó sus derechos de explotación en junio y notificó al socio privado en julio; poco después, la empresa petrolera norteamericana comenzó a asumir las operaciones y parte de los trabajadores pasó al nuevo operador.
Petrodelta opera desde el edificio que la constructora venezolana Coinserca, con sede en Barcelona, construyó en Maturín para BP. Era una empresa mixta en la que Pdvsa mantenía el 60% de participación, mientras el 40% restante pertenecía a DP Delta Finance B.V., vehículo vinculado al fallecido magnate venezolano Oswaldo Cisneros —fallecido en 2020— y hoy gestionado por su viuda, Mireya Blavia-Cisneros, y sus herederos.
Cisneros había ingresado al negocio en 2016 tras adquirir una participación minoritaria en Harvest Natural Resources y en la argentina Pluspetrol, comprometiéndose entonces a un préstamo superior a 1.100 millones de dólares con la meta de triplicar la producción hasta 115.000 barriles diarios. La realidad resultó muy distinta: según cifras de Petróleos de Venezuela, Petrodelta apenas producía cerca de 9.000 barriles diarios en julio pasado, tras años de mala gestión del sector, colapso económico venezolano y sanciones estadounidenses que frenaron la inversión conjunta.
La empresa de los Cisneros sostiene que sus derechos contractuales sobre esos campos se extendían hasta 2042, respaldados por resoluciones del Ministerio de Energía y Petróleo de 2006 y un acuerdo de la Asamblea Nacional de 2007. Asegura, además, que nunca fue debidamente notificada de la investigación gubernamental, lo que, a su juicio, constituye una violación del debido proceso, y atribuye los incumplimientos señalados por las autoridades a causas de fuerza mayor: la falta de inversión de Petróleos de Venezuela, el colapso del mercado durante la pandemia y las propias sanciones estadounidenses.
El reclamo económico de la familia es considerable. DP Delta Finance afirma haber invertido más de 120 millones de dólares en los campos y haber entregado a Pdvsa más de 12,5 millones de barriles de petróleo entre enero de 2022 y mayo de 2026, sin recibir el pago correspondiente. Calcula que la deuda acumulada de la estatal petrolera —que incluye unos 340 millones de dólares por dividendos reconocidos en una conciliación de 2015— supera hoy los 1.000 millones de dólares y estima daños potenciales superiores a los 2.000 millones de dólares. Estas cifras, sin embargo, corresponden a la versión de la propia empresa afectada y no han sido contrastadas de forma independiente ni respondidas públicamente por Petróleos de Venezuela ni por el Ministerio de Hidrocarburos hasta el momento.
El caso ha encendido las alarmas entre los analistas sobre la seguridad jurídica de la Primavera Petrolera venezolana. Si un contrato puede ser revocado mediante una decisión administrativa y reasignado a otro operador en cuestión de semanas, cualquier inversionista extranjero podría preguntarse si podría correr la misma suerte. Por su parte, Pacific Coast Energy Company había conseguido cerca de 800 millones de dólares en capital, deuda y financiamiento comercial para iniciar sus operaciones en el país.
El episodio se suma a la ya extensa lista de acuerdos petroleros que Venezuela ha firmado con actores internacionales en las últimas semanas, en momentos en que el país busca atraer decenas de miles de millones de dólares en inversión para reactivar su industria de hidrocarburos golpeada.
