The Daily Journal.— La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este lunes la autorización para que determinadas empresas estadounidenses realicen transacciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales mayoritarias, en una nueva flexibilización del régimen de sanciones que regula las operaciones con el sector petrolero venezolano.
La medida está contenida en la Licencia General 52C, emitida el 14 de septiembre de 2026, que sustituye en su totalidad a la Licencia General 52B del 27 de agosto.
La nueva licencia autoriza a entidades estadounidenses constituidas en Estados Unidos o bajo las leyes de cualquiera de sus jurisdicciones antes o hasta el 29 de enero de 2025 a realizar transacciones que, de otro modo, estarían prohibidas por las órdenes ejecutivas 13884 y 13850 cuando involucren a PdVSA o a empresas en las que la petrolera estatal venezolana tenga una participación directa o indirecta de al menos 50%.
OFAC establece como condición que los contratos con Pdvsa o sus entidades incluyan mecanismos de resolución de controversias en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.
Asimismo, los pagos monetarios destinados a personas bloqueadas —con excepción de impuestos locales, permisos y tasas— deberán dirigirse a los denominados Foreign Government Deposit Funds, creados bajo la Orden Ejecutiva 14373, o a otra cuenta que determine el Tesoro estadounidense.
El esquema supone que las empresas estadounidenses podrán establecer relaciones comerciales con Pdvsa pese a las sanciones que continúan vigentes, siempre que las operaciones cumplan las condiciones establecidas por OFAC.
Qué sanciones están detrás de la licencia
La Licencia 52C debe entenderse dentro del entramado de sanciones estadounidenses sobre Venezuela.
La Orden Ejecutiva 13850, emitida en noviembre de 2018, estableció un marco para bloquear los bienes de personas que contribuyeran a determinadas actividades relacionadas con la situación venezolana y permitió designaciones sobre sectores estratégicos. Pdvsa fue posteriormente incluida en este régimen. OFAC explica que la orden, en su versión aplicable, es una de las autoridades que sustentan las sanciones sobre la petrolera estatal.
La Orden Ejecutiva 13884, de agosto de 2019, fue más amplia y bloqueó los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela.
La licencia también mantiene expresamente restricciones derivadas de la Orden Ejecutiva 13808, de 2017, que limita determinadas operaciones con deuda y valores del Gobierno venezolano y de Pdvsa. En el caso de la petrolera, esa orden prohíbe determinadas transacciones relacionadas con deuda emitida después del 25 de agosto de 2017 con vencimiento superior a 90 días.
Por su parte, la Orden Ejecutiva 13835, de mayo de 2018, restringe operaciones relacionadas con la venta, transferencia, cesión o utilización como garantía de participaciones accionarias del Gobierno venezolano en entidades en las que posea 50% o más.
La nueva licencia, sin embargo, no levanta esas restricciones de manera general. Por el contrario, especifica que determinadas operaciones relacionadas con deuda, bonos y participaciones accionarias continúan prohibidas.
Qué se permite ahora
El cambio más relevante es que una empresa estadounidense que cumpla las condiciones de la licencia puede realizar transacciones con Pdvsa y sus compañías controladas que anteriormente estaban bloqueadas por las órdenes 13884 y 13850.
La autorización alcanza también las operaciones necesarias para que el Gobierno venezolano participe en esas actividades, siempre que sean necesarias para las transacciones permitidas y se respeten las condiciones de pago.
Además, OFAC permite que personas bloqueadas que actúen oficialmente como funcionarios, empleados o representantes autorizados de Pdvsa puedan participar en la firma y ejecución de contratos y otros documentos necesarios para las operaciones autorizadas.
En términos prácticos, esto facilita que compañías estadounidenses puedan contratar directamente con Pdvsa, negociar y ejecutar acuerdos y realizar los pagos correspondientes dentro del mecanismo financiero establecido por Washington.
La medida se suma a otras licencias emitidas este año que han ido habilitando determinadas operaciones de empresas estadounidenses en Venezuela. En marzo, por ejemplo, OFAC explicó que su Licencia General 52 permitía a empresas estadounidenses establecidas realizar determinadas actividades con Pdvsa, incluyendo operaciones vinculadas con petróleo venezolano, suministro de diluyentes, bienes, servicios y tecnología para actividades petroleras y nuevos contratos de inversión en exploración, desarrollo o producción.
En agosto, el Tesoro modificó nuevamente varias licencias venezolanas y eliminó para determinadas operaciones el requisito de que los contratos estuvieran regidos por las leyes de Estados Unidos. No obstante, OFAC mantuvo la exigencia de que los eventuales procedimientos de resolución de controversias se desarrollen en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur.
El dinero queda bajo control de EE.UU.
Uno de los elementos centrales de la nueva licencia es el mecanismo para administrar los pagos.
El dinero que deba recibir una persona bloqueada no podrá simplemente transferirse a una cuenta venezolana de libre disposición. Salvo impuestos locales, permisos y tasas, los pagos deberán depositarse en los Foreign Government Deposit Funds o en otra cuenta indicada por el Tesoro.
Ese mecanismo fue establecido mediante la Orden Ejecutiva 14373, de enero de 2026, denominada «Protegiendo los ingresos petroleros de Venezuela en beneficio de los pueblos estadounidense y venezolano».
OFAC ha señalado que para efectuar depósitos en ese fondo los participantes deben suministrar información detallada sobre las partes, el contrato, el producto, los volúmenes, el monto, la fecha y la operación que origina el pago.
El diseño permite así autorizar actividad comercial con entidades venezolanas sancionadas sin liberar completamente los fondos bajo el régimen estadounidense.
Límites a la apertura
La Licencia 52C no constituye un levantamiento general de las sanciones contra Venezuela o Pdvsa.
La autorización excluye operaciones relacionadas con determinados bonos y deuda del Gobierno venezolano o de Pdvsa, así como transacciones vinculadas con la venta, transferencia o constitución de garantías sobre participaciones accionarias del Gobierno venezolano.
También quedan fuera las operaciones destinadas a ejecutar embargos, sentencias, laudos arbitrales u otras órdenes judiciales que puedan transferir o afectar bienes bloqueados.
OFAC mantiene además las restricciones sobre otras personas incluidas en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), salvo las excepciones expresamente contempladas para Pdvsa y sus entidades.
La licencia tampoco permite operaciones con personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, ni con determinadas entidades de Venezuela o Estados Unidos controladas por personas sujetas a la jurisdicción china. También excluye operaciones con embarcaciones bloqueadas.
Otro límite particularmente relevante para el sector petrolero es que la licencia no autoriza operaciones destinadas a modificar la estructura de gobierno corporativo de PDV Holding, Citgo Holding o CITGO Petroleum Corporation. Esto significa que la nueva autorización comercial no equivale a una autorización para alterar el control corporativo de Citgo.
Reportes sobre exportaciones fuera de EE.UU.
La licencia introduce además obligaciones de información para quienes exporten, reexporten, vendan o suministren petróleo o productos petroquímicos de origen venezolano a países distintos de Estados Unidos bajo esta autorización.
Las empresas deberán informar a las autoridades estadounidenses sobre las partes involucradas, productos, volúmenes, montos, fechas, destinos finales e impuestos o pagos realizados al Gobierno venezolano.
El primer informe deberá presentarse dentro de los 10 días siguientes a la primera operación y posteriormente cada 90 días mientras continúen las transacciones.
La exigencia refuerza el carácter supervisado de la apertura: Washington permite determinadas operaciones con Pdvsa, pero mantiene mecanismos de trazabilidad sobre el comercio y sobre los flujos financieros asociados.
