Antonio Suárez, presidente de la federación, plantea que el gobierno entregue recursos a las cajas de ahorro para que sus afiliados vulnerados por los sismos reciban créditos en mejores condiciones
Vanessa Davies
No preguntaron quién era trabajador público o privado, ni filiación política, ni simpatías o antipatías. Los terremotos del 24 de junio se llevaron todo por delante: personas, estructuras, mascotas. Las necesidades de un país ya necesitado se agravaron.
El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, teme que el sector laboral del Estado empeore aún más. A diferencia de otros sectores, explica, “tenemos una ventaja, y es que recibimos un salario quince y último, y unas compensaciones. Todo es muy bajo, pero lo estamos recibiendo”. No es igual para otras personas, como los trabajadores playeros, que quedaron sin ingresos hasta que los balnearios se reactiven.
Fedeunep, subraya, seguirá de cerca la reconstrucción de La Guaira. “Es vital tener un estado La Guaira que esté operativo, que el turismo vuelva y que pasemos esta tragedia tan dramática que hemos vivido, y en la que hemos perdido amigos, conocidos, dirigentes sindicales, familiares”. Uno de los fallecidos, recuerda, es Rafael Pacheco, dirigente del sindicato de la Alcaldía de Vargas.
Suárez participó el pasado viernes 11 de septiembre en el foro “Economía y trabajo: perspectivas de recuperación económica de La Guaira después de la catástrofe”, organizado por la FES Venezuela y efectuado en la sede de la Cámara de Comercio de Vargas.
Censo de afectados
La administración pública completa tiene unos 3 millones de trabajadores, calcula el dirigente sindical. No hay datos claros de La Guaira, aunque los principales empleadores públicos de la entidad son Bolipuertos y el Aeropuerto de Maiquetía.
¿Hay trabajadores públicos en situación crítica por los sismos? “Muchísimos, aunque no hay una data específica. Los servidores públicos están dentro del censo nacional y entran como un ciudadano más”.
Los organismos públicos deben hacer un censo de empleados del Estado afectados por los terremotos, insiste Suárez. “Hay que censar a los trabajadores activos y jubilados de cada organismo para ver de qué manera vamos a prestarles la colaboración, porque nosotros solos, como organizaciones sindicales, no podemos hacer esa labor. Necesitamos el concurso de nuestro empleador, que en este caso son los ministerios, los institutos autónomos, gobernaciones o alcaldías”.
Apoyo a las cajas de ahorro
La urgencia principal tras el 24 de junio, estima, es la vivienda. “Otro elemento importantísimo es la flexibilización de los requisitos para que ellos puedan acceder a créditos. Hoy día, con el salario que tiene, el trabajador público no llena los requisitos para que le den un crédito”, puntualiza.
Por eso, Fedeunep propone que el gobierno respalde a las cajas de ahorro con la entrega de recursos para que sus afiliados puedan recibir fondos para vivienda. “Lo hemos planteado en las mesas de consenso. Las cajas de ahorro no actúan como la banca, pero pueden dar crédito, y ahí están los trabajadores activos y jubilados”. Es perentorio, remarca, que las personas damnificadas o con sus hogares perjudicados por los sismos puedan acceder a créditos con menos complicaciones.
