Neirlay Andrade.— El histórico acuerdo petrolero suscrito por la administración encargada de Delcy Rodríguez con la Casa Blanca ha dejado tras de sí una estela de dudas y cuestionamientos. No podría ser de otro modo: el documento que compromete el destino de una quinta parte de las reservas probadas de crudo venezolano permanece bajo secreto. Este detalle ha enfriado el optimismo que acompañó el anuncio oficial y la opinión pública reclama que el documento salga a la luz. Pero, transcurridos los días, el horizonte de las exigencias se ha ensanchado. El país comienza a preguntarse qué pasará con los recursos que genere el acuerdo y, sobre todo, cómo serán administrados.
Uno de los actores políticos que ha respaldado de manera condicionada el acuerdo es el diputado opositor del partido Stalin González.
“Yo estoy de acuerdo con el acuerdo”, afirmó González al evaluar el pacto durante un foro organizado por la fracción del Grupo Parlamentario Libertad en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El parlamentario condicionó su valoración a que se conozcan las condiciones concretas bajo las cuales fue suscrito. “Tienen que mostrarnos cuál es el negocio que se hizo, dónde está eso”, sostuvo.
Para el diputado, el principal problema actualmente no es solamente determinar si el acuerdo resulta conveniente para Venezuela, sino conocer con precisión sus términos. A su juicio, existe una diferencia entre los anuncios públicos realizados por funcionarios venezolanos y estadounidenses y el contenido jurídico del convenio.
“Hay que separar los titulares de prensa a lo que está pasando con el contrato”, señaló. Según González, hasta ahora se han divulgado declaraciones sobre inversiones, producción, regalías y reservas, pero “el contrato no existe” públicamente.
El parlamentario planteó iniciar una campaña para exigir su publicación y consideró que, por las dimensiones de los recursos comprometidos, el acuerdo debería ser tratado como un asunto de interés nacional.
“Si el comprometer el 20% de las reservas aprobadas de este país no es un contrato de interés nacional, entonces ¿qué es un contrato de interés nacional?”, cuestionó.
Transparencia y rendición de cuentas
González extendió su reclamo más allá de la publicación del contrato y pidió establecer desde ahora cómo serán registrados y utilizados los ingresos derivados de la actividad petrolera.
“Hay que empezar a preguntar cuando eso empiece a ingresar, cómo se va a rendir cuentas de todo eso, cómo se está invirtiendo todo eso”, afirmó.
El diputado sostuvo que la recuperación de los ingresos petroleros debería traducirse no solo en inversiones en infraestructura, sino también en una mejora del ingreso de los trabajadores.
“Porque no es nada más hospitales, redes hospitalarias, electricidad, sino en sueldos, salarios”, dijo.
También planteó que el eventual incremento de la actividad petrolera debería generar capacidades nacionales mediante la incorporación de tecnología y la formación de profesionales.
“Que las universidades puedan tener mejor presupuesto, para tener ingenieros en petróleo, en química, especialistas en todo eso”, explicó.
En su lectura, el desarrollo petrolero podría además generar cambios regulatorios en sectores vinculados a la energía, la tributación y las relaciones laborales. González mencionó la eventual discusión de una ley que permita a las empresas petroleras generar su propia energía sin depender del sistema interconectado, así como futuras modificaciones en materia tributaria y laboral.
Crítica a la política petrolera venezolana
González atribuyó parte de la actual fragilidad de la industria petrolera venezolana a decisiones adoptadas durante el chavismo, particularmente a una estrategia centrada en controlar los precios internacionales mediante restricciones a la producción.
“Hubo una política desde el 2000 (…) donde la política venezolana no era con base a subir producción, sino a controlar precios”, sostuvo.
Según su interpretación, mientras los precios internacionales permanecieron elevados, las consecuencias de esa estrategia quedaron parcialmente ocultas por el elevado flujo de ingresos.
A ello sumó la pérdida de capacidades de Pdvsa, la desinversión, la salida de profesionales y el despido masivo de trabajadores de la empresa.
“Pdvsa dejó de ser una empresa corporativa, de rendir cuentas, de tener balance, a tener una caja chica paralela y un presupuesto paralelo al del Estado”, afirmó.
González consideró que mantener esa estrategia después de 2017 constituyó un error.
“Se sacrificó la producción, el desarrollo de la empresa, la principal empresa de este país por controlar el precio por una decisión geopolítica”, dijo.
A su juicio, el deterioro acumulado explica que Venezuela llegue al nuevo escenario petrolero con una industria que necesita capital, tecnología y nuevos acuerdos para recuperar capacidad productiva.
Un mercado más cercano
Desde la perspectiva comercial, González consideró que Estados Unidos ofrece a Venezuela un mercado particularmente relevante para colocar crudo pesado.
Explicó que buena parte del petróleo venezolano es pesado y que las refinerías estadounidenses ubicadas en la zona del Golfo de México habían reducido en los últimos años su procesamiento de este tipo de crudo.
“Desde el punto de vista del mercado, porque al final aquí están los intereses de cada quien, Estados Unidos tiene un interés, que es proveerse de energía”, señaló.
A su juicio, la proximidad geográfica permitiría a Venezuela incrementar los volúmenes destinados a Estados Unidos y obtener mejores condiciones comerciales, aunque aclaró que ello no implica abandonar mercados como India o China.
“Estados Unidos nos queda más cerca y es mucho más factible vender en mayores cantidades, en mayor producción, venderle a Estados Unidos y poder lograr un mejor precio”, afirmó.
González señaló que Estados Unidos, India y China se encuentran entre los principales consumidores de petróleo pesado y destacó que el escenario energético mundial está experimentando una transformación que trasciende el caso venezolano.
Venezuela en una disputa energética global
El diputado sostuvo que el debate sobre el acuerdo petrolero no puede desligarse de una competencia internacional por el control y suministro de energía.
“Hay toda una discusión, una competencia y una guerra en el mundo por energía, y eso está pasando en el medio de todo esto”, afirmó.
En ese contexto, consideró que Venezuela ocupa una posición estratégica por sus reservas y por las características de su crudo, pero advirtió que los intereses estadounidenses deben analizarse conjuntamente con los intereses venezolanos.
“El interés de Venezuela es tener mayores ingresos, poder recuperar nuestra calidad de vida, pero esa calidad de vida debe recuperar nuestra democracia”, señaló.
González también cuestionó la interpretación según la cual las acciones estadounidenses posteriores al 3 de enero pueden explicarse exclusivamente como una iniciativa para promover la democracia venezolana.
“El 3 de enero nos cambió la vida a todos, pero creer que el 3 de enero se vino a exportar democracia, no creo que sea el único punto de vista que hay que tener”, afirmó.
La doctrina de seguridad nacional de EE.UU.
El diputado vinculó su análisis con la actualización de la doctrina de seguridad nacional estadounidense publicada en noviembre de 2025.
“Todo está escrito”, afirmó. “En noviembre del 2025, el Departamento de Estado publica una actualización de la doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y los invito a que lo lean”.
Según González, ese documento permite analizar la política estadounidense hacia América Latina desde una perspectiva que incluye el uso de la fuerza, la consideración de la región como esfera de influencia y la importancia estratégica de la energía.
“Ahí está usar la fuerza como un método de persuasión, ver a América Latina como su esfera de influencia, ver la energía como un tema prioritario, todo está ahí”, sostuvo.
Para González, esas variables forman parte del contexto en el que debe interpretarse el acuerdo petrolero y las decisiones estadounidenses sobre Venezuela.
“Venezuela está en el medio de esa discusión”, afirmó.
