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María Alejandra Díaz Marín.- Existe una pregunta fundamental que el debate político venezolano todavía no ha formulado con suficiente rigor: ¿estamos verdaderamente ante una negociación convencional entre Estados soberanos o ante una operación de profunda captura privada de activos, recursos y decisiones estratégicas?
La diferencia conceptual no es semántica, sino estructural y constitucional. Si lo que estuviera ocurriendo fuera un acuerdo intergubernamental regulado por el derecho internacional, debería poder identificarse con absoluta precisión quién negocia, bajo qué mandatos constitucionales explícitos, mediante qué instrumentos jurídicos vinculantes y con qué mecanismos eficaces de control democrático y fiscalización parlamentaria. Sin embargo, cuando detrás de la arquitectura de la negociación emergen corporaciones privadas transnacionales, fondos de inversión opacos, operadores financieros globales, licencias administrativas discrecionales y contratos reservados, la naturaleza del problema cambia radicalmente. Surge entonces el interrogante ineludible: ¿quién ejerce realmente el poder material sobre los recursos esenciales de la nación venezolana?
En este escenario analítico emerge una hipótesis que merece ser examinada con rigor y sin dogmatismos: actores con trayectorias aparentemente disímiles, como Donald Trump y la alta nomenclatura gubernamental representada por Delcy Rodríguez, encarnan arquitecturas políticas distintas, pero funcionalmente complementarias. Por un lado, la tendencia asociada al liderazgo de Trump encarna la concentración del poder ejecutivo, la reducción deliberada de las intermediaciones burocráticas tradicionales y el establecimiento de una relación directa entre el poder político y las grandes concentraciones de capital corporativo. En el entorno intelectual que rodea a sectores del trumpismo han cobrado relevancia las formulaciones teóricas de Peter Thiel y Curtis Yarvin. Mientras Thiel cuestionó abiertamente la compatibilidad histórica entre la libertad individual y la democracia masiva, Yarvin ha desarrollado una crítica demoledora del Estado democrático liberal, imaginando estructuras en las que un soberano ejerce facultades equivalentes a las de un director ejecutivo (CEO) corporativo.
Afirmar, simplistamente, que el liderazgo estadounidense es de cuño estrictamente yarvinista constituiría un reduccionismo jurídicamente indefendible; no obstante, lo verdaderamente relevante es indagar en las graves consecuencias de que estas ideas tecnocráticas comiencen a sincronizarse con una práctica política basada en la erosión sistemática de los contrapesos institucionales y en la simbiosis con el gran capital transnacional. Por otro lado, se observa la profunda transformación del sistema de dominación venezolano. La supervivencia prolongada de un régimen no exige su inmutabilidad estática, sino su capacidad de mutación adaptativa. Un sistema puede sobrevivir perfectamente a la sustitución o metamorfosis de su cúpula directiva si es capaz de relajar su discurso oficial, diversificar sus alianzas geopolíticas, flexibilizar su modelo económico, abrirse desreguladamente al capital extranjero y reconfigurar sus mecanismos formales de control institucional. Por esta razón conceptual, resulta sumamente útil emplear la categoría de “tiranía gris”: una realidad en la que las instituciones conservan una fachada formal, pero pierden por completo su efectividad material para limitar los abusos de los gobernantes.
Es precisamente en este punto analítico donde se produce la convergencia perversa entre ambos modelos. Mientras una arquitectura concentra la autoridad discrecional desde arriba, la otra preserva los resortes del mando mediante la adaptación económica. Un polo demanda recursos naturales, operadores flexibles y estabilidad para el lucro corporativo; la otra, financiamiento externo, reconocimiento político formal y capacidad operativa para seguir administrando el territorio nacional. El punto geométrico de encuentro se ubica en los recursos estratégicos de la nación. Por esta razón, la llamada “Gran Cesión” debe ser estudiada rigurosamente más allá de la renta petrolera tradicional. Petróleo, gas natural, minería crítica, infraestructura logística, sistemas financieros avanzados y tecnología forman parte indivisible de una misma y única ecuación de poder geopolítico. Cuando la administración de estos sectores vitales queda subordinada a actores externos e internos que deciden sobre la producción, la comercialización y el destino de los ingresos fiscales, la pregunta crucial pasa a ser quién detenta la capacidad soberana real de decisión, y, todavía más inquietante, ¿quién controla a quienes toman esas decisiones?
Esta dinámica abre de par en par la puerta a una verdadera operación privada de captura estatal.
