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Julio A. López, editor jefe. — ExxonMobil está a punto de cerrar un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela para invertir en yacimientos venezolanos, un movimiento que marcaría su regreso operativo al país casi dos décadas después de haberlo dejado por las nacionalizaciones de la era de Hugo Chávez.
Ambas partes negocian en secreto en estas horas los últimos puntos de un memorando de entendimiento que firmarán este mes. El impulso decisivo se habría producido esta semana en Houston, durante la Cumbre Ministerial de Abundancia Energética del G-20, donde delegaciones venezolanas y ejecutivos de Exxon mantuvieron encuentros bajo la coordinación del Departamento de Energía estadounidense, con el seguimiento cercano del Departamento de Estado.
Los más altos directivos de ExxonMobil viajaron en secreto a Caracas para discutir el acceso a cuatro campos de crudo pesado, entre ellos dos bloques emblemáticos de la Faja del Orinoco —Petrovictoria y Petromonagas—, ambos expropiados durante el chavismo. El giro resulta llamativo si se recuerda que el propio CEO de Exxon, Darren Woods, había descartado a Venezuela como destino «no invertible» apenas meses atrás, en una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.
Ahora, esa posición pública del máximo ejecutivo de ExxonMobil denota una estrategia muy bien pensada, mientras que, por detrás, se negociaban los detalles de un acuerdo muy favorable para la empresa que dirige.
Los bloques en discusión sumarían, en conjunto, un potencial de hasta 50.000 millones de barriles. Es una cifra que debe leerse con cuidado: refleja el volumen geológico estimado de los yacimientos en negociación, no las reservas ya adjudicadas ni certificadas a favor de la petrolera. Hasta el cierre de esta nota no se conocen públicamente los campos exactos, la participación accionaria que tendría Exxon, el esquema contractual, el monto de inversión, la producción proyectada ni una fecha de arranque. Tampoco existe un memorando firmado ni un comunicado oficial de la compañía petrolera estatal venezolana ni de la petrolera norteamericana.
Ese realineamiento se sustenta en un acuerdo mayor que Washington ya formalizó y que otorga a Estados Unidos acceso a más de 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas, calificado por Trump como «el mayor acuerdo petrolero de la historia». Chevron, que nunca abandonó el país, amplió en abril su participación en el proyecto Petroindependencia del 35,8% al 49% mediante un canje de activos con Petróleos de Venezuela, lo que le dio ventaja en el Orinoco. GE Vernova, la india ONGC, la italiana Eni y la colombiana GeoPark avanzan en proyectos propios, y Hunt Oil y SLB ya firmaron los primeros contratos bajo el nuevo esquema, elevando los envíos de crudo venezolano a refinerías del Golfo de México a unos 500.000 barriles diarios.
Hoy Venezuela produce cerca de 1,25 millones de barriles diarios, lejos de su capacidad histórica tras años de sanciones, fuga de talento técnico y desinversión en Petróleos de Venezuela. El Gobierno interino apunta a 1,5 millones de barriles diarios hacia fin de año, mientras que consultoras como Rystad Energy proyectan que la producción podría triplicarse hacia 2040 si el nuevo marco atrae inversión sostenida.
Parte del debate en Washington gira en torno a North American Blue Energy Partners (NABEP), la firma privada —con un 35% de participación estadounidense a través del Pentágono— que en agosto recibió 17 yacimientos con un potencial estimado de 60.000 millones de barriles y está controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Marco Rubio defendió públicamente esa elección en una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, argumentando que NABEP era «la compañía privada más grande» con historial productivo en el país y que las autoridades estadounidenses verificaron a Betancourt antes de proceder.
Analistas del sector tienen muchas dudas sobre que NABEP puede cumplir sola las metas anunciadas, y que la irrupción de un gigante con la capacidad técnica y financiera de Exxon podría terminar de definir realmente lo que se piensa hacer con Venezuela y capitalizar sus reservas, las mayores del planeta, en esta nueva etapa.
Podríamos estar ante una especie de “NABEP 2.0”: un acuerdo respaldado por garantías del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Bajo esta hipótesis, el convenio con la nueva empresa vinculada a Alejandro Betancourt habría funcionado como un globo de ensayo, destinado a medir las reacciones del mercado y del entorno político, mientras, lejos de los reflectores, avanzaban negociaciones con una compañía de la escala, la experiencia y la capacidad operativa necesarias para ejecutar un proyecto de semejante magnitud.
