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Diego Bavio. – El 3 de enero se abrió en Venezuela un proceso político de una velocidad desconocida en décadas. La captura de Maduro y el desequilibrio de poder produjeron, en cuestión de días, un escenario que durante años había parecido imposible. Pero aquella velocidad inicial comenzó a fragmentarse rápidamente. La primera señal apareció con la llamada ley de amnistía, aprobada en febrero. La norma parecía anunciar una nueva etapa. Sin embargo, las liberaciones de presos políticos no se produjeron de manera completa ni inmediata.
Y allí apareció la primera paradoja: una ley sancionada por el propio gobierno que pretende conducir la transición no se traduce en la realidad que debería producirse. El problema deja entonces de ser exclusivamente jurídico. Se convierte en político. Porque si una transición comienza sancionando una ley que no se va a cumplir, ¿qué valor tienen los compromisos asumidos por quienes negocian el futuro del país?
La transición atrapada en la transición
Después llegó la negociación política. Y con ella apareció otro fenómeno conocido de la política venezolana: la capacidad del gobierno para convertir una solución política en un problema institucional.
La reconstrucción de las instituciones es uno de los objetivos centrales de la transición. Sin embargo, la renovación del TSJ comenzó a suscitar cuestionamientos jurídicos y constitucionales, entrando en una etapa de debate que se presenta como perenne.
La transición corre entonces el riesgo de quedar atrapada en sí misma. ¿Estamos reconstruyendo las instituciones venezolanas o creando nuevos mecanismos para postergar su reconstrucción?
Mientras tanto, el petróleo corre
El contraste más extraordinario se observa en la economía. Mientras los presos políticos esperan y la arquitectura institucional continúa envuelta en controversias, el petróleo avanza a un ritmo completamente distinto.
Después del gran acuerdo energético comenzaron a sucederse contratos y compromisos con muchas compañías internacionales.
Venezuela necesita desesperadamente esa inversión. Necesita capital, tecnología, infraestructura, producción y mercados. El problema no es la inversión. El problema es el orden en que suceden las cosas.
Una cosa es reconstruir la principal industria venezolana en un marco institucional transparente, previsible y legítimo. Otra es comprometer activos y derechos de largo plazo mientras aún no se define quién tiene la legitimidad política e institucional para gobernar el país.
La imagen resulta incómoda, pero es difícil ignorarla: el patrimonio petrolero venezolano parece estar encontrando inversores mucho más rápido de lo que Venezuela reconstruye las instituciones destinadas a garantizar que esos acuerdos respondan a un proyecto nacional.
Decidir hoy, condicionar mañana
Algunas operaciones conocidas tienen, además, una dimensión extraordinaria. Reuters informó que una estructura vinculada a NABEP obtuvo derechos por 100 años sobre 17 yacimientos con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles, mientras Washington mantiene una participación del 35% estructurada para evitar su dilución.
Esto no significa que toda inversión sea ilegítima. Significa que cada contrato celebrado hoy puede convertirse en una condición del país que el próximo gobierno herede mañana. Y ese es quizás el problema central de esta transición. Una transición democrática debería crear las condiciones para que el gobierno surgido de la voluntad popular pueda ejercer plenamente su mandato.
Por eso importa quién participa de las decisiones actuales y qué legitimidad tiene para comprometer instituciones, activos y recursos que pertenecen al Estado venezolano.
La pregunta no es solo qué contratos se están firmando. Es quien los está firmando, bajo qué autoridad y qué margen tendrá el próximo gobierno para administrarlos o revisarlos.
Venezuela a tres velocidades
Venezuela parece avanzar hoy a tres velocidades distintas. La política: lenta, negociada y llena de obstáculos. Las instituciones: rápidas para reformarse, pero demasiado inciertas para generar confianza. El petróleo: acelerado, con una sucesión de acuerdos que parece no esperar a que la transición termine de definir sus reglas.
El resultado puede producir una paradoja histórica: mientras la transición política se demora, la transición económica avanza lo suficientemente rápido como para definir de antemano parte del país que deberá administrar el próximo gobierno.
Una transición democrática debería entregar a ese gobierno un Estado reconstruido y un patrimonio nacional recuperado. No es un país donde los presos todavía esperan, las instituciones todavía discuten su legitimidad y el petróleo ya tiene comprometida una parte de su futuro.
La verdadera pregunta no es solamente cuándo terminará la transición venezolana. Es que Venezuela recibirá al gobierno que venga después.
