Azul Ambientalistas pidió al Gobierno y a Pdvsa activar medidas de contención y rendir cuentas sobre los recursos destinados a sanear el reservorio.
The Daily Journal.- La Fundación Azul Ambientalistas denunció este lunes un nuevo derrame de crudo en el Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, y exigió al Gobierno de Delcy Rodríguez y a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) respuestas inmediatas para contener la contaminación y atender a las comunidades afectadas.
La organización informó que el vertido, que calificó de «gran magnitud», afecta las costas del municipio Valmore Rodríguez y representa una amenaza para el ecosistema marino y los medios de vida de cientos de familias, de acuerdo con reportes de residentes, turistas y pescadores.
En un comunicado, la directiva de la fundación, encabezada por Gustavo Carrasquel y Yohan Flores, reclamó la aplicación de protocolos de contención y un plan de atención, además de transparencia sobre los fondos destinados a la recuperación del lago.
«Es inaceptable que, a medida que aumenta la producción petrolera, los derrames sean diarios. No existe un plan para atender esta situación», afirmó Flores, citado en la nota. «Mientras tanto, nuestro Lago sufre y las comunidades junto a los pescadores son los más perjudicados», añadió.
Como parte de sus propuestas, la ONG planteó que el 5 % de las regalías petroleras se destine a sanear el Lago de Maracaibo, con «estricta supervisión internacional».
El reservorio de agua salobre, situado en el occidente venezolano, se encuentra en una de las principales zonas de actividad petrolera del país, donde la producción se ubica entre 350.000 y 360.000 barriles diarios.
La fundación ya había advertido el pasado 8 de septiembre sobre un aumento de derrames de petróleo y fugas de gas en las costas orientales del lago. Entonces señaló que estos incidentes se habían registrado de forma continua durante varios meses, en el contexto de la reactivación de las operaciones petroleras en Zulia.
Azul Ambientalistas reiteró su llamado a frenar lo que describió como «impunidad ambiental» y pidió a las autoridades informar sobre las medidas adoptadas para proteger el ecosistema y las comunidades ribereñas.
