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Julio A. López, editor jefe. – En medio de la peor crisis eléctrica que atraviesa Venezuela desde 2019, una empresa privada estadounidense presentó una propuesta técnica y financiera para inyectar 350 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional en un plazo acelerado. Se trata de SAI Group, un conglomerado con más de 30 años de experiencia en generación, control y distribución de energía eléctrica para la industria petrolera, que dirigió el documento a fondos de inversión social y organismos multilaterales de financiamiento, según pudo conocer esta redacción.
El contexto que motiva la propuesta es crítico. Según estimaciones del sector citadas por medios especializados, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) arrastra un déficit estructural de unos 2.000 megavatios frente a una demanda que supera los 14.000 megavatios, y más de la mitad de la población venezolana convive hoy con algún esquema de racionamiento. Los apagones simultáneos se han vuelto rutina en buena parte del país, mientras la estatal Corpoelec —que concentra el control del sector desde su nacionalización en 2007— arrastra años de subinversión, deterioro de la infraestructura y pérdidas técnicas elevadas.
El plan de SAI Group propone instalar siete turbogeneradores GE LM6000 remanufacturados, de 50 megavatios cada uno, distribuidos en tres plantas termoeléctricas ya operadas por Corpoelec: Bajo Grande, en Zulia (150 MW); La Raiza, en Miranda (100 MW); y Alberto Lovera, en Anzoátegui (100 MW). Al tratarse de equipos «brownfield» —es decir, instalados sobre infraestructura y terrenos ya existentes, con acceso directo a gasoductos— la empresa estima tiempos de montaje de menos de 120 días por unidad y una entrega total de equipos de entre 4 y 10 meses, frente a los 18 a 24 meses que tomaría fabricar unidades nuevas desde cero.
Según el documento, la generación distribuida en estos tres nodos permitiría liberar capacidad de transmisión en las líneas troncales de 765 kV, donde se concentra más del 80% de la población venezolana, y beneficiaría directamente a unos 650.000 hogares con un suministro eléctrico más estable, reduciendo la necesidad de cortes programados y protegiendo servicios críticos como hospitales, cadenas de frío y sistemas de bombeo de agua potable.
La propuesta también vincula el proyecto con la recuperación petrolera: al descomprimir la red, sostiene SAI Group, quedaría disponible energía para reactivar sistemas de levantamiento artificial —bombas electrosumergibles y de cavidad progresiva— en pozos de la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que, según sus cálculos, podría sumar entre 45.000 y 60.000 barriles diarios adicionales de producción sin restar suministro a la población civil.
El costo estimado del proyecto completo, según el propio documento, oscila entre 1.120 y 1.330 millones de dólares, equivalentes a entre 3,2 y 3,8 millones de dólares por megavatio instalado, cifra que contempla tanto la adquisición de los turbogeneradores como el proyecto de ingeniería, procura y construcción necesario para su interconexión.
Es importante señalar que se trata de una propuesta formulada de forma independiente por el sector privado estadounidense, sin que, hasta el momento, exista confirmación pública de que el gobierno venezolano o Corpoelec la hayan adoptado formalmente. El plan llega, sin embargo, en un momento en que Washington ya impulsa otros acuerdos de gran escala para el sector eléctrico venezolano: en septiembre, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció en Caracas convenios con GE Vernova, Petroleos de Venezuela y Corpoelec para reactivar activos existentes —incluida la represa del Guri, que opera a la mitad de su capacidad— dentro de seis a doce meses, y sumar 1 gigavatio adicional en dos años y 5 gigavatios más en los siguientes cuatro, en lo que Wright calificó como «un día histórico» para la transformación energética del país.
