The Daily Journal.- Las organizaciones venezolanas Clima21 y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) pidieron al Estado establecer garantías ambientales y de derechos humanos ante la implementación de nuevos convenios y licencias petroleras otorgados a empresas de Estados Unidos.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones expresaron su preocupación por la falta de información pública sobre las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las nuevas operaciones y advirtieron que la recuperación económica y el aumento de la producción petrolera no deben implicar un menor control ambiental ni omitir la atención de los pasivos ecológicos acumulados en el país.
Clima21 y Provea señalaron que el proceso de reactivación de la industria petrolera requiere reglas públicas para prevenir, mitigar y reparar los impactos ambientales, así como mecanismos de rendición de cuentas para las empresas y organismos estatales involucrados.
Las organizaciones plantearon que los nuevos acuerdos comerciales en materia de hidrocarburos deben incorporar cláusulas de debida diligencia ambiental y de derechos humanos, de acuerdo con estándares internacionales, aplicables tanto al Estado venezolano como a las compañías multinacionales que operen en el territorio.
Entre sus principales preocupaciones se encuentra la situación de los pueblos indígenas ubicados en las áreas de influencia de proyectos de extracción y transporte de hidrocarburos. Las ONG exigieron que cualquier nueva operación respete los derechos territoriales y culturales de estas comunidades y garantice mecanismos de consulta previa, libre e informada.
Según el pronunciamiento, la expansión de las actividades petroleras podría incrementar las presiones sobre los territorios indígenas, los suelos y las fuentes de agua dulce, con posibles efectos sobre la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de estas poblaciones.
Clima21 y Provea también alertaron sobre los derrames petroleros que afectan de manera recurrente a ecosistemas marino-costeros, particularmente en zonas del estado Falcón, áreas de manglares y el Golfo de Venezuela.
Las organizaciones señalaron que estos incidentes también tienen consecuencias económicas para las comunidades dedicadas a la pesca artesanal, debido a los daños a embarcaciones y artes de pesca, la afectación de las especies comerciales y la contaminación de los productos destinados al consumo y la comercialización.
Ante este escenario, las ONG presentaron una serie de propuestas al Ejecutivo Nacional y a las autoridades del sector energético, centradas en cinco áreas: acceso a la información, derechos de los pueblos indígenas, remediación de pasivos ambientales, fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y transición hacia una economía menos dependiente del petróleo.
En materia de transparencia, solicitaron la publicación íntegra de las condiciones ambientales asociadas a las licencias petroleras para permitir la supervisión ciudadana. También reclamaron el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos.
Respecto a los pasivos ambientales, pidieron priorizar el saneamiento de las áreas afectadas por derrames históricos y recurrentes antes de avanzar en planes de expansión de la infraestructura petrolera.
Asimismo, solicitaron fortalecer los organismos de control ambiental para evaluar el desempeño y los impactos de las operaciones petroleras y plantearon abrir un debate nacional sobre la diversificación económica y la reducción de la dependencia del rentismo petrolero.
Las organizaciones sostuvieron que la recuperación de la industria de hidrocarburos debe estar acompañada de mecanismos de transparencia, protección ambiental y garantías de derechos humanos.
