The Daily Journal. — La presidenta encargada Delcy Rodríguez remitió este lunes 28 de septiembre una comunicación oficial a la Asamblea Nacional para solicitar la «reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia».
Este instrumento normativo data de noviembre de 2017 y fue aprobada en su momento por la Asamblea Nacional Constituyente.
En la misiva, dirigida al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la mandataria interina expuso los fundamentos institucionales de la petición legislativa.
«La reforma solicitada tiene por objeto avanzar en la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento normativo, como parte de las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional para transformar el sistema de justicia penal de nuestro país y favorecer el reencuentro y convivencia democrática entre las venezolanas y venezolanos», señala el documento formal.
Asimismo, Rodríguez instó al Legislativo a priorizar el debate de la iniciativa legal en su agenda parlamentaria. «Visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la Nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia», concluye la solicitud suscrita por Rodríguez.
Dirigentes políticas y activistas solicitan nulidad
La iniciativa del Ejecutivo coincide temporalmente con la demanda popular de nulidad por inconstitucionalidad introducida ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por un grupo de dirigentes políticas y activistas quienes reclaman la suspensión cautelar y derogación de los artículos penales de la norma por colidir con las garantías de legalidad, debido proceso y libre expresión consagradas en la Constitución.
La acción, promovida por el movimiento Mujeres Políticas, fue interpuesta por Iris de Franca, coordinadora nacional de la organización; Audimar Martínez, integrante del movimiento; Elaisa Ferris, del partido Unión y Cambio; Rosiris Toro, del movimiento Pensando en Venezuela; y Neirlay Andrade, del Partido Comunista de Venezuela (PCV). La abogada Gloria Pinho brindó asistencia jurídica.
Las accionantes solicitan la nulidad absoluta y total de la ley, al considerar que presenta vicios tanto en su origen como en su contenido. Entre sus principales argumentos cuestionan que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tuviera atribuciones para aprobar legislación penal ordinaria, administrativa y de vigencia indefinida, competencias que —sostienen— corresponden a la Asamblea Nacional como órgano legislativo ordinario.
Como medida cautelar innominada, las accionantes solicitaron la suspensión preventiva inmediata de los artículos 14 y 20 al 25, así como de la disposición transitoria segunda, por considerar que contienen las medidas punitivas y regulatorias más severas.
La pretensión principal es la nulidad absoluta y total de la legislación por vicios de origen e inconstitucionalidad material. De manera subsidiaria, solicitaron la nulidad parcial de los artículos 13, 14 y 20 al 25, además de la disposición transitoria cuestionada.
En caso de que la Sala no acuerde esas solicitudes, las dirigentes demandaron que se establezca un criterio vinculante que excluya del alcance punitivo de la ley la crítica política, el ejercicio periodístico y la investigación académica, y que garantice el control judicial previo ante eventuales bloqueos o sanciones.
