The Daily Journal.– La industria petrolera internacional vuelve a poner el foco en Venezuela con una agenda centrada en nuevas oportunidades de inversión, especialmente en el sector gasífero, en un contexto en el que los compromisos ambientales y la remediación de pasivos representan uno de los principales desafíos para el sector energético.
Unos 650 delegados de 30 países participan en Caracas en la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela (VIOGS 2026), un encuentro respaldado por el IESA, VenAmCham y compañías como Chevron, Repsol y TotalEnergies, que busca promover nuevas inversiones y facilitar la reinserción de Venezuela en el mercado energético internacional.
El Caracas Gas Forum concentra buena parte de la agenda de negocios de la cumbre, en momentos en que el aprovechamiento de las reservas de gas natural del país aparece como una de las áreas con mayor potencial para atraer capital y ampliar la oferta energética.
La discusión sobre nuevas inversiones, sin embargo, incorpora también el impacto ambiental de la actividad petrolera. Organizaciones ambientalistas venezolanas reclaman que cualquier proceso de reactivación del sector incluya compromisos verificables para reducir emisiones y atender los pasivos acumulados durante décadas de explotación de hidrocarburos.
«Uno de los principales focos de preocupación es la quema de gas natural asociada a las operaciones petroleras en el oriente del país», afirma el activista Leonardo Salazar, integrante de la Escuela Agroecológica Montalbán.
Salazar explica que la captura y procesamiento de ese gas permitiría, «además de generar una fuente adicional de ingresos», reducir las emisiones asociadas a su combustión y limitar la liberación de metano, un potente gas de efecto invernadero.
El ambientalista plantea asimismo que los nuevos proyectos y contratos petroleros incorporen «fondos específicos y auditables para la remediación de pasivos ambientales».
Entre los problemas señalados figuran los derrames de crudo que afectan al Lago de Maracaibo y zonas costeras de los estados Falcón y Carabobo.
«La presencia de grandes compañías internacionales vuelve relevante el cumplimiento de estándares globales de sostenibilidad, ambiente y gobernanza (ESG), que forman parte de los criterios utilizados por inversores y empresas para evaluar proyectos energéticos», detalla Salazar.
En este escenario, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia plantean que los compromisos ambientales anunciados por las empresas deben traducirse «en obligaciones concretas, con mecanismos de supervisión, financiamiento y rendición de cuentas».
La eventual recuperación de la industria petrolera venezolana plantea así un doble desafío: atraer el capital necesario para incrementar la producción y desarrollar el potencial gasífero, al tiempo que se incorporan al modelo de negocios los costos asociados a la prevención, reparación y mitigación de los daños ambientales acumulados.
«Para los sectores ambientalistas, la discusión sobre el futuro energético de Venezuela no puede limitarse a cuánto petróleo y gas puede producir el país, sino que debe incluir cuánto costará recuperar los ecosistemas afectados y quién asumirá esa responsabilidad», afirma Salazar.
