The Daily Journal. — Pasan los meses tras las intervención militar estadounidense en Venezuela y la promesa de mejoras de las condiciones de vida de los venezolanos sigue en el mismo estatus. El movimiento autónomo de trabajadores, jubilados y pensionados reclama a la administración encargada lo mismo que en su momento a Nicolás Maduro: aumento general de salarios y pensiones vinculado al costo de la canasta básica, la reactivación de las negociaciones colectivas y la restitución de beneficios laborales que, según denuncian, se han deteriorado durante los últimos años.
Las demandas fueron presentadas el pasado jueves, 24 de septiembre, ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, en un nuevo pliego dirigido al titular de esa cartera, Carlos Alexis Castillo.
El documento sostiene que el ministerio tampoco ha respondido al pliego presentado por las organizaciones laborales en marzo, en el que ya habían planteado una serie de reivindicaciones relacionadas con salarios, contratación colectiva, prestaciones sociales y libertad sindical.
El reclamo salarial constituye el principal punto del nuevo documento. Los trabajadores exigen que el ingreso mínimo tenga como referencia el costo de la canasta básica, en línea con el artículo 91 de la Constitución venezolana.
“Exigimos aumento general de sueldos, salarios y pensiones, cuyo piso mínimo de arranque esté indexado al costo real de la Canasta Básica”, señala el pliego.
La exigencia alcanza tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados. Las organizaciones reclaman además que los aguinaldos sean calculados sobre el nuevo salario y pagados íntegramente, sin fraccionamientos, y que se garantice el mismo tratamiento para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión Amor Mayor.
Salario frente a ingresos petroleros
El movimiento laboral vincula sus demandas con la evolución prevista de los ingresos derivados del sector petrolero venezolano y con la flexibilización del régimen de sanciones y licencias estadounidenses que permite determinadas operaciones de hidrocarburos.
Según el pliego, mientras el país avanza hacia nuevos acuerdos e inversiones en el sector energético, esa recuperación de ingresos todavía no se ha traducido en una mejora equivalente del poder adquisitivo de los trabajadores.
“Esta bonanza brilla por su total ausencia en el bolsillo de la clase trabajadora”, afirma el documento, que sostiene que la mayor parte de los beneficios derivados de la actividad económica se concentra en el capital y en sectores privados y financieros.
Las organizaciones cuestionan especialmente el uso de bonificaciones no salariales como mecanismo para complementar los ingresos de los trabajadores. Según su planteamiento, esos pagos no tienen el mismo impacto sobre beneficios como vacaciones, aguinaldos y prestaciones sociales.
Reclamo contra ONAPRE y el Memorándum 2792
Otro de los ejes del pliego es la política salarial aplicada en el sector público durante los últimos años.
Los trabajadores solicitan la derogación del Instructivo ONAPRE y del Memorándum 2792, instrumentos que, según las organizaciones firmantes, contribuyeron a modificar las estructuras salariales y limitar beneficios establecidos en las convenciones colectivas.
El documento reclama además la reanudación de las negociaciones de las convenciones colectivas vencidas tanto en el sector público como en el privado.
La demanda busca recuperar mecanismos de negociación colectiva que los sindicatos consideran fundamentales para determinar salarios y beneficios en función de las condiciones económicas.
Prestaciones sociales y beneficios laborales
El pliego también plantea la restitución de la intangibilidad y retroactividad de las prestaciones sociales, con referencia al artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
Los trabajadores denuncian que la inflación y la depreciación de la moneda han reducido significativamente el valor real de estos beneficios, concebidos como un mecanismo de protección económica al finalizar la relación laboral.
También reclaman recuperar beneficios previstos históricamente en contratos colectivos, entre ellos seguros de salud y mecanismos de ahorro administrados por los propios trabajadores.
Libertad sindical
La quinta demanda del documento se refiere a la situación de dirigentes sindicales y trabajadores procesados o detenidos por participar en protestas.
Las organizaciones solicitan la liberación de quienes consideran “injustamente detenidos y judicializados” y piden el cese de lo que califican como persecución y criminalización de la actividad sindical.
El pliego advierte que, si no reciben una respuesta que consideren satisfactoria, continuarán las movilizaciones de trabajadores, pensionados y jubilados.
“La protesta de los trabajadores, pensionados y jubilados seguirá en las calles de manera firme y consecuente hasta lograr la reivindicación de nuestros derechos”, señala el documento.
Una disputa sobre la distribución del ingreso
Las demandas reflejan una discusión más amplia sobre la distribución del ingreso en Venezuela: mientras el Gobierno busca recuperar la producción y los ingresos del sector energético, las organizaciones laborales reclaman que una eventual mejora de la renta nacional se traduzca en salarios y beneficios laborales con mayor capacidad de compra.
El pliego no establece un monto específico para el nuevo salario, pero plantea como referencia el costo de la canasta básica y exige que el ingreso laboral vuelva a tener incidencia sobre prestaciones, pensiones, vacaciones y otros beneficios vinculados al salario.
La respuesta del Ministerio del Trabajo determinará si las partes retoman la negociación sobre estas demandas, en un contexto en el que el movimiento sindical reclama que la recuperación de la actividad económica tenga un efecto directo sobre el ingreso de los trabajadores.
