Julio A. López, editor jefe de The Daily Journal. — La decisión de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de autorizar, mediante licencias enmendadas, el pago de la defensa legal de Nicolás Maduro con fondos del Estado venezolano no solo plantea una contradicción jurídica. Revela algo más profundo: una peligrosa desconexión entre la legalidad y la realidad humana.
Desde el punto de vista estrictamente legal, el argumento es claro. El sistema judicial estadounidense protege el derecho a la defensa, incluso para los acusados más controvertidos. Por ello, Washington ha flexibilizado las sanciones para permitir que el gobierno de Venezuela cubra los honorarios legales de Maduro, garantizando así el debido proceso.
No se trata de discutir el derecho a la defensa. Ese derecho es incuestionable. Todo acusado, sin excepción, debe tener acceso a abogados y a un juicio justo.
Pero la legalidad, por sí sola, no basta.
El problema es otro.
¿Quién paga?
Que los pague él, no el pueblo venezolano.
Hoy, Venezuela enfrenta una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. Millones de ciudadanos sobreviven con salarios que no alcanzan para comer.
Pensionados condenados a la miseria. Familias enteras dependiendo de remesas. Un país en el que trabajar dejó de ser garantía de dignidad.
Hoy, Venezuela vive una tensión que se parece peligrosamente a mezclar nitrógeno con glicerina: una combinación inestable, impredecible y potencialmente explosiva.
Y en medio de esa realidad, surge una decisión que rompe cualquier lógica ética: permitir que el dinero del Estado —es decir, el dinero de todos los venezolanos— se utilice para pagar la defensa multimillonaria de quien la mayoría de los venezolanos consideramos responsable directo de ese colapso.
No hay dinero para salarios dignos.
No hay dinero para pensiones humanas.
No hay dinero para servicios básicos.
Pero sí hay dinero —o mecanismos legales para liberarlo— para proteger al poder.
Eso no es justicia. Eso es un privilegio.
A días del anuncio de Delcy Rodríguez de un aumento salarial que todo indica será insuficiente, el país enfrenta una realidad que raya en lo insultante. Millones de venezolanos esperan un ajuste que difícilmente aliviará su precariedad. Salarios simbólicos, pensiones miserables, servicios colapsados.
Y al mismo tiempo, el Estado —ese mismo que dice no tener recursos— aparece con capacidad para financiar la defensa legal de quien llevó al país a la ruina. Los documentos judiciales confirman que las licencias de la OFAC permiten que los abogados reciban pagos del gobierno venezolano bajo condiciones específicas.
Ese contraste no es político. Es moralmente devastador.
No hay dinero para el sistema eléctrico.
No hay dinero para los hospitales.
No hay dinero para reconstruir el país.
Pero sí hay dinero —o mecanismos para conseguirlo— para pagar una defensa multimillonaria.
Y aquí es donde el argumento deja de ser ambiguo; todos estamos de acuerdo en que Maduro tiene derecho a sus abogados. Eso no está en discusión.
Pero que los pague con su propio dinero, no con el dinero de todos los venezolanos.
No se trata de tecnicismos legales. Se trata de justicia percibida.
Y en política —como en la historia— la percepción lo es todo.
El mensaje que recibe la población es claro, aunque nadie lo diga explícitamente: hay prioridades… y no son ellos.
Para millones de venezolanos, esto no es un debate constitucional. Es una herida abierta. Es el recordatorio de que, incluso en medio del colapso, el poder sigue encontrando cómo protegerse a sí mismo.
La justicia exige defensa. Pero la legitimidad exige coherencia.
Cuando un Estado no puede sostener a su gente, pero sí puede sostener la defensa del poder, el problema deja de ser legal. Cuando un Estado empobrecido termina financiando la defensa de quien lo condujo a esa pobreza, el problema deja de ser jurídico. Se convierte en una denuncia.
Una denuncia contra un sistema que permite excepciones legales sin considerar sus efectos reales.
Una denuncia contra una estructura de poder que siempre encuentra recursos para sí misma.
Y una denuncia contra la indiferencia ante el sufrimiento de millones.
No se trata de tecnicismos. Se trata de dignidad.
La justicia no puede ser selectiva en su impacto. Ni puede sostenerse en la percepción de que protege a unos mientras ignora a los demás.
Porque cuando eso ocurre, la ley deja de ser un instrumento de equilibrio y comienza a parecer un instrumento de impunidad. La defensa millonaria de Maduro es más que un simple problema legal.
Se vuelve moral.
Se vuelve político.
Se vuelve histórico.
Y como toda mezcla inestable, puede permanecer en silencio por un tiempo…
Hasta que explota
