The Daily Journal. – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, formalizó el una doble actualización de su política de sanciones. El organismo norteamericano publicó el lunes el desglose técnico de las nuevas restricciones punitivas contra Cuba, que incluyen el bloqueo total de la Dirección de Inteligencia de la isla (conocida popularmente como el G2) y a altos jerarcas del aparato estatal. En paralelo, la administración emitió una licencia general vinculada a las operaciones energéticas de la Federación de Rusia.
En lo que respecta al programa ruso, el Tesoro estadounidense emitió la Licencia General 134C, un instrumento legal que autoriza formalmente la entrega y venta de crudo y productos petroleros de origen ruso que hayan sido cargados en buques con fecha límite al 17 de abril de 2026, regulando así los márgenes de comercialización marítima bajo el esquema de topes de precios internacionales.
Golpe al aparato de inteligencia y la cúpula del Estado cubano
La medida más drástica de la actualización se centró en Cuba bajo la orden ejecutiva CUBA-EO14404. La OFAC incorporó de manera definitiva a su Lista de Nacionales Designados Especialmente y Personas Bloqueadas (Lista SDN) a la Dirección de Inteligencia de Cuba (identificada en los registros oficiales como la Dirección General de Inteligencia, DGI o G2), una de las estructuras más herméticas del gobierno cubano, fundada en junio de 1961.
La lista de penalizaciones individuales abarca a figuras de la primera línea de la administración cubana. Entre los sancionados destaca Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, junto a los titulares de carteras estratégicas como Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, y Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones.
Asimismo, las restricciones alcanzan a la cúpula partidista y judicial mediante la inclusión de Roberto Tomás Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y de Rosabel Gamón Verde, quien se desempeña como viceministra de Justicia. El sector militar también fue alcanzado directamente con la designación de Joaquín Quintas Solá, general de Cuerpo de Ejército y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El listado de nuevos sancionados de alto rango lo completan los funcionarios José Miguel Gómez del Vallín, Eugenio Armando Rabilero Aguilera y Raúl Villar Kessell. La inclusión en esta lista negra implica la congelación inmediata de todas las propiedades e intereses que estos individuos posean en territorio estadounidense y prohíbe de forma absoluta a cualquier entidad o ciudadano de EE. UU. realizar transacciones comerciales o financieras con ellos.
Recategorización y ampliación del cerco policial
La OFAC también ejecutó modificaciones técnicas en los registros de entes previamente sancionados bajo la Ley Magnitsky Global (GLOMAG), extendiendo sobre ellos la aplicación de la nueva orden ejecutiva sobre Cuba para unificar los criterios de persecución financiera. Bajo este esquema, se actualizaron los estatus del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) como entidades gubernamentales catalogadas como objetivos de máxima restricción.
