The Daily Journal.– El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este miércoles la apertura de una acusación formal sustitutiva contra el expresidente cubano Raúl Modesto Castro Ruz, de 94 años por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves civiles desarmadas ocurrido el 24 de febrero de 1996. Los aviones eran operados por la organización humanitaria Brothers to the Rescue (Hermanos al Rescate) y fueron destruidos sobre aguas internacionales.
De acuerdo con el documento legalizado por la justicia norteamericana, junto a Castro Ruz fueron imputados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Este último se encuentra actualmente bajo custodia estadounidense a la espera de una sentencia penal en el Distrito Medio de Florida por un delito migratorio previo.
Histórica imputación
Las autoridades judiciales estadounidenses destacaron la trascendencia de este dictamen, señalando que representa un hito en las relaciones legales y políticas hacia la isla caribeña. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, enfatizó el compromiso institucional para alcanzar la rendición de cuentas tras más de tres décadas del incidente en el que fallecieron los ciudadanos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
“Por primera vez en casi 70 años, la alta dirección del régimen cubano ha sido acusada en los Estados Unidos por presuntos actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, declaró Blanche.
Asimismo, el fiscal general envió un mensaje categórico bajo la administración vigente: “El presidente Trump y este Departamento de Justicia están comprometidos a restaurar un principio simple: si matas a estadounidenses, te perseguiremos. No importa quién seas. No importa qué cargo tengas”.
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, remarcó la persistencia de las agencias de inteligencia para resolver el caso: “Durante 30 años estas familias han esperado respuestas, y este FBI nunca lo olvidó. Continuaremos trabajando con nuestros socios del Departamento de Justicia para llevar ante la justicia a quienes atacaron a nuestros civiles”, aseveró Patel.
La infiltración y el ataque en el espacio aéreo internacional
Hermanos al Rescate era una organización civil con sede en Miami encargada de realizar operaciones aéreas de asistencia humanitaria en el Estrecho de Florida para localizar a balseros y migrantes cubanos en situación de riesgo. Según la acusación del Departamento de Justicia, a principios de los años 90 la inteligencia cubana infiltró la organización y recopiló detalles de sus rutas de vuelo, datos que posteriormente la dirección militar utilizó para planificar el ataque.
El expediente detalla que el 24 de febrero de 1996, tres aviones de la ONG despegaron desde el Aeropuerto de Opa-locka. En las semanas previas, pilotos de la fuerza armada cubana ya habían realizado ejercicios específicos para interceptar aeronaves de lento desplazamiento. Finalmente, cazas militares cubanos que operaban bajo la cadena de mando supervisada por Raúl Castro dispararon misiles aire-aire contra dos de los aviones Cessna civiles desarmados (matrículas N2456S y N5485S), destruyéndolos por completo y sin advertencia previa fuera del territorio de Cuba.
Graves cargos penales y posibles condenas
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, reafirmó la vigencia de la acción penal de su oficina frente al paso de las décadas.
“El paso del tiempo no borra un asesinato. No disminuye el valor de estas vidas y no debilita nuestro compromiso con el Estado de derecho», argumentó el funcionario.
La acusación formal sustitutiva contempla graves delitos federales que incluyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato. De ser hallados culpables en los tribunales, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración, mientras que Castro Ruz y Pérez-Pérez sumarían hasta cinco años adicionales por cada cargo de destrucción de aeronaves.
