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María Alejandra Díaz Marín.- Durante décadas, Venezuela confundió la posesión de recursos naturales con la soberanía. Tener petróleo, gas, minerales, agua o capacidad hidroeléctrica no garantiza la independencia. La verdadera soberanía surge cuando una nación controla, transforma e industrializa esos recursos para convertirlos en bienestar, poder económico y capacidad geopolítica.
En el siglo XXI la energía dejó de ser un asunto exclusivamente económico. Hoy constituye un componente esencial de la seguridad nacional, la estabilidad política y la autonomía estratégica de los Estados. Por ello, un nuevo gobierno debe asumir la soberanía energética como política permanente de interés nacional.
Venezuela posee una ventaja excepcional. Cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, importantes recursos gasíferos, minerales estratégicos, abundantes reservas de agua dulce y uno de los mayores potenciales hidroeléctricos de América Latina. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que exportar materias primas sin transformarlas genera dependencia y fragilidad económica.
El petróleo seguirá siendo, durante décadas, un activo fundamental para el desarrollo. Pero la prioridad ya no puede limitarse a aumentar la extracción. La verdadera riqueza radica en desarrollar toda la cadena industrial asociada.
La petroquímica debe convertirse en uno de los pilares de la reconstrucción económica. Venezuela posee capacidad para producir fertilizantes, polímeros, fibras sintéticas, insumos médicos y químicos industriales. Exportar bienes manufacturados genera más riqueza y empleo que vender crudo sin procesar.
El gas natural debe ocupar un lugar aún más relevante. Las economías que transformaron su estructura productiva utilizaron este recurso como palanca para la industrialización. Venezuela necesita una estrategia orientada a garantizar una electricidad confiable, fortalecer la petroquímica, expandir la producción de fertilizantes e impulsar nuevas industrias.
La recuperación del sistema eléctrico constituye igualmente una prioridad de seguridad nacional. Ningún país puede aspirar al desarrollo con servicios inestables. La reconstrucción energética exige modernizar la generación termoeléctrica, recuperar las redes de transmisión y fortalecer el potencial hidroeléctrico.
Aquí emerge una ventaja estratégica de enorme importancia: el agua. Mientras amplias regiones del planeta enfrentan riesgos crecientes de escasez, Venezuela dispone de inmensas reservas hídricas y de una extraordinaria capacidad hidroeléctrica. La riqueza estratégica del siglo XXI no será únicamente el petróleo, sino también la combinación de energía, agua y conocimiento tecnológico.
La soberanía energética moderna exige, además, una visión clara sobre la minería estratégica y las tierras raras. La inteligencia artificial, las telecomunicaciones y la transición energética dependen cada vez más de minerales críticos como el coltán, el níquel, el titanio y el torio.
Sin embargo, Venezuela no puede repetir, con los minerales, los errores cometidos con el petróleo. Su explotación debe responder al interés nacional, con controles ambientales y con industrialización obligatoria. El objetivo no debe ser exportar minerales en bruto, sino producir materiales avanzados y bienes tecnológicos de mayor valor agregado.
Por ello resulta indispensable una política nacional de recursos estratégicos basada en tres principios: soberanía, industrialización y sostenibilidad.
Se requiere la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Energética y Recursos Estratégicos, encargado de coordinar el petróleo, el gas, la electricidad, el agua, la minería y la transición energética con una visión a largo plazo. Asimismo, debe constituirse un Fondo Soberano Intergeneracional destinado a la infraestructura, la educación, la ciencia, la tecnología y la industrialización.
El mundo ha entrado en una nueva competencia global por energía, minerales críticos, agua y tecnología. Las naciones que prosperen serán aquellas capaces de convertir sus ventajas naturales en capacidades productivas duraderas.
Venezuela dispone de todos los recursos necesarios para convertirse en una potencia energética e industrial de referencia a nivel continental. Lo que ha faltado no son riquezas, sino una estrategia nacional coherente que las convierta en desarrollo.
La soberanía energética del siglo XXI no consiste simplemente en extraer recursos del subsuelo. Consiste en transformarlos en industria, conocimiento, infraestructura, empleo y poder nacional. En definitiva, convertir la riqueza natural en la base material de una república moderna, soberana y próspera.
Porque la energía no es únicamente un factor económico: es uno de los fundamentos esenciales de la independencia nacional y de la capacidad de una nación para decidir libremente su destino.
