Américo Briceño Dos Santos, politólogo y profesor universitario.- El concepto de paz es convenientemente entendido por las mayorías como la ausencia de guerra o periodo sin conflicto. Sin embargo, el político costarricense, Oscar Arias la caracteriza como: “un proceso, una actitud, un comportamiento, una forma de vida. No es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos por medios pacíficos».
Venezuela durante los últimos 25 años viene arrastrando una serie de conflictos en lo político, económico y social que la distancia de una calificación como nación en paz, aunque se han intentado múltiples versiones para la resolución de conflictos, los intereses de distintos grupos se han impuesto, llegando incluso a negar la existencia del otro.
No podríamos avanzar sin revisar la útil caracterización que hace el politólogo Johan Galtung (1996) que señala diferencias entre la paz negativa: “aquella que se impone mediante la fuerza de las bayonetas y el silencio de los cementerios” y de la paz positiva: “la cual solo germina allí donde existen justicia social, legitimidad institucional y respeto irrestricto a la soberanía ciudadana”.
Cuando los conflictos políticos y socioeconómicos de una Nación abandonan los mecanismos institucionales para dirimir las disputas y escalan hacia tipos de violencia y represión, la estabilidad de una sociedad pasa de la incertidumbre al miedo. Hacer uso de ellas nos coloca fuera del espacio de paz y prepara a los ciudadanos para un conflicto de largo aliento contra la autoridad y contra sus conciudadanos.
El 28-J ocurrió un punto de quiebre para la historia institucional de nuestro país. Un resultado electoral que no descansó en la aspiración de amplios sectores políticos y unos cómputos que por simple matemática no se sostenían. La pretensión de sustentar la legitimidad de esos resultados terminó siendo como una servilleta Françoise Paviot: un objeto sofisticado y costoso, pero ridículamente frágil e inservible para limpiar los restos de la miseria que aún se exhibían en la boca de los actores políticos.
¿Y qué llevó a pensar que se podía incumplir la voluntad popular sin poner en peligro al país y trastocar la República?
Durante más de 20 años se creó un relato sobre la amenaza imperial y sus lacayos (petit yankee) y se fundó un discurso identitario basado supuestamente en la contradicción principal imperialismo-nación.
Pasado este tiempo y basado en las actuales experiencias, podríamos a llegar a ver esta idea la de la contradicción principal como una especie de conjuro: el recurso discursivo de la amenaza del enemigo externo como perfecta justificación política para usurpar la soberanía popular.
Sí, el 28 de julio de 2024 se decidió usurparla bajo la excusa del antiimperialismo. Para poder hacerlo, se requirió reprimir de manera sistemática a ese mismo pueblo que alguna vez fue el resguardo de la soberanía ante otras agresiones históricas.
De qué sirvió hostigar, encarcelar y forzar al venezolano para que desistiera de defender su decisión electoral, para que luego resultáramos avergonzados, cañoneados, con muertos, cediendo soberanía y recursos.
Ahora, los sucesos del 3-E ocurren por un chavismo confiado en su capacidad para negociar y gestionar el conflicto con EE.UU. El oficialismo hizo un cálculo muy estrecho y no creyó en la posibilidad de una operación de guerra contra el territorio y la figura del mandatario.
Lo cierto es que, mientras algunos sostienen que la estrategia de este “nuevo momento político” responde a un supuesto “pragmatismo chavista” orientado a preservar la paz, la convivencia democrática y la reconciliación nacional, y que se expresa en una forma de resistencia o resiliencia estratégica, estos conceptos terminan funcionando como eufemismos. Bajo tales formulaciones se busca presentar ante sus bases una relación de subordinación aceptada como si se tratara de una resistencia heroica, una maniobra de audacia táctica o una defensa intransigente de la paz constitucional.
hoy en día, la entidad que hasta hace poco representaba una amenaza a la supervivencia de la patria se ha convertido en el “socio estratégico” (otro eufemismo para disfrazar la situación de obediencia y tutelaje sobre todos los aspectos de la vida política y económica del país). Ante esto, la soberanía resulta aparentemente un estorbo legal, que no podemos permitirnos.
La soberanía popular es el último blindaje contra las agresiones externas: un gobierno apoyado por la gente es sólido y mucho más difícil de agredir. Perdido ese blindaje; disminuido el apoyo de la gente a sus gobernantes; crecido un repudio por la figura de la primera magistratura; llegado el momento de su secuestro (o extracción), el tejido social en su imaginario colectivo desmanteló la idea de soberanía por la idea negativa de una “resolución absoluta”.
En conclusión, el problema no era la Nación ni el Imperialismo; el asunto siempre fue quedarse en el poder por el poder en sí, diluyendo la identidad política, desdibujando los conceptos y torciendo las instituciones políticas. El oficialismo pudo realizar un mejor papel gestionando la derrota electoral y quizás evitar el fatídico 3-E. El costo de aquella decisión para sostener la falsa idea de paz ha sido, en definitiva, la pérdida de la República y la entrega de la patria misma.
